Las rigurosas condiciones fiscales que la legislación de estabilidad impuso a los ayuntamientos puede convertirse, ahora, en un importante recurso contra los efectos económicos del Covid-19. En los dos últimos años, los ayuntamientos españoles han acumulado 11.000 millones de superávit, convirtiéndose así en las administraciones más saneadas. Estos recursos son codiciados por el gobierno, se temen los alcaldes y alcaldesas españoles. De hecho, el primer paquete de medidas económicas presentado por Sánchez ya incluía un recoveco: de los 600 millones de gasto social anunciados, la mitad era autorización a los ayuntamientos para gastar superávit.
Las medidas aprobadas por el Gobierno exigen recursos como ha recordado la vicepresidenta económica Nadia Calviño: "Hay que cobrar impuestos". Los responsables locales creen que su superávit puede correr el mismo riesgo que los fondos de empleo de las autonomías desviados a recursos estatales.
Alcaldes y alcaldesas han asumido un notable activismo frente a la pandemia. En una primera fase, han movilizado sus recursos institucionales más experimentados y para los que tienen históricamente más competencias: el apoyo social. Atención domiciliaria, alojamiento de sin techo, vigilancia a hogares vulnerables, etcétera.
En un segundo momento, tras la declaración del estado de alarma, empezaron a adoptarse medidas fiscales de alivio a los sectores inicialmente afectados: hostelería, turismo o comercio al pormenor.
José Luis Martínez Almeida en Madrid y Ada Colau en Barcelona iniciaron inmediatamente la fase de exenciones parciales y bonificaciones fiscales, como la renuncia al dominio público que no se utilizaría (las terrazas hosteleras, para entendernos).
Logroño lidera las demandas... y las propuestas
Sin embargo, la dureza de las primeras cifras que se recogen a escala local sugiere que estas medidas podrían ser insuficientes. La pasada semana, Conrado Escobar, portavoz del Grupo Municipal de Logroño, uno de los ayuntamientos más saneados de España, presentaba su propuesta: exención fiscal absoluta para toda la imposición económica local, para los tres trimestres que restan del año, y moratoria para el primer trimestre.El superávit podría, de este modo, ser devuelto a un tejido económico local que será muy castigado y al que no se diseminan fácilmente las medidas generales aprobadas por el Gobierno. Escobar, ampliaba su propuesta a una línea de apoyo que están estudiando otros ayuntamientos: ayudas directas, entre 1.000 y 6.000 euros, destinadas a minoristas, hostelería y autónomos que no hayan cerrado actividad.
Los responsables municipales y de la oposición, están manteniendo un alto nivel de confluencia en el uso de los recursos municipales. Casi todos ellos tienen arcas saneadas, aunque temen explorar a fondo la línea sugerida por Escobar.
Son conocedores de que el aumento de recursos municipales, especialmente los de atención a los mayores, deberán mantenerse en el futuro con líneas de atención especiales y, en esa medida, recursos tan transcendentales como el IBI pueden ser fundamentales. Hay un consenso general entre los administradores locales: el derecho a su superávit.
