Es una de las grandes reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas prestatarias de servicios y vendedoras de bienes: el establecimiento de un régimen sancionador que castigue a aquellas compañías, tanto del sector público como privado, que se demoren en el pago de sus deudas por encima del periodo legal establecido (30 días para las administraciones y 60 días para las compañías privadas).
Sin embargo, junto cuando ya estaba la ley en el Congreso y había superado el periodo de alegaciones la precipitación de las elecciones generales el pasado mes de abril obliga reiniciar el trámite parlamentario de un texto, cuya proposición de ley fue apoyada por unanimidad en la Cámara Baja. "Es como si fueras a meter un gol en el minuto 90 de partido, y te quitasen la portería", explican a elEconomista fuentes cercanas a la negociación del texto legislativo.
Ahora, ante el inicio de la nueva legislatura, el impulso del régimen sancionador está entre las prioridades del Ministerio de Economía capitaneado por Nadia Calviño, tal y como aseguran fuentes de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a elEconomista. Una medida crucial para garantizar la viabilidad financiera de las compañías y su competitividad. Cabe recordar que en durante la crisis iniciada en 2008 una de cada tres empresas que cerró en nuestro país lo hizo por motivos ligados a la morosidad.
En este sentido, desde la plataforma confían en que, tal y como ocurrió en la anterior legislatura, esta medida sea un elemento de consenso entre los diferentes partidos y sea posible su "pronta" tramitación para salvaguardar así los derechos de las empresa perjudicadas por actuaciones controvertidas como la del confirming, que ya genera una actividad superior a los 80.000 millones de euros.