Las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en su plan de choque contra el coronavirus han dejado con especial malestar a los autónomos, uno de los colectivos más afectados por el frenazo a la economía impuesto por el estado de alarma que rige en España desde el pasado domingo. Tras conocerse el primer paquete de medidas, la decepción entre los autónomos fue mayúscula al eludirse algunas de las reclamaciones cruciales. Ahora, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) exigen al Estado que liquiden antes de que termine el mes de marzo la el dinero adeudado por las administraciones públicas en subcontratos efectuados con pymes durante 2019: un total de 7.300 millones de euros.
"Pymes y autónomos se verán inmersos en una crisis de liquidez de dimensiones desconocidas, por lo que, si no reacciona de manera urgente, muchas de ellas no podrán sobrevivir", alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. En este sentido, asegura la plataforma que todas las Administraciones Públicas deben hacer frente a sus pagos a proveedores y suministradores dentro del plazo legal de pago y cancelar -antes de final de este mes de marzo- los más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a cierre de 2019. En opinión de Cañete, "esta medida, que no implica aportación de recursos extraordinarios, solo supone el cumplimiento, por parte de nuestras Administraciones Públicas, de la legislación vigente en materia de pagos".
Exigencias para el sector
Otras reivindicaciones que la PMcM considera que se deben acometer urgentemente como respuesta al problema de actividad económica y comercial es que se anticipe la devolución del IVA a las pymes y autónomos que lo hubieran solicitado a cierre de 2019; implantar un sistema que permita la compensación de créditos fiscales, como ya vienen haciendo otros países de nuestro entorno; y habilitar, por parte del Instituto de Crédito Oficial, una línea especial de crédito para pymes y autónomos que les permita hacer frente a sus pagos pendientes.
En este sentido, Antoni Cañete, recuerda que durante la crisis de 2010, las Administraciones Públicas pagaban de media a plazos de pago superiores a los 150 días, "lo que supuso un estrangulamiento de la actividad de pymes y autónomos, que sólo se solucionó con la implantación del Plan de Pago a Proveedores a partir de 2012; en ese periodo, cientos de miles de pymes y autónomos, en un proceso en cadena, se vieron abocados al cierre, con el consecuente impacto sobre la actividad económica y el empleo".
Además, Cañete señala que recientemente se ha constatado que las Administraciones Públicas ya habían empeorado sus plazos de pago el año pasado, según la nueva edición de su Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019. Del estudio se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3%) pasando de 68 a 70, alejándose aún más de los 30 días que establece la ley.
