Pagar la nómina de pensiones se ha convertido este año en un ejercicio de equilibrismo que permita mantener los mínimos soportes que aún sostienen las maltrechas finanzas de la Seguridad Social, que además en 2020 tendrá que hacer frente al pago de las ayudas aprobadas durante estas semanas de confinamiento para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en la economía del país. La AIReF sitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encarga de las cotizaciones de desempleados. De este modo, el Gobierno se verá empujado a pedir ayuda a la Unión Europea para poder pagar las pensiones en los próximos meses y en 2021. El desbordamiento del déficit de la Seguridad Social en torno a los 60.000 millones de euros y la caída de las cotizaciones hace que la capacidad financiera del Sistema sea nula sin contribuciones del exterior. Unas inyecciones extra que, tras los dos préstamos concedidos por el Estado con este motivo supone una acumulación de deuda de la Seguridad Social de 99.350 millones de euros.

La pandemia de coronavirus ha descuartizado todas las proyecciones económicas de los países occidentales para este año y asestado un severo golpe a los mercados de trabajo que ha terminado por instalar una crisis económica de proporciones desconocidas y con una evolución incierta, si bien la mayoría de organismos de estudio macroeconómicos internacionales apuntan a que nuestro país no recuperaría el nivel del PIB previo a la crisis sanitaria hasta el 2023. En España, precisamente, este shock económico ha impactado con especial dureza en el mercado laboral ya que entre las personas que han perdido su empleo durante los últimos dos meses y aquellos trabajadores que se han visto afectados por un ERTE, además de los autónomos que han cesado actividad se contabilizan hasta 7,4 millones de personas que han sido expulsadas de alguna manera del mercado laboral a causa de la pandemia del Covid-19.

Ciertamente, son pocas las diferencias que existe entre el modelo de ingreso mínimo vital que aprobará el Gobierno durante esta semana y el que ya se encuentra vigente en el muchos de los países del entorno comunitario desde hace más de una década en muchos casos. Sin embargo, una de las cuestiones en las que difieren estos diseños es la periodo exigido de residencia en el país para poder acceder a la ayuda. Aquí, si los detalles que se han ido avanzando sobre la ayuda se sustancian finalmente, España será uno de los países más laxos del entorno comunitario a la hora de conceder el ingreso mínimo a aquellas personas que lleguen próximamente a nuestro país. Concretamene, según los detalles concretados el solicitante de la prestación debe residir en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, mientras que las estancias en el extranjero no pueden haber superado los 90 días -si no tiene menores a cargo, debe haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud de la ayuda. "Un porcentaje significativo de beneficiarios serán de origen extranjero, siempre que se constate que tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplan las condiciones", explicaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista publicada por El Periódico.

La censura tanto de sindicatos como patronal al acuerdo de derogación "total" de la reforma laboral del PP alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu tiene un explicación simple en los datos de creación de empleo en nuestro país en los últimos años. Así acudiendo a los datos de acceso público de la Seguridad Social se observa como desde la aprobación de la reforma laboral del PP en marzo de 2012 hasta la salida forzosa del Ejecutivo de Mariano Rajoy en mayo de 2018 el saldo de creación de empleo en nuestro país fue de 1.947.184 empleos recuperados tras la devastación de la crisis de 2008. Ahora, en los dos años que cumple este mes con Pedro Sánchez al frente del Gobierno el saldo arroja una caída de 436.581 afiliados menos a la Seguridad Social (pasando de 18.832.943 trabajadores de finales de mayo de 2018 a los 18.396.362 ocupados registrados al cierre de abril de 2020).