En línea con lo ya planeado por el Gobierno socialista, como trasladó el Ejecutivo en Consejo de Ministros el pasado febrero, en la Agenda del Cambio, el partido socialista, vencedor de las elecciones generales del 28-A, prevé implantar en España gradualmente una suerte de mochila austriaca en España, tal como figura en el programa de reformas oficial recientemente enviado a Bruselas. Según la Agenda del Cambio, se activaría gradualmente a partir del próximo ejercicio.
Básicamente, se trata de una propuesta defendida siempre por Ciudadanos que consiste en la generación de una cuenta individual para la jubilación que acompaña al trabajador a lo largo de toda su vida laboral independientemente de donde desempeñe sus funciones laborales y que se nutre fundamentalmente de las aportaciones de los empresarios, aunque su confección definitiva en nuestro país está aún por determinarse tras aglutinar los consensos suficientes buscados por el partido socialista.
Según diversos estudios, este mecanismo tiene la virtualidad de dinamizar el empleo y ayudar a desbloquear las rigideces del mercado laboral español, así como ese tipo de cálculos en los que sucede que un trabajador permanece en la empresa, aun querido dejarla, por no perder sus derechos adquiridos durante años.
Con la mochila austriaca se va constituyendo un fondo bajo la titularidad del trabajador durante toda su vida laboral, sea asalariado o autónomo y se cambie o no de empresa o territorio. El modelo acaba anulando de facto la indemnización por despido así como sus topes, ya que cada ahorrador recibirá el montante que tenga acumulado independientemente de si su separación del puesto de trabajo es o no voluntaria, además de ser compatible su percepción con el cobro de la prestación por desempleo.
Reduce el paro
La cuenta individual acumulada fue implantada en Austria en 2003 y ha logrado reducir la tasa de paro del país así como promover la movilidad funcional, geográfica y entre empresas.
El modelo busca que cada trabajador disponga de una cuenta a su nombre a la que el empresario aporta un porcentaje del salario bruto (en su país de origen, la aportación se fijó en el 1,53% de tal retribución) que podría rondar el 2% en nuestro país.
El montante acumulado en ese fondo brinda rendimientos en función del gestor que lo invierte garantizándose siempre por parte del Estado la recuperación del cien por cien del capital.
Implantación gradual
El plan de reformas enviado por España recoge en su agenda la "implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación", algo que prevé hacerse en el marco del Diálogo Social para recabar consensos y que se estudiará en el Structural Reform Support Programme, un instrumento de la UE para adaptar reformas en función de las peculiaridades de los países destinatarios.
Además, los expertos señalan esta figura como muy conveniente para España, dada la panoplia de modalidades de contratos laborales existente en nuestro país, que se verían reducidos, puesto que la implantación de la mochila tiende a eliminar la contratación temporal y más precaria al no existir un coste de oportunidad diferencial para el empresario ni para el trabajador entre el contrato de duración indefinida y el de duración determinada. Añaden las mismas fuentes que la medida elevaría la productividad y los salarios medios y, por tanto, el consumo privado. Eso sí, los economistas consultados por este diario recomiendan que, cuando se implante, se generalice para los nuevos contratos siendo voluntaria para los precedentes.
Tiene numerosas ventajas. Elimina la incertidumbre sobre los costes de la contratación, al acumularse en una cuenta externa los derechos del trabajador. Por otra parte, incentiva que no se prescinda de los trabajadores más eficaces para la empresa por una mera consideración de los costes de despido, ya que estos se han externalizado. Además, favorece el crecimiento personal y la movilidad voluntaria, al no establecer para el trabajador la restricción de pensar en renunciar a derechos adquiridos en el seno de la empresa. Todo ello, según los expertos, favorece la productividad de las empresas y flexibilizaría un mercado laboral, como el español, que es señalado continuamente por los organismos internacionales como muy rígido precisamente por perpetuar una nociva dualidad entre los derechos de los trabajadores indefinidos (más protegidos, independientemente de su rendimiento) y los temporales.
No obstante, el handicap del Gobierno es diseñar el mecanismo de forma que no se convierta en una mera facilidad para el despido. Por ello, los sindicatos mayoritarios cuestionan esta figura, a la espera de cómo finalmente se estipule su funcionamiento. Por otra lado, la crítica del lado patronal vendría del alza de los costes laborales, algo que no se torna en estos momentos como una traba, ya que la experiencia inmediata de la reciente subida de cotizaciones -derivada del efecto arrastre por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)- es que no se ha traducido ipso facto en una reducción del empleo ya que las empresas han asumido el sobrecoste en sus márgenes, según un reciente informe del Banco de España.
