La ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (creada por el Gobierno de Mariano Rajoy) es un duro corsé en las finanzas de las entidades locales (municipios, diputaciones, cabildos...) a las que exige guardar los superávits presupuestarios, si los hubiese, en cuentas corrientes y les prohibe su utilización. El objetivo de tan férrea medida es conseguir embridar el déficit público de las cuentas conjuntas de las tres administraciones del Estado. Pero ahora aspiran a recuperar una parte de, al menos, 10.000 millones de euros.
El efecto en términos monetarios supone que el remanente, como se conoce a estos fondos aparcados, se elevaba el pasado 31 de marzo a 42.606 millones de euros, equivalente al 0,31% del PIB, tras ocho años consecutivos de superávits, según un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), citando datos del Ministerio de Hacienda. Solo el pasado año, el superávit conjunto de las entidades locales fue de 3.839 millones de euros.
Petición histórica
La devolución de estos fondos es una reivindicación histórica del conjunto de las administraciones locales, sin importar su color político. La vienen reivindicando sin mucho éxito a los Gobiernos de los últimos ocho años, también de distinta adscripción del arco parlamentario. Lo intentaron con los ejecutivos populares de Mariano Rajoy y con más ahínco con los de Pedro Sánchez, que se ha mostrado más receptivo a la demanda.
Pero más receptivo no significa que haya cedido ni un euro El Ejecutivo socialista en la anterior Legislatura pidió calma a los ayuntamientos y diputaciones hasta abordar la financiación autonómica y local en su conjunto, una asignatura pendiente, que demanda con fuerza la mayoría de gobiernos autonómicos, con el valenciano de Chimo Puig a la cabeza. Pero también los grandes ayuntamientos, como el madrileño, el que más remanente inmovilizado acumula.
La crisis del coronavirus ha abierto una oportunidad de oro para recuperar estos fondos, al menos en parte. El pasado 20 de abril, la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) encabezada por su presidente, el también socialista Abel Caballero, mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno, que estuvo acompañado de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
El pasado año, las corporaciones locales sumaron 3.839 millones de remanente
En la reunión se entregó al presidente un documento con 19 medidas relacionadas con el techo de gasto, y con la importancia de utilizar en cada territorio los superávit y remanentes que se hayan generado, tanto en la colaboración actual como en la desescalada y en la reconstrucción económica y social. Para Caballero, los superávits son muestra de "la contención y la rigurosidad de cada Ayuntamiento. Son nuestros y la utilización de nuestros recursos ha de realizarse en cada ciudad, municipio, provincia o isla, para la reconstrucción y la atención social y el bien común".
Fuentes de la FEMP explican a este diario que el presidente del Gobierno aceptó abrir una comisión, que se reunirá cada dos semanas, para estudiar la desescalada y las medidas propuestas por los ayuntamiento, lo que implica la posibilidad de liberar unos 10.000 millones del remanente para poder hacer frente a la ingente tarea de recuperar la normalidad.
La Federación de Municipios propone 19 medidas extraordinarias para paliar la crisis
La FEMP solicita disponer del superávit del año pasado, cerca de 4.000 millones, a los que se sumarían otros 7.000 millones, según explican estas fuentes. En total, algo más de 10.000 millones, que las corporaciones locales destinarán en estos momento "a cualquier tipo de actuación", según se recoge en el documento de 19 puntos entregado por la FEMP al Gobierno central. Ya sea gasto corriente o inversión, aunque prioritariamente a atender gastos extraordinarios, como servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, desinfección...
