La liquidez de las empresas es una condición indispensable para garantizar la supervivencia de las pymes en momentos de crisis y caída de la actividad, como ha sido la impuesta a marchas forzosas por el Gobierno con la implantación del Estado de Alarma para combatir la crisis sanitaria. Ante esta situación el Ejecutivo ha lanzado toda una batería de medias de ayuda para empresarios y familias que, no obstante, no ha dejado con buen sabor de boca a todos los colectivos.
Los autónomos aún reclaman que se les ha seguido cobrando la cuota de la Seguridad Social del mes de marzo -aunque el Ejecutivo ha anunciado su devolución con carácter retroactivo al día del decreto de Estado de Alarma- y reclaman la suspensión de la aportación correspondiente al mes de abril. Pero además, una de las asociaciones representantes de las pequeñas y medianas, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) exige al Estado y a las empresas del Ibex 35 que liquiden deudas que deben a pymes por valor de 130.000 millones de euros.
Asimismo, las pymes denuncian que en los periodos medios de pago de las AA.PP durante diciembre 2019, que el Ministerio de Hacienda acaba de hacer públicos, se detalla que se realizaron pagos en diciembre por importe de 9.260 millones de euros y que quedaron pendientes de pago (excediendo los plazos legales) facturas por importe de 8.621 millones de euros.
Ante la cifra conjunta de sendos datos, cuyo montante supera los 130.000 millones de euros, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, explica que "poner en circulación esa enorme cantidad de dinero pendiente de pago y de obligatorio cumplimiento, tanto por parte de las AA.PP. como de las compañías con mayor capacidad de financiación de nuestro país, generaría una enorme cantidad de liquidez entre nuestras pymes y autónomos, y un aspecto fundamental, sin riesgo para el estado y de efecto inmediato. Además, cualquiera de estas empresas cuenta ahora con capacidad de financiación extra proveniente de la línea de créditos ICO, la cual aplaudimos. Es fundamental asegurar el mantenimiento de la cadena de flujo de efectivo: las empresas deben pagar y cobrar. La necesidad de financiación externa sería notablemente inferior si nuestras pymes y autónomos pudieran hacer líquido lo que se les debe, sus facturas pendientes de cobro".
Aprobación de un Real Decreto-Ley
Desde la asociación han remitido un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las autoridades competentes al más alto nivel, solicitando "con urgencia máxima y mediante un Real Decreto-Ley, que se ordene la liquidación de todas las facturas pendientes de pago por parte de las AA.PP., así como la obligatoriedad para las grandes empresas o, en su defecto, para las empresas cotizadas en el mercado continuo, de cumplir la vigente Ley de Lucha Contra la Morosidad".
En este sentido, piden que se incluya la "obligación de los contratistas de abonar de inmediato sus facturas pendientes a los subcontratistas vinculados a la cadena de contratación pública; y también consideramos que sería necesario y justo implementar, incluso dentro del período de estado de alarma, un sistema que impida que las empresas deban anticipar a la Hacienda Pública el IVA facturado y no cobrado, así como la inmediata devolución del IVA pendiente de compensación declarado al cierre de 2019", señala.
En este punto, Cañete lamenta que en el final de la pasada legislatura "se truncara el trámite parlamentario de la Propuesta de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que contenía los puntos necesarios para lograr que en España se cumplieran los plazos legales de pago; la situación en la que nos encontramos en la actualidad nos permite constatar la gran oportunidad perdida en ese momento. Sin duda, ahora más que nunca es necesario poner en circulación todo el dinero pendiente de pago".
"Estamos ante una crisis de liquidez nunca vista en el ámbito económico y empresarial; si no inyectamos liquidez a nuestras pymes y autónomos, la destrucción de empresas será insoportable para nuestro país. La medida que proponemos es posiblemente la medida de menos riesgo y mayor efectividad que podemos disponer en un momento como en el estamos; no entenderíamos que teniendo todos los derechos legales de las empresas en tener sus recursos, estos estén cautivos cuando el Gobierno ha abierto el grifo a la financiación", sentencia el presidente de la PMcM.
