El Gobierno abordará en los próximos días dos demandas esenciales para los autónomos que venían reclamando las asociaciones representativas del colectivo para paliar el impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19 en el mercado laboral de nuestro país: la ampliación de la ayuda extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, plazo de duración de los ERTE, para los trabajadores por cuenta propia y la aprobación de un subsidio extraordinario para aquellos autónomos de temporada que no verán iniciada su actividad económica por la situación sanitaria y que durante los meses del verano generan los ingresos para subsistir durante el resto del año (kioskos de helados, feriantes, hamaqueros).
"La sensación es buena, las medidas son necesarias", explican fuentes de las entidades de autónomos sobre la recepción por parte del Gobierno de las medidas a demandas en una reunión que congregó a las patronales de los trabajadores por cuenta propia y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
"Vamos a estudiar las medidas", aseguran fuentes de la Moncloa al respecto de las últimas demandas de los autónomos. Los otros dos puntos fundamentales reivindicados en la tarde de este martes fueron la prohibición tanto de las rebajas online como presenciales hasta el 15 de agosto y la eliminación de las trabas para los trabajadores por cuenta propia para acogerse a la moratoria de los alquileres y de los créditos hipotecarios.
De todas ellas, las dos primeras parece que serían las primeras propuestas que abordará el Ejecutivo ya que como aseguran las asociaciones de autónomos son puntos en los que existe una desventaja con los soportes previstos para los trabajadores del régimen general. De este modo, tal y como ha ocurrido con el acuerdo en el Diálogo Social para extender los ERTE hasta el 30 de junio, los autónomos que cesan su actividad o la retoman con pérdidas superiores al 75% de ingresos puedan seguir percibiendo la prestación extraordinaria (660 euros de ayuda más 300 euros de exención de la cuota a la Seguridad Social). Un punto que podría ser clave para contener la sangría de empleos en sectores críticos como el de la hostelería o el turismo, donde se prevé una lenta recuperación de la actividad.
En el segundo de los casos, el subsidio extraordinario para los denominados autónomos de temporada se asemejaría a la ayuda ya implantada por la Seguridad Social para los trabajadores fijos-discontinuos que se han visto afectados en su situación contractual por la irrupción de la crisis y que no han podido iniciar su actividad. Son aquellas personas, que habrían iniciado su negocio en los meses de verano pero que por la irrupción de la crisis no se han podido emplear como el caso de los feriantes, hamaqueros o propietarios de kioskos de helados.
Sobre los otros dos puntos mollares de la reunión mantenida en la tarde de este martes parece que tendrá que esperarse a ver los movimientos del Gobierno, si bien los autónomos se muestran convencidos de que se estudiará al tratarse de cuestiones fundamentales en el fondo. Por un lado, la prohibición de las rebajas supondría un paraguas de protección para el pequeño comercial que no tiene ni la capacidad financiera de vender a pérdida, en muchas ocasiones, ni el soporte digital para llevarlo a cabo en el mismo modo que las grandes marcas y superficies. Por otro lado, la eliminación del requisito de estar dado de baja de Hacienda para acceder a la moratoria de alquiler hace que todos aquellos autónomos que hayan mantenido la actividad o hayan decidido retomarla sigan cargando con el pago de la renta del alquiler del local o la cuota hipotecaria del mismo.
Cuatro puntos a los que se suma el anuncio del Consejo de Ministros de este martes de que el Gobierno se planteará la posibilidad de ampliar las líneas del Instituto Oficial de Crédito (ICO) para empresas, autónomos y pymes en la medida en que se agote el tercer tramo desbloqueado la semana pasada.
