La mayoría de los empresarios que tienen algún tipo de relación comercial con el Estado aseguran que la ley de contratos públicos aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 no está cumpliendo con el objetivo marcado de facilitar las relaciones entre las pymes y la Administración y las empresas públicas fijando un marco legal de plazos de pagos entre las compañías y reduciendo las trabas burocráticas para acceder a este tipo de contratos por parte de las pequeñas empresas. Un fracaso para el 81% de las mismas, que apuntan que "no ha notado mejoras en la facilidad de contratación desde la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública", según se refleja en el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
Cabe recordar que esta ley de contratos del sector público incorporó al ordenamiento jurídico la legislación que permite incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública incluyendo en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato y reduciendo las cargas administrativas de todos los operadores económicos, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.
Además, el texto final recogía puntos cruciales sobre esta relación Administración-pymes que es donde surge la queja del sector ante el recurrente incumplimiento de los pliegos del contrato por parte de los poderes públicos. De este modo se elimina la posibilidad de pactar entre las partes contratistas un plazo de pago superior al fijado por la ley, con un máximo de 30 días, sin excepción computando los plazos desde el momento de la entrega del producto o realización del servicio.
Además, en cuanto a las subcontratas, se incluyó la posibilidad de efectuar pagos directos por parte de la Administración a los subcontratistas, siempre y cuando se contemple en los pliegos de la contratación y se estableció que la comprobación de los pagos de los contratistas a los subcontratistas es obligatoria por parte del Estado, al tiempo que también se eliminó la posibilidad de pactar plazos superiores de pago a los establecidos por la ley. También se acordó que la factura electrónica y el registro se extendiese a toda la cadena de contratación.
Incumplimiento sistemático
Con todo ello, el incumplimiento de estos preceptos por parte de las administraciones y de las empresas públicas no ha hecho más que prolongarse pese a la entrada en vigor de este texto. Concretamente, según el informe anteriormente referenciado, el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3% más) en 2019 pasando de 68 a 70 días de media, más del doble de tiempo de lo establecido en la ley (30 días).
Lo relevante está en el empeoramiento de este periodo de pago que han experimentado las empresas de la administración pública es que este pasado 2019 es el segundo año en el que crece la morosidad (en 2018 el plazo creció en 3 días desde los 65 de media registrados en 2017) El 87% de los subcontratistas en una adjudicación pública confiesan que no cobran como indica la Ley, a 30 días del contratista principal.
Aprovechar 12.000 millones de ayuntamientos
Por otro lado, Antoni Cañete, presidente de la PCMC, ha solicitado al Gobierno que libere a las administraciones locales parte del remanente se sus superávits congelado en cuentas corrientes y que parte de ese dinero se emplee en abonar las deudas que ayuntamientos, diputaciones y cabildos tienen principalmente con pymes y autónomos.
El responsable de la plataforma, ligada a la patronal de pequeños empresarios catalanes Pimec, remarca la paradoja de que la administración local tenga un saldo con proveedores a 31 de diciembre, según datos de Hacienda, por valor de 1.750 millones de euros cuando dispone de dinero embalsado. Mucho más si se tiene en cuenta que la mayoría de los proveedores de los entes locales son pequeñas empresas y autónomos que residen en sus términos municipales. Así, según explica Cañete a este diario, ha solicitado al Gobierno que libere los 12.000 millones que según el Banco de España están a disposición de los ayuntamientos que han tenido superávit en los últimos ocho ejercicios desde que se aprobase la Ley de estabilidad Presupuestaria que restringe el uso de los fondos generados por los ayuntamientos.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se está trabajando en ese línea con el fin de que las entidades locales puedan hacer uso del remanente acumulado. Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) confirman que se ha creado una comisión conjunta con el Gobierno para establecer los cauces para recuperar parte de estos fondos que cuantifican en algo más de 10.000 millones de euros. Los cerca de 3.900 millones de superávit que generaron las haciendas locales al año pasado más unos 7.000 millones de los remanentes de años anteriores.
Sin embargo, para disgusto de Cañete, estas mismas fuentes explican a este diario que esos fondos no irían prioritariamente a liberar fondos para los proveedores con los que tienen deudas pendientes. De todas formas, aunque ahora las prioridades sociales son altas, tampoco descartan avanzar algunos pagos.
