En una orden ministerial emitida por la Seguridad Social se aclara que aquellos autónomos afectados por la pandemia del coronavirus y que se hayan visto obligados a cerrar su negocio durante los meses más duros de la crisis sanitaria pero que decidan reabrir durante este mes de mayo pueden compatibilizar el cobro de la prestación con los ingresos propios de su actividad económica, que es el límite de duración por el momento previsto para el estado de alarma.

La Seguridad Social comenzó a devolver este jueves la parte de la cuota cobrada a los trabajadores autónomos correspondiente al periodo transcurrido entre los días 13 y 31 de marzo. Era uno de los compromisos que el ministro José Luis Escrivá adoptó con el colectivo y ya se está haciendo efectivo el ingreso de estas cuantías a los empleados por cuenta ajena.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha fijado el coste para las arcas del Estado del ingreso mínimo vital anunciado para el mes de mayo y que se comenzará a cobrar en junio en 3.000 millones de euros anuales. Esta cifra, supone una rebaja del gasto previsto en esta partida por todos los agentes sociales que han propuesto un modelo de renta mínima durante los últimos años, llegando a abaratar en un 70% la propuesta que piden los sindicatos, y que está en sintonía con el modelo elaborado por la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un proyecto que precisamente fue capitaneado por Escrivá cuando presidía el organismo auditor.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desbarata las previsiones tributarias del Gobierno presentadas la pasada semana en el Plan de Estabilidad Presupuestaria enviado a Bruselas, en el que se recoge el impacto de la pandemia del coronavirus. Concretamente, el organismo auditor eleva las estimaciones del déficit público que el Ejecutivo sitúa en el 10,3% hasta el 10,9% y el 13,8% en el peor de los escenarios, en el cual la actividad económica no se recuperaría hasta finales de año. En ambos casos, el organismo auditor eleva la previsión de necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas. En el primero de los casos el déficit sería de 7.200 millones por encima de las estimaciones del Gobierno, mientras que en el peor de lo escenarios este desfase presupuestario sería 42.000 millones de euros superior al dibujado en el Plan de Estabilidad Presupuestaria.