Las caprichosas matemáticas parlamentarias -y los votos dudosos de varios partidos regionalistas- pueden provocar que el voto de EH Bildu, concretamente su abstención, acabe siendo clave para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del Gobierno. Sin embargo, los independentistas vascos avisan: no "regalarán" su respaldo al candidato socialista, a pesar de que ERC pueda acabar avalándole, y no tienen prisa porque la investidura llegue.
El futuro Gobierno de coalición, si Pedro Sánchez logra apoyos suficientes para ser investido presidente, ya tiene su hoja de ruta económica. Se trata del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que recoge los incrementos del gasto y la reforma fiscal que pretende la alianza progresista del PSOE con Unidas Podemos. Sin embargo, el limitado impacto previsto por la medidas para mejorar la recaudación y el incremento del gasto no harán sino incrementar los desequilibrios fiscales de las Administraciones Públicas, unas brechas para las que la Comisión Europea exige una solución.
Mientras se desarrollan los diálogos para lograr que Pedro Sánchez tenga apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno (una ceremonia que podría retrasarse a 2020, por cierto), las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para repartirse el Consejo de Ministros avanzan, a todas luces, viento en popa. A pesar de la confidencialidad que rodea estas conversaciones, lo cierto es que hay algunos secretos a voces respecto a las competencias que lograrán los de Pablo Iglesias (futuro vicepresidente de un eventual Gobierno de coalición) entre las que se encuentran las de Trabajo, que quedarían en manos de la cada vez más ministrable Yolanda Díaz. En cualquier caso, de ser así, el pack no incluiría la Seguridad Social, que el PSOE quiere mantener en sus dominios.
Las tareas y deberes se le acumulan a Pedro Sánchez en este mes de diciembre. El presidente del Gobierno en funciones no solo tiene que lograr apoyos suficientes para mantenerse en Moncloa y activar el Ejecutivo de coalición progresista que ya ha pactado con Pablo Iglesias, líder de Podemos, sino que tiene menos de un mes para aprobar varias de las medidas a las que se ha comprometido en los últimos meses, si quiere que entren en vigor en 2020. Se trata del alza de las pensiones y de la subida salarial de los funcionarios, iniciativas que supondrán un coste de 5.800 millones de euros el próximo año.
El Ministerio de Economía y Empresa ha publicado este viernes por la tarde el primer informe de seguimiento de su ambiciosa Agenda del Cambio, el conjunto de medidas con el que el Gobierno quiere hacer evolucionar la estructura productiva y social de la economía española y que ha venido aprobando durante el mandato de Pedro Sánchez. En él se admite que el acortamiento de la legislatura ha provocado que varias de las medidas glosadas no se hayan podido abordar, en gran medida las relacionadas con la reforma fiscal, y se desgaja alguna que otra novedad, como que las futuras tasas Google y Tobin se tramitarán en la próxima legislatura -si el PSOE logra los apoyos necesarios para seguir en Moncloa-con los proyectos de ley que fueron aprobados en su día por el Consejo de Ministros.
Aunque a la Cumbre del Clima que a partir de la próxima semana se celebra en Madrid no asistirán ni Jaír Bolsonaro, presidente de Brasil, ni Donald Trump, presidente de Estados Unidos - país que ha anunciado su retirada de los acuerdos de París-, sí lo harán Ursula Von der Leyen – en uno de sus primeros actos públicos tras su designación como presidenta de la Comisión Europea- y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y cabeza visible del Partido Demócrata estadounidense. Aunque faltarán los primeros espadas de numerosos países, Moncloa ha confirmado la asistencia a la cita de medio centenar de jefes de Estado. Acceda a toda la información sobre la Cumbre del Clima
Aunque en términos de porcentaje de PIB el déficit autonómico está manteniéndose en proporciones controlables, en millones de euros el crecimiento de los números rojos es preocupante. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, hasta septiembre, cuando los impagos del Estado a los regiones todavía perduraban, el déficit regional se disparó respecto al mismo periodo de 2018, cuando las comunidades registraron superávits. | Editorial: el coste de demorar las entregas a cuenta.