El Gobierno mantiene la idea de subir los impuestos próximamente, pese a los nefastos datos económicos presentados en el Plan de Estabilidad Presupuestaria que augura un desplome histórico de la economía española para este año por el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Durante la comparecencia para presentar el nuevo cuadro macro revisado que ya ha sido enviado a Bruselas, si bien la ministra de Hacienda, Maria Jesús Monetero, enfrió la posibilidad de introducir un impuesto ex profeso por causas de la pandemia de manera urgente para las rentas más altas y las grandes empresas -como había sugerido en días anteriores el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias- sí que insitió en la hoja de ruta fiscal que ya había fijado el Ejecutivo para este año: la tasa Google, los impuestos verdes y el gravamen a las transacciones financieras.
"No se plantea ni una bajada ni una subida masiva de impuestos, sino dar trámite con celeridad a las figuras fiscales que se encuentran en el Congreso, así como la Ley de lucha contra el fraude fiscal, que está a punto de entrar su tramitación", confirmaba Montero, asegurando que las tasas Google y Tobin podrían entrar en vigor en el último cuatrimestre del año, aunque "ya no de-pende del Gobierno", sino de las enmiendas y la tramitación de los grupos políticos en el Congreso. "Es más previsible que vea la luz antes el impuesto a los servicios digitales, ya que el relativo a las transacciones financieras conlleva algo más de complejidad, aunque ha asegurado que igualmente el Gobierno tiene el dispositivo preparado para que se pueda implementar a la mayor brevedad posible".
Desplome de los indicadores
En este sentido, el Gobierno prevé que el déficit público alcance el 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012, cuando alcanzó el 10,7%, como consecuencia del impacto de la crisis del COVID-19, con una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones respecto al año pasado y un aumento del gasto público del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta el 51,5% del PIB.
Además, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que la irrupción del COVID-19 ha modificado "totalmente" el escenario previsto, con una estimación de una caída del PIB del 9,2% este año, y ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a las familias y dotar de liquidez a las empresas y autónomos, lo que ha elevado la previsión de déficit público y de deuda pública para el ejercicio actual.
Este aumento del déficit se debe a una previsión de la caída de los ingresos de 25.711 millones de euros, un 5,3% menos respecto al año pasado, hasta los 461.043 millones de euros, lo que equivale al 41,2% del PIB, 2,1 puntos más que el año pasado debido a la mayor contracción del PIB.
Además, Montero explicó que las medidas para paliar el impacto del COVID-19 supondrán un incremento "importante", "temporal y necesario" del 10,5% del gasto público, con 54.765 millones de euros más que el año pasado, hasta los 576.714 millones de euros, lo que supone el 51,5% del PIB, lo que supone 9,6 puntos porcentuales más que el año pasado.
En este sentido, Montero ha cifrado el impacto de las medidas para paliar la pandemia en 138.923 millones de euros, derivado de los 104.400 millones de las medidas de liquidez, con un aumento de gasto de 28.403 millones y una minoración de ingresos de 6.120 millones. Las Comunidades Autónomas, por su lado, recibirán 115.000 millones, un 7,3% más, con un gasto adicional añadido de unos 11.000 millones.
Caídas de recaudación
En cuanto a los ingresos, Montero resaltó que a pesar de la caída del 5% de los ingresos se ha entrado en 2020 con una protección de las rentas, especialmente de los asalariados públicos por las medidas implementadas por el Gobierno, como la flexibilidad en los ERTE o la prestación para los autónomos, con un "alto coste económico" pero manteniendo las rentas.
Este mantenimiento de las rentas y la previsión de una mejora de consumo en la segunda parte del año, con la apertura paulatina de la actividad, explican que la estimación de la caída de ingresos (-5,2%) sea inferior a la del PIB (-9,2%). La estimación de impuestos percibidos por las administraciones en términos de Contabilidad Nacional para este año asciende a 263.443 millones, un 5% menos que 2019.
En detalle, el Ejecutivo prevé una caída de la recaudación del 2,4% en el IRPF, hasta 96.655 millones; del 8,7% en Sociedades, el mayor descenso entre las grandes figuras tributarias, hasta 23.592 millones; del 5,2% en el IVA, hasta 76.731 millones; del 6,4% en Impuestos Especiales, hasta 21.672 millones; del 37,9% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 5,75% en los ingresos por cotizaciones sociales. En cambio, espera un alza del 1,4% sobre los Impuestos sobre la producción, frente al 1,9% del año pasado, por el incremento del 2% del IBI, hasta 17.732 millones.
Pese a estas previsiones, Montero destacó el "compromiso" del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas queda de manifiesto con los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del COVID-19, ya que España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implica cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE.
Asimismo, subraya que el "esfuerzo" de consolidación en el caso de la Administración Central y la Seguridad Social, que en conjunto lograron reducir su déficit un 3,2%, si bien el déficit público aumentó hasta el 2,82% del PIB por el mayor déficit de las CCAA y el menor superávit de los ayuntamientos.
Una deuda sin precedentes
En paralelo al aumento del déficit, el Programa Presupuestario prevé un incremento de la ratio de deuda pública desde el 95,5% del PIB registrado en 2019 hasta el 115,5% este año, debido a la "velocidad y profundidad inédita" de las medidas de gasto para ayudar a proteger a las familias y reactivar la economía, según Montero.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos explicó que el Tesoro está abordando las necesidades de financiación mediante emisiones, algunas sindicadas con una "recepción extraordinaria" ante la cifra récord de una demanda de 96.000 millones, y con costes de financiación "relativamente reducidos" y "alineados" con los de la primera parte del año pasado, pudiendo financiarse "en condiciones muy beneficiosas en los mercados".
Con estos datos, el Ejecutivo considera que dado que las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un "fuerte incremento del PIB" que permitirá volver a la senda de reducción del déficit y la deuda pública, así como "cumplir con los compromisos adquiridos a nivel comunitario", según el Programa Presupuestario.
Sin recorte a funcionarios
Durante la presentación, Montero también quiso aclarar que "no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público", como una posible bajada del salario de los empleados públicos, y ha descartado que se vaya a aprobar "ni subidas masivas de impuestos ni bajadas masivas" como consecuencia del déficit y la deuda prevista por la crisis del COVID-19.
"No está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público", ha afirmado Montero, quien ha explicado que el Gobierno quiere estimular el consumo y la demanda interna cuando la movilidad pueda estar en su fase de "capacidad absoluta" y los comercios puedan abrir, junto a la actividad productiva.
Por otro lado, y preguntada por elEconomista acerca de si está de acuerdo con la opinión sindical sobre la posibilidad de nacionalizar empresas, Calviño afirmó que "no ve productivo" enzarzarse en un debate ideológico de esta naturaleza, porque el Gobierno ya está dando una respuesta "eficaz" a los problemas de las empresas. "Desde el primer momento hemos optado por medidas de liquidez ambiciosas", subrayó recordando las ayudas y las líneas de financiación previstas para mantener el flujo de capital entre las compañías.
Aval de la AIReF
Con estos mimbres, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala como "razonable" la revisión de las previsiones macroeconómicas que acompaña a la actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021 enviada a Bruselas, si bien no descarta "escenarios más adversos" respecto a "la intensidad de la recuperación" de la crisis provocada por la expansión de la enfermedad COVID-19. Este aval, subraya, se realiza bajo los supuestos de que se cumplen las hipótesis realizadas por el Gobierno respecto a la evolución de la pandemia y de que las medidas de política económica consideradas en el cuadro macroeconómico son las aprobadas hasta este momento.
Sin embargo, destaca que "no ha recibido suficiente detalle sobre el impacto macroeconómico y presupuestario de las medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis", pues asegura no haber recibido ni "el escenario fiscal ni el detalle de la valoración de las medidas aprobadas y su traslación al cuadro macroeconómico". "Este hecho, por un lado, dificulta la valoración de la consistencia de los cuadros macroeconómicos inercial y con medidas, y, por otro lado, impide evaluar la coherencia entre el escenario macro y fiscal", advierte la AIReF.
