Las tareas y deberes se le acumulan a Pedro Sánchez en este mes de diciembre. El presidente del Gobierno en funciones no solo tiene que lograr apoyos suficientes para mantenerse en Moncloa y activar el Ejecutivo de coalición progresista que ya ha pactado con Pablo Iglesias, líder de Podemos, sino que tiene menos de un mes para aprobar varias de las medidas a las que se ha comprometido en los últimos meses, si quiere que entren en vigor en 2020. Se trata del alza de las pensiones y de la subida salarial de los funcionarios, iniciativas que supondrán un coste de 5.800 millones de euros el próximo año.
De esta manera, 2020 comenzará con un inmediato incremento del gasto debido a estas dos medidas. Así lo refleja el plan presupuestario que envió el Gobierno a la Comisión Europea, en el que se precisan ambas medidas así como su coste máximo. La palma se la lleva la subida salarial de los empleados públicos. Esta medida, que incluye la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que está motivada por el acuerdo al que llegó el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los sindicatos, supondrá un impacto de hasta 4.575 millones.
A esta cantidad se suma el incremento del coste de las pensiones, que el Ejecutivo calcula en unos 1.263 millones, así como el aumento de esta prestación a las clases pasivas, una medida que supondrá unos 141 millones.
A estas medidas se suman otros importantes compromisos que puso sobre la mesa el candidato socialista a presidir el Gobierno durante las campañas previas a las elecciones generales celebradas este año: las del 28 de abril y su repetición el pasado 10 de noviembre. Se trata, particularmente, del alza del salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de 900 euros o la reducción del número de peonadas para que los trabajadores del campo de Extremadura y Andalucía puedan cobrar el subsidio agrario.
Herramientas legislativas
Para que estas propuestas puedan entrar en vigor el 1 de enero, queda menos de un mes. Por ello, la cuenta atrás ha comenzado. El problema está en el estatus actual de los residentes en Moncloa. Un Gobierno en funciones no puede aprobar reales decretos-ley (RDL), excepto en situaciones de máxima urgencia -que es el argumento que empleó el Ministerio de Hacienda para aprobar el abono a las autonomías de la liquidación de tributos de 2017 y las entregas a cuenta de 2019 en octubre-, y precisamente esta es la herramienta legislativa necesaria para aprobar las subidas de pensiones y salarios públicos.
Aunque los socialistas tienen la expectativa de poder formar Gobierno con plenas facultades antes de las fiestas navideñas, lo cierto es que el apoyo de ERC todavía no está cerrado, lo cuál podría provocar que la investidura se retrasara y que se ampliara el periodo de interinidad del Ejecutivo hasta 2020. Esto provocaría que ambas subidas no pudieran estar activas desde el 1 de enero, aunque fuentes del Gobierno aseguran que se aplicarían de forma retroactiva en cuanto se pudieran aprobar los correspondientes RDL.
Pero esto no convence, al menos, a los funcionarios. Este jueves los empleados públicos convocaron concentraciones, reclamando que se aprobara la correspondiente alza salarial, que será como mínimo del 2 por ciento, antes de que acabe el año. Sin embargo, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, insistió la semana pasada en que "desde un punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede ejecutar ese aumento, que en todo caso será devengado con fecha 1 de enero, probablemente con efecto retroactivo si no puede ser, pero esperamos y deseamos que haya Ejecutivo antes de final de año y pueda tomar esta decisión", remarcó.
Por otro lado, la propuesta de Sánchez de bajar el número de peonadas para acceder al subsidio agrario para compensar a los trabajadores agrícolas por el impacto que pueden suponer los aranceles activados por Estados Unidos sobre productos agroalimentarios españoles también se tiene que aprobar por RDL. La excepción que confirma la regla es la medida de alzar el SMI. Se trata de una propuesta que se puede sacar adelante solo con un real decreto, algo para lo que sí está habilitado un Gobierno en funciones, aunque parece que los socialistas no contemplan esta posibilidad por ahora.
Tal y como confirmó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, a elEconomista, a día de hoy ni su departamento ni el Gobierno tienen sobre la mesa subir el SMI. Con todo, también añadió que no descarta que esta medida se pueda recuperar antes de que acabe el presente año. Cabe recordar que esta idea es no es solo una promesa del PSOE sino también de sus potenciales socios de Gobierno de Unidas Podemos.
