Los efectos de la desaceleración económica también empieza ya a impactar en la actividad de las empresas del sector público, que durante el último año incrementaron el periodo de pago a sus proveedores, síntoma de la menor salud financiera de las compañías que cada vez tardan más en liquidar sus deudas por bienes adquiridos o servicios contratados. Concretamente, según apunta el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3% más) pasando de 68 a 70 días de media, más del doble de tiempo de lo establecido en la ley (30 días).
Lo relevante está en el empeoramiento de este periodo de pago que han experimentado las empresas de la administración pública es que este pasado 2019 es el segundo año en el que crece la morosidad (en 2018 el plazo creció en 3 días desde los 65 de media registrados en 2017) tras una mejora constante de este ratio desde el año 2010, periodo posterior a la Gran Recesión de 2008 y en plena crisis de deuda corporativa.
Un elemento de alarma en la actual coyuntura económica, donde según las últimas Encuestas de Población Activa (EPA) se aprecia un fuerte incremento de la contratación pública en los últimos años, llegando a suponer cerca de un tercio de los nuevos puestos de trabajo generados desde mediados de 2018. Por ello, este retraso en el pago de sus deudas supone un peligro para las empresas contratadas que verán dilatarse el tiempo de cobro atacando así la viabilidad de estas compañías y su competitividad con el resto.
Síntomas de congestión empresarial
Sin embargo, a pesar de este empeoramiento de la morosidad en el sector público, los síntomas de fatiga del tejido productivo y de incertidumbre por la coyuntura internacional se aprecian en las cifras que arrojan a este respecto las compañías del sector privado.
En este sentido, la máxima muestra de la incertidumbre y de peligro para la viabilidad financiera de muchas pequeñas y medianas empresas está en el aumento de los impagos en el sector privado. Según el informe de la PMcM el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 3,1%, lo que significó un ligero aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a 2018.
En este sentido, Antoni Cañete, presidente del PMcM, apunta que ya "hay indicaciones del FMI de que hay un comportamiento sobre deuda empresaria que podría generar un boom. Estamos haciendo valoraciones de nuestras empresas respecto a su deuda que las están devaluando. Hay un 20% de deuda en riesgo de impago y se podría ir al 40%".
Además, a pesar de la leve mejoría en el pasado ejercicio, las empresas del sector privado pagaron de media sus deudas en un plazo de 73 días, una cifra inferior en 8 días a la estimación efectuada en 2018, lo que supone un descenso del 9,9%, si bien este periodo temporal todavía se encuentra lejos del máximo establecido por ley (60 días).
Más allá, para el 60% de proveedores, las empresas que más tardan en pagarles son grandes compañías (con una facturación superior a 50 millones de euros). Además, cuando a los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 35% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), mientras que el 46% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días), siendo solo el 19% de las grandes empresas las que pagan dentro del periodo legal.
Régimen sancionador
Ante estos datos, Cañete recuerda que la urgencia de que se ponga en marcha un régimen sancionador para las empresas morosas que salvaguarde los cobros de venta de bienes y servicios en tiempo y forma de manera que no atente contra la viabilidad financiera de las empresas y su competitividad ante la falta de liquidez por impagos.
"Confiamos en que en breve empiece a tramitarse, ya que hay compromiso por parte de algunos partidos. Con este sistema de multas se reducirá notablemente la morosidad, que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis", asegura Cañete. De hecho, en el informe de la PMcM, casi la totalidad de los encuestados (93%) manifiesta estar a favor de la implantación de un régimen sancionador.
