El ministro descarta el acceso a la ayuda para los 'okupas' que se empadronen
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, descartó este martes que los okupas puedan acceder al futuro ingreso mínimo vital si se empadronan tal y como ha trascendido en los medios durante las últimas horas. Y, más allá, acerca de la ayuda estrella de su misterio y que le ha costado una batalla interna con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró Escrivá que la ayuda se aprobará en la segunda mitad de mes de mayo, si bien no quiso precisar si en la segunda o la tercera semana, y que el coste final de la prestación será de unos 3.000 millones de euros que correrán a cargo de la Seguridad Social y que comenzará a percibirse a partir de junio.
Tras conocerse las dramáticas cifras de paro y afiliación correspondientes al mes de abril, la reacción de los empresarios y sindicatos es de pesar por una tendencia que constata la sangría que está suponiendo el impacto de la pandemia de coronavirus en el mercado laboral español, con 950.000 empleos menos y casi 600.000 parados más desde el 12 de marzo. "La recuperación de la economía mundial que se esperaba para 2020 se está viendo truncada por la magnitud y la extensión de la crisis sanitaria del COVID-19. Sus consecuencias en España son ya evidentes, con un impacto extraordinariamente elevado en la actividad empresarial, obligada a cesar por decisiones gubernamentales derivadas de la necesaria contención de la pandemia lo que, en el mes de abril, se traduce en un incremento de la cifra de desempleo de casi 283.000 personas, un 7,97% más, situando el desempleo en 3.831.203 personas afectadas", apuntan desde la CEOE sobre el cuadro que presenta el mercado laboral en abril.
Continúa el viacrucis para el empleo en España, castigado con severidad por el impacto económico de la pandemia y que actualmente es una sangría de incremento de paro y destrucción de puestos de trabajo. Esta es la conclusión que se desprende de los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de Trabajo que arrojan un incremento de los parados en el mes de abril de 282.891 personas respecto al mes anterior, un 8% más, situando la cifra total de demandantes de empleo en los 3.831.203 de personas; y una caída de afiliación de casi 50.000 cotizantes en comparación con el mes anterior, que si se analiza el efecto de la pandemia del coronavirus desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, hasta finales de abril, la pérdida de afiliados al sistema alcanza los 947.896 ocupados.
No habrá recortes de gasto en la estructura de la administración del Estado, el gabinete del Consejo de Ministros no verá reducido su tamaño, tampoco se tocará el sueldo de los funcionarios -que vieron incrementado este año su remuneración por encima de la inflación-, ni se prevén ajustes de ningún tipo en el gasto público en el plan de reconstrucción económica del país por la crisis del coronavirus, según los datos arrojados por el nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria presentado hace unos días. Sin embargo, la factura fiscal de la crisis y de las partidas de gasto previstas por el Ejecutivo de coalición para este primer año de legislatura asciende ya a 150.000 millones de euros, lo que supone un 12,5% del PIB anual de nuestro país.
El Gobierno mantiene la idea de subir los impuestos próximamente, pese a los nefastos datos económicos presentados en el Plan de Estabilidad Presupuestaria que augura un desplome histórico de la economía española para este año por el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Durante la comparecencia para presentar el nuevo cuadro macro revisado que ya ha sido enviado a Bruselas, si bien la ministra de Hacienda, Maria Jesús Monetero, enfrió la posibilidad de introducir un impuesto ex profeso por causas de la pandemia de manera urgente para las rentas más altas y las grandes empresas -como había sugerido en días anteriores el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias- sí que insitió en la hoja de ruta fiscal que ya había fijado el Ejecutivo para este año: la tasa Google, los impuestos verdes y el gravamen a las transacciones financieras.
La incertidumbre ha sido el sentir que ha dejado el cuadro de previsiones económicas anunciado este viernes por el Gobierno entre los empresarios y expertos en la materia ya que tildan las previsiones de "voluntaristas" y advierten de que como la desescalada no resulte exitosa y se prolonguen las restricciones de confinamiento, la tendencia puede dar al traste con las ya nefastas previsiones económicas, y empeorarlas.
La pandemia del coronavirus ha golpeado con severidad en la mayoría de los sectores productivos de nuestro país y el resto del mundo, y el de la previsión social complementaria no es la excepción. Muchas son las cuestiones que surgen sobre cuál será el impacto de la crisis sanitaria, ya mutada en una recesión económica sin precedentes, en el negocio a medio plazo y si bien la mayoría de expertos reconoce que afectará de forma negativa en la actividad de gestoras y aseguradoras, abonada por una reducción de las rentas que dificultará la planificación a largo plazo, uno de los puntos que más preocupa sobre las cifras del negocio es la amenaza sobre los planes de pensiones de empresa, es decir, el ahorro colectivo.