El ingreso mínimo vital que será previsiblemente aprobado este viernes por el Consejo de Ministros será compatible con ayudas que las familias vulnerables ya reciben en sus respectivas comunidades autónomas. Esto podría suponer escenarios en los que un hogar pudiera verse beneficiado con hasta 2.000 euros mensuales en la suma de prestaciones. El ministro de Seguridad Social ha aclarado que serán las CCAA las que decidan el tope máximo a cobrar, debido que las diferencias son considerables en los subsidios entre unas y otras.
"Vamos a establecer un mínimo nacional y las CCAA complementarán allí donde no lleguemos. El umbral podría ser superior en las comunidades autónomas al nacional, si así lo establecen. Tendrán que decidir ellas", ha incidido el ministro albaceteño en una entrevista en Onda Cero.
Las diferencias son abismales entre los territorios. País Vasco y Navarra son las comunidades más generosas con los hogares en situación de fragilidad económica y social, con rentas mínimas que superan los 700 euros y que pueden alcanzar los 1.200 según el número de miembros integrados en la familia. Sin embargo, la Comunidad Valenciana, Murcia o Ceuta no llegan a los 400 euros de prestación para los hogares vulnerables.
Énfasis en los hogares monoparentales
El ministro ha enfatizado el trabajo de cruce de datos y de identificación de los hogares españoles que se encuentran en una situación más vulnerable, y que podrán recibir esta ayuda desde el próximo mes. En casi 100.000 casos, el ingreso mínimo vital llegará a estas familias sin que lo soliciten siquiera.
Aunque el objetivo es llegar a 850.000 hogares -se han identificado hasta 12 categorías de familias con umbrales distintos de renta-, el ministro ha puesto especial interés en la mayor fragilidad que sufren los hogares monoparentales. Alrededor de 100.000 se encuentran en esta categoría y estarán dotados de una mayor cantidad económica.
Escrivá ha considerado positivo que, a través de esta renta vital, hogares que se encontraban en el limbo fiscal pasarán a la "formalización", ya que tendrán que hacer la declaración de la renta.
Por otra parte, el efecto desincentivador sobre la búsqueda de empleo o la mejora del mismo ha planeado como una de las mayores preocupaciones que suscitaba el ingreso mínimo vital. Sin embargo, el ministro José Luis Escrivá ha aclarado que esta renta irá acompañada de componentes dirigidos a reforzar la inserción laboral o a lograr mejoras en el trabajo de los adultos de los hogares beneficiarios.
"Se trata de transicionar a una situación mejor en la sociedad. El ingreso mínimo vital está acompañado de incentivos a ampliar horas de trabajo, a la inserción laboral o a conseguir un trabajo, entre otras cosas", ha explicado. Escrivá ha rechazado la idea de que la desincentivación a la búsqueda de empleo por parte de los beneficiarios de esta prestación permanente pueda ser uno de sus daños colaterales, y ha puesto de ejemplo el funcionamiento en los países nórdicos: "Teníamos claro que este es un elemento que había que diseñar muy bien, como en algunos países nórdicos, donde es un prestación de mayor cuantía y, pese a esto, no se producen desincentivos al trabajo".
Aumento de deuda
José Luis Escrivá ha confirmado que los 3.000 millones de euros que serán necesarios para poner en marcha el ingreso mínimo vital se financiarán desde los Presupuestos Generales del Estado, que continúan congelados desde los últimos diseñados por Cristóbal Montoro.
Estos créditos extraordinarios que serán imprescindibles para articular el ingreso mínimo vital supondrán, inevitablemente, un aumento de la deuda, que el ministro presenta como un factor temporal asociado a las acciones coyuntarles por la crisis del coronavirus. "Tomándonos más tiempo de ajuste, no debería cambiar el tono ni la orientación de la política fiscal que teníamos antes de esta crisis. La deuda irá mejorando conforme el PIB retome sus niveles normales", ha asegurado el titular del Ministerio de Seguridad Social.
