El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico en el que se incluyen dos créditos, por un importe global de 30.502 millones de euros, para afrontar la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los mayores gastos en prestaciones, las exenciones de cuotas y menores cotizaciones, así como para hacer frente al pago del mayor número de prestaciones por desempleo derivadas de la crisis sanitaria.

La inversión es incertidumbre. Es una de las máximas que hay que tener grabadas a fuego cuando decidimos introducimos en el mundo de los mercados. Nadie, ni el experto más reputado, puede adivinar cómo se van a comportar las bolsas o qué valores van a experimentar mayores subidas en los próximos meses. Sí que existen indicadores de tendencia que pueden dar ciertas pistas, pero siempre tomadas con prudencia y desde la certeza de que todo puede cambiar de un día para otro.

Una de las consecuencias directas de la aprobación del ingreso mínimo vital que tendrá lugar esta semana es el ahorro que supondrá para los servicios sociales de las comunidades autónomas en ayudas de carácter asistencial y subsidiario similares que ahora se solaparían con la nueva prestación de ámbito nacional y que será abonada directamente por la Seguridad Social. En suma, 1.500 millones de euros que actualmente los gobiernos autonómicos destinan cada año en esta red de ayuda final para las personas y hogares sin ingresos, vulnerables y en exclusión social.

El Director de Previsión Social en Mercer España, Miguel Ángel Menéndez, es una de las voces más autorizadas en nuestro país a la hora de abordar la cuestión de la implantación de modelos de previsión social complementaria en las empresas, de éxito probado en otros países del entorno comunitario y del resto del mundo. En pleno estallido de la crisis económica que ya sucede a la crisis sanitaria desatada por la pandemia del covid-19 son muchas las cuestiones que surgen sobre el impacto que puede tener esta disrupción en el sector de los planes de pensiones, tanto del ámbito individual como del colectivo, condicionado por la situación de las empresas. Todos los expertos auguran un cambio de tendencia entre los ahorradores y advierten de las consecuencias que pude implicar para el sector ante la pérdida de recursos que puede provocar el desequilibrio generado en la economía en general y más especialmente en el mercado de trabajo de nuestro país, que ya contabiliza más de siete millones de personas que han sido expulsadas de algún modo durante los últimos dos meses y medio, desde el inicio del confinamiento.