ECONOMÍA

A pesar de la paulatina recuperación de la actividad económica a medida que se levantan las restricciones impuestas durante la crisis sanitaria el golpe asestado por la pandemia para algunos sectores, de proporciones desmesuradas, amenaza con llevarse por delante una buena porción del tejido productivo en nuestro país. Sin duda, los sectores asociados al turismo, como los transportes, el comercio o la hostelería están siendo los más castigados en nuestro país. En este último el impacto se aprecia en el ritmo de la facturación, que según datos de la Cámara de Comercio se ha desplomado un 87% en los últimos meses del año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apresurado en los últimos meses a alejar la sombra de la sospecha sobre cualquier actuación en materia de pensiones descartando recortes a causa del impacto de la pandemia. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reiterado que las pagas de jubilación y demás pensiones del sistema serán revalorizadas con el IPC el próximo ejercicio, despejando los rumores de recortes en el Sistema para los próximos ejercicios. Ahora, si bien es cierto que el Ejecutivo mantiene esta constante, tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para el fondo de reconstrucción, las reglas que se impongan finalmente para el mantenimiento de las ayudas pueden poner en entredicho algunos aspectos concretos del sistema de pensiones español como es el aumento de las pagas con el IPC, el alargamiento del cómputo de vida laboral para el cálculo de las pagas o el endurecimiento en el acceso al retiro anticipado.

ECONOMÍA

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado un mensaje claro a la Administración en su informe sobre evaluación del gasto público donde advierte de la existencia de pozos de ineficacia en torno a exenciones, bonificaciones y desgravaciones tributarias, al menos por valor de 6.000 millones de euros. Es decir, según el organismo auditor un 20% de los incentivos fiscales que otorga el Estado y que han sido analizados en la presentación segunda fase del Spending Review.

FISCALIDAD

La evaluación de incentivos fiscales presentes en España ha arrojado una mala estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia de los tipos de IVA reducido y superreducido en nuestro país, ya que según el organismo auditor estos benefician principalmente a las rentas más altas y no logran el objetivo de facilitar el acceso a ciertos productos para las personas con menos ingresos. Por ello, insta al Ejecutivo a revisar este sistema y compensarlo para que no sea una fuente de incremento de la desigualdad. Concretamente, según la AIReF, los tipos superreducido y reducido tienen un impacto en 2016 en la recaudación de 5.323 millones de euros y 12.463 millones de euros respectivamente (casi 18.000 millones en su conjunto), de los que se benefician la práctica totalidad de los hogares, unos 17,5 millones. Así, pide un "revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos del IVA para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto, en relación con aquellos bienes gravados actualmente a tipos reducidos que consumen fundamentalmente las rentas altas", es decir, el progresivo aumento del tipo con la recuperación económica, si bien propone para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y evitar incrementar la desigualdad en la distribución de renta es necesario articular paralelamente medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a dichos bienes, así como planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos que se pretenden favorecer mediante el beneficio fiscal.

POLÍTICA FISCAL

La AIReF asestó este miércoles un golpe definitivo al modelo de planes de pensiones privados en nuestro país. A través de su estudio de evaluación de gasto en políticas públicas, y más concretamente en beneficios y exenciones fiscales, la Autoridad Fiscal asegura que los incentivos a estos planes de previsión social complementaria no cumple con el objetivo de generar ahorro a largo plazo para la jubilación con un coste para las arcas públicas de 1.643 millones de euros. "Es necesario reformular estos incentivos", recalcaba la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, durante la presentación de Spending Review 2019/2020 sobre beneficios fiscales. De hecho, reclamó que sea el seno del Pacto de Toledo el seno que decida qué actuaciones llevar a cabo con el incentivo a estos planes, ya que es parte de las recomendaciones que deberá de realizar para la reforma del sistema de pensiones. Es más, desde AIReF ni siquiera se estima la necesidad de que sean eliminados, pero sí revisados.

ECONOMÍA

El Congreso de los Diputados estudiará este martes la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que sobrepasen los plazos de pago de sus deudas con multas de hasta 1 millón de euros. La propuesta saldrá a la palestra en la validación o rechazo de las enmiendas al acuerdo adoptado en la Comisión de Reconstrucción enarbolada por los partidos del arco parlamentario para adoptar medidas de cara a la recuperación tras la pandemia.

ECONOMÍA

La tormenta perfecta arrecia sobre el tejido productivo español amenazando la supervivencia de cientos de miles de empresas a causa del impacto de la pandemia. Y uno de los problemas que ya se están detectando está en la fuga de la liquidez que precisan las compañías para mantener su actividad y sus negocios en plena crisis, y mantener el tamaño de las plantillas, a tenor del desplome observado en el tanto en el comercio exterior, donde se espera un desplome de las exportaciones para este año del 18%, como en el nacional , socavado en este caso por la caída del consumo prevista para este año del 13%.

ECONOMÍA

Las pymes españolas están en la primera línea de fuego de la crisis económica que ha provocado la pandemia. Los pequeños y medianos negocios son los que más han sufrido el parón de la actividad impuesto durante los meses de confinamiento pero también son los que más dificultad están teniendo para relanzar su comercios con la nueva normalidad ante la fuerte erosión de la demanda y del consumo de los hogares. Esta doble circunstancia está acechando la supervivencia de esos comercios a pie de calle con 153.000 negocios de proximidad no superarán la crisis, de modo que el 20% de los pequeños comerciantes desaparecerán antes de acabar el año.

ECONOMÍA

El paso de las semanas, la paulatina reactivación de la actividad y la llegada de la nueva normalidad, lejos de apremiar la recuperación, parecen estar situando a nuestro país ante la verdadera envergadura de la crisis económica que se avecina. Así lo advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el el Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y regla de gasto 2020 publicado este jueves donde se han empeorado las previsiones lanzadas hace escaso mes y medio en la evaluación del Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno. Así, para este año se prevé una caída del PIB de entre el 10,1% y el 12,4% en función de la duración de la epidemia y de un posible rebrote, con una caída del empleo equivalente a tiempo completo de entre el 10,7% y el 12,8% y un déficit público que podría alcanzar el 14,4%.Concretamente, en materia presupuestaria, la AIReF estima un déficit público para 2020 del 11,9%, que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso. Respecto al informe anterior, la AIReF ha incrementado su estimación de déficit en 1% en el escenario uno por las nuevas medidas aprobadas, y, en menor cuantía, por la revisión de las previsiones macroeconómicas. En el escenario más adverso, la revisión ha sido menor, 0,6% del PIB, y se debe esencialmente a las nuevas medidas.

ECONOMÍA

La evolución desbocada del gasto público que asume el Estado en la financiación de los Erte sitúa la medida del ingente esfuerzo que está realizando la Administración y la dificultad de prolongar estos esquemas de protección de empleo durante el último trimestre de este año, más aún en la actual situación de desplome de la recaudación tributaria y escasez de recursos. De momento, hasta finales del mes de septiembre la factura ascenderá hasta los 42.000 millones de euros entre las exenciones con cargo a la Seguridad Social y la prestaciones con cargo al Sepe, lo que es equivalente a 3,5 puntos de PIB.