No habrá recortes de gasto en la estructura de la administración del Estado, el gabinete del Consejo de Ministros no verá reducido su tamaño, tampoco se tocará el sueldo de los funcionarios -que vieron incrementado este año su remuneración por encima de la inflación-, ni se prevén ajustes de ningún tipo en el gasto público en el plan de reconstrucción económica del país por la crisis del coronavirus, según los datos arrojados por el nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria presentado hace unos días. Sin embargo, la factura fiscal de la crisis y de las partidas de gasto previstas por el Ejecutivo de coalición para este primer año de legislatura asciende ya a 150.000 millones de euros, lo que supone un 12,5% del PIB anual de nuestro país.
Precisamente, en esta ausencia de recortes se encuentra la insistencia del Gobierno de Pedro Sánchez en conseguir financiación precedente de la Unión Europea a través del acceso de los créditos del MEDE, lo que podría aligerar la carga hercúlea de gasto público que afronta el Estado y aligerar el déficit de final de año, que se prevé al menos en el déficit público alcance el 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012. Solo las medidas adoptadas por los diferentes ministerios para mitigar el impacto económico de la pandemia alcanza los 139.000 millones de euros.
Sigue la vía del gasto
El Ejecutivo de Sánchez mantiene sus líneas de gasto pese a la situación económica provocada por la crisis del coronavirus. Los pagos sobrevenidos que tiene que afrontar el Gobierno debido a las consecuencias económicas del virus alcanzan los 28.400 millones en ayudas sanitarias, económicas, sociales y laborales. Además, hay que sumar los 6.120 millones en reducción de ingresos por bonificaciones en estas materias, los 104.400 millones en avales y garantías financieras o los 634 millones en transferencias a Comunidades Autónomas. Si se añaden los 300 millones gastados en transferencias a las corporaciones locales y los 872 millones en garantías financieras para CCAA, sale en total un gasto inesperado de esos 139.000 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno sostiene todas sus medidas de gasto público, pese a la escalada de los gastos de los últimos meses provocada por la crisis del coronavirus. La subida salarial del 2% de los funcionarios tendrá un coste de 3.264 millones de euros en 2020, según se recoge en el Plan Presupuestario 2020 enviado por el Gobierno a Bruselas. "Son medidas de gasto sobre las que existe un consenso generalizado entre las principales fuerzas políticas y que se llevarán a cabo en cualquier escenario", apuntaba entonces Moncloa.
Del mismo modo, se suman a la partida de gastos para la administración como cada ejercicio la losa del coste de las pensiones, que este supone un desembolso extra de 1.750 millones de euros tras el incremento del 0,9% -en base al IPC previsto- para todas las pagas aprobado en el mes de febrero, y que engorda una nómina anual que se supondrá este año 10,7 puntos porcentuales del PIB, unos 135.000 millones de euros.
Por último también habría que agregar al gasto público comprometido para este año el coste de la aprobación del polémico ingreso mínimo vital, prevista para la segunda mitad del mes de mayo. Una medida que supondrá de entrada cargar a la Seguridad Social con una nueva partida estimada en 5.500 millones de euros, medio punto del PIB, y que obligará este año a la Seguridad Social a precisar de dos préstamos del Estado para afrontar sus pagos -ya el pasado ejercicio registró un déficit de 17.000 millones de euros pese al incremento de las cotizaciones-.
Más personal
Por otra parte, el gasto en personal de la Administración también se eleva y alcanza los 142.000 millones. 6,09% de incremento por aumento del 2,3% en los suelos públicos más equiparación de policía y Guardia Civil a policía autonómicas.
La composición del Gobierno, con un total de 22 ministerios no supone un gasto significativo, aunque entre cargos públicos y asesores puede suponer varios cientos de millones de euros. Sin embargo, para muchos expertos en gestión pública esta decisión de Pedro Sánchez es un "indicativo del desprecio por el empleo eficaz de los recursos públicos y un mal ejemplo tanto de cara a los propios ciudadanos como frente a quienes tienen que examinar la idoneidad de nuestra gobernanza y de nuestro presupuesto desde la Unión Europea".
La última medida sobre este asunto ha saltado en los medios de comunicación esta semana. El Gobierno ha preparado un cambio en su estructura que incluye la creación de 11 nuevas subdirecciones generales. Aún es pronto para estimar el nuevo gasto que supondrá. Sin embargo, varios expertos aseguran que esta remodelación del Ejecutivo podría suponer, al menos, otros 200 millones con cargo a las cuentas del Estado. El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, gana así un total de seis nuevas direcciones generales.
