El ingreso mínimo vital que aprueba hoy el Gobierno en Consejo de Ministros extraordinario tendrá una especial incidencia en los hogares monoparentales. Así lo reconoció ayer el propio autor de la medida, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en una entrevista radiofónica en la que afirmó que 100.000 hogares de los 850.000 a los que se espera cubrir con la prestación pertenecen a esta categoría, es decir, el 12% del total de beneficiarios.
"Existirá una diferenciación extraordinaria en función del tipo de hogar. Va a haber 12 tipos de hogares distintos que van a tener umbrales diferentes de renta que se les va a cubrir, con un foco particular en los hogares monoparentales porque lo hemos estudiado y se ha observado que hay una vulnerabilidad especial. Hay un plus adicional en la renta que se va a garantizar", explicaba el ministro Escrivá.
Concretamente, se refiere el ministro a que estos hogares es probable que sean en donde más volumen de renta se deberá completar para alcanzar el ingreso mínimo establecido como digno para afrontar las necesidades básicas del día a día. Punto en el que cabe recordar uno de los pilares la prestación: se trata de un instrumento que complementa rentas hasta alcanzar un mínimo por lo que se puede estar percibiendo una nómina baja o una pequeña ayuda pública y estar en condiciones de acceso a la prestación. Aquí, en el caso de los hogares monoparentales, se dan las condiciones para que estos ingresos previos sean inferiores que en otros modelos de familiar por lo que se estima que los esfuerzos serían mayores a la hora de fijar cuantías.
Finales de junio
"Estamos trabajando intentando definir bien los hogares que son beneficiarios para, desde los primeros días de junio, que haya un porcentaje significativo que pueda recibir la prestación sin tener que pedirla, para después hacer una declaración responsable y contrastar la información", aseguraba el ministro en la entrevista en referencia a las concesiones, que no el cobro de la ayuda que retrasa para finales de este próximo mes junio.
El titular de Inclusión hizo hincapié también en otro de los objetivos del ingreso mínimo vital que se aprueba este viernes y es que sea una prestación dinámica para lo que se han diseñado instrumentos como "itinerarios de inclusión, incentivos para ampliar el número de horas de trabajo o alcanzar un trabajo" con el fin de que la renta no sea disuasoria de continuar buscando un empleo.
"Hemos hablado con empresarios y tercer sector porque este es un elemento que había que diseñar muy bien, como está muy bien diseñado en países nórdicos, donde tienen prestaciones más generosas y no se desincentiva la búsqueda de trabajo", expuso Escrivá.
Según el ministro, el Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo que provocará un "salto de deuda el próximo año, que no obstante aventura se irá modulando a medida que el PIB vaya recuperando su nivel.
País Vasco y Navarra
Además, Escrivá se refirió al acuerdo alcanzado con el PNV para la gestión del ingreso mínimo vital en el País Vasco y Navarra y que según el ministro estaba previsto desde el principio.
"Hay que entender que estamos en periodo preelectoral y todo el mundo intenta vender cualquier cosa, pero desde el principio lo teníamos así definido", indicaba Escrivá en alusión al acuerdo presentado esta semana por el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban.
Según las explicaciones del titular de Inclusión, este acuerdo hay que enmarcarlo en la "singularidad foral que hace que tengan un tratamiento distinto en la gestión" y recuerda que los territorios forales gestionan ya algunas prestaciones de la Seguridad Social como las pensiones no contributivas. "Desde el principio nos dimos cuenta que en el País Vasco y Navarra requerían un tratamiento diferenciado sin necesidad de que lo pidieran", apuntó asegurando que lo importante es que el ingreso mínimo vital "tendrá una condiciones absolutamente comunes" para todos las comunidades autónomas. "Es un mínimo, con una definición de rentas, no hay discriminación", añadió.
De este modo, la única diferencia, según explicó Escrivá, es que "el País Vasco y Navarra tienen sus propios impuestos, los test los tienen que hacer ellos, hay que hacer una definición específica y se está trabajando con ellos".
