Las miras de los agentes sociales están ya puestas sobre los elementos que deben dirigir la recuperación económica tras la abrupta crisis generada por la pandemia. Desde el colectivo de autónomos, uno de los más castigados por el frenazo de la economía durante los meses de confinamiento, han lanzado una propuesta para reactivar la actividad basada en una reforma fiscal que aumentaría en 80.000 millones de euros la recaudación del Estado.

La primera toma de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo evidenció esta semana la distancia existente entre el Gobierno y la patronal, principalmente, si bien los sindicatos también han enarbolado críticas al documento previo elaborado por el Ministerio de Trabajo. La CEOE tumbó de facto este pasado miércoles el anteproyecto de teletrabajo, criticando duramente el documento que tachan de "errático" y "alejado a la realidad" debido a la rigidez que se prevé en la norma sobre la imputación de costes para el empresario por los gastos repercutidos por el empleado a distancia durante el ejercicio profesional.

España es el país de la zona euro donde el clima de funcionamiento para las empresas restringe en mayor medida su potencial de crecimiento y productividad, según arroja el el Índice de Libertad Económica 2020 (ILE 2020) elaborado por la Fundación Heritage y editada para España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El informe presentado este jueves pone de relieve las mejoras que se deben acometer en nuestro país en los diferentes parámetros que miden la libertad económica, y en una de sus variables, la libertad de empresa, España sale especialmente mal parada en comparación con los resultados obtenidos por otros países del entorno comunitario, siendo el país con menor nivel de facilidades y peor clima en Europa para el crecimiento e impulso del tejido productivo, solo por delante de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Eslovaquia.

La primera ronda de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo ha llevado al traste los planes previos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La patronal tumbó el anteproyecto en el que se está trabajando de puertas del ministerio para adentro, entre otros motivos, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en el teletrabajo. De hecho, este parece será el caballo de batalla e una negociación que irremediablemente se prolongará más allá de verano. De entrada, en esta primera toma de contacto, hasta los propios sindicatos han criticado la uniteralidad del anteproyecto de ley abordado por el Ministerio de Trabajo. Así, tanto patronal como sindicatos han acordado enviar alegaciones al gabinete de Yolanda Díaz, que el posteriormente serán incluidas en una nueva redacción del documento, tumbando de facto el texto previo, ya que según el Ejecutivo se reformulará recogiendo las demandas de los agentes sociales."Tras la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, CEOE y Cepyme consideramos que el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el Ministerio de Trabajo a información pública se ha concebido al margen del diálogo social orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores sociales en la vida económica y social del país", lamentaba la patronal asegurando que el resultado es un texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores, que lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación. "A consecuencia de ello, es un enfoque que no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo", sentenciaban desde la CEOE tras la reunión.Lo que sí parece haberse despejado en esta primera toma de contacto es la empresa deberá atender a ciertos costes generados por el empleado a distancia, después de que la CEOE se haya ceñido al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las empresas. "Por lo tanto, no tendrían que poner mucha pega porque ellos han puesto en valor ese acuerdo y suponemos que han puesto en valor todo el acuerdo y no sólo de una parte", aseguró la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, al término de la reunión tripartita celebrada este miércoles. Si bien, cabe recordar que la norma no detalla el mecanismo con el que deberán cuantificarse esos gastos ni la forma de compensación sino que emplaza a fijarlo en el marco de la negociación colectiva.

Entre los años 2004 y 2017, solo el 6% de las empresas establecidas en nuestro país han sido responsables de la creación del 80% de los nuevos puestos de trabajo durante ese periodo. El dato, más allá de lo llamativo, pone de relieve las debilidades del mercado laboral español y de su tejido productivo: falta de liquidez para las empresas primerizas, obstáculos a la hora de dar el salto de pequeña a mediana empresa y una supervivencia limitada que dificulta el arraigo de estos nuevos empleos.