Madrid
El preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos este martes, si se culmina con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo -algo para lo que los apoyos necesarios aún no están amarrados-, va a conllevar un Gobierno de coalición que previsiblemente ejecutará un importante incremento del gasto social de cara a 2020. Teniendo en cuenta que su hoja de ruta económica es la del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019, que pactaron socialistas y morados a principios de este año, los desembolsos aumentarán en más de 23.000 millones de euros, como mínimo.
De esta manera, el gasto general subiría más de un 5%, hasta ponerse en los 472.660 millones. Sin embargo, las partidas destinadas a políticas sociales crecerían por encima de esta media, haciéndolo en un 6,4%. Concretamente, las iniciativas sociales, según indica el proyecto, costarían unos 209.510 millones, un cantidad que supone el 57% de lo destinado a políticas de gasto.
Cabe recordar que tanto el PSOE como Unidas Podemos llevan en el zurrón importantes compromisos sociales que reiteraron en la campaña de la repetición electoral celebrada el pasado 10 de noviembre. Este es el caso, por ejemplo, de ampliar la gratuidad de la educación pública y universalizarla de cero a tres años, una medida que los socialistas se han comprometido a comenzar a desarrollar en el primer semestre de 2020.
La apuesta por el desarrollo definitivo del sistema de dependencia también es una de las bazas de las fuerzas de izquierda. En este caso, el sistema público tendría un empujón de 831 millones, un 60% más de lo que se había destinado para este ámbito en los últimos Presupuestos Generales del Estado aún en vigor, los diseñados por Cristóbal Montoro y el PP. Las políticas de vivienda también serían objeto de un impulso estatal, con el fin de subir el parque público.
Además, al incremento de 321 millones de euros de las transferencias para ayudas a las familias se sumaría que se da por seguro que tanto Sánchez como Iglesias -todo apunta que futuro vicepresidente de la coalición de izquierdas- desarrollarán el ingreso o renta mínima vital para hogares en riesgo de exclusión. Se trata de una medida que, cuando llegue a su plenitud, costará entre 7.200 millones y 9.800 millones anuales, según ha estimado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera (AIReF).
A esto se suma otra cuestión en la que hay acuerdo total entre socialistas y morados: poner fin a los copagos sanitarios, empezando por el que pagan los pensionistas de la Seguridad Social con bajo nivel de rentas y las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo, una medida que tendría un coste de 300 millones anuales.
La mayor partida: pensiones
Con todo, el mayor impacto en el gasto será, como viene siendo habitual, por las pensiones, que además será superior a este año. A los 153.864 millones que había previstos en este campo para 2019 habrá que sumar 1.404 millones adicionales en 2020. Esta es la cifra que saldrá de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, que se espera que cuando cierre diciembre se quede en el entorno del 0,9%, y de subir esta prestación para las clases pasivas.
Subir las pensiones fue una de las promesas que Sánchez hizo en plenos prolegómenos electorales, y no fue la única: en 2020 habrá más impactos adicionales sobre las arcas de las Administraciones Públicas si se copian los rechazados presupuestos de 2019. La más importante, por lo pronto, es la subida de sueldo de los funcionarios y la equiparación salarial de las Fuerzas y Seguridad del Estado con las policías autonómicas. Concretamente, habrá una subida fija del 2% para todos los empleados públicos es- tatales, autonómicos y locales, más un porcentaje que va ligado a la evolución del PIB. El Gobierno calcula que el coste que podría tener será de hasta 4.575 millones.
Estos compromisos de gasto están recogidos en el programa presupuestario 2020, que Moncloa envió hace unas semanas a la Comisión Europea. A ellos se suman otras medidas ya activadas a lo largo de este año y que seguirán vigentes el próximo, como la ampliación del permiso de paternidad para su equiparación con el de maternidad y el subsidio para parados mayores de 52 años, con un costo de 736 millones en total.
El problema de la recaudación
Sin embargo, ya Bruselas ha reprochado que hay un importante desequilibrio entre ingresos y gastos en su propuesta, una acusación que el Gobierno socialista ha contraargumentado con que no se han incluido medidas adicionales de recaudación por la carencia de un Gobierno con plenos poderes. Cuando los tenga, se incluirá un paquete de medidas fiscales que permitirán ampliar la recaudación en unos 5.654 millones, que se han de sumar al esperado incremento inercial de los ingresos para 2020.
Pero, ¿es factible este escenario, puede darse un equilibrio real de ingresos y gastos? Lo cierto es que no parece realista. Ya durante los análisis a los que fue sometida la hoja de ruta económica del PSOE y Podemos este año se puso en duda la capacidad de generar recaudación suficiente De hecho, la AIReF diezmó los ingresos previstos con ellas y dejó los pronosticados 5.654 millones en 2.908 millones, aproximadamente.
El diseño de las medidas está detrás de esta rebaja de ingresos, que también fue considerada por otros órganos evaluadores, como el Banco de España. Algunas de ellas tendrá un efecto cero, como el alza prevista del impuesto de Patrimonio. Sin embargo, es de esperar que esto cambie con una de las novedades anunciadas durante la campaña tanto por el PSOE como Unidas Podemos: armonizar este impuesto -así como Sucesiones y Donaciones- de manera que las comunidades autónomas no puedan bonificarlos libremente.
Lo que no cambia son las estimaciones de ingresos por las tasas Google y Tobin, demasiado elevadas para lo que en verdad pueden lograr dos figuras tributarias de nueva creación y cuyo impacto es muy difícil de evaluar. A esto hay que sumar que ambas medidas no se activarían a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino con sus correspondientes proyectos de ley cuya tramitación duraría como mínimo seis meses.
En cualquier caso, para compensar estos desfases, tanto PSOE como Unidas Podemos cuentan con mejorar la eficiencia del gasto público, que está siendo analizado por la AIReF en su spending review, ahora centrado en los beneficios fiscales que otorgan las Administraciones Públicas y que podrían provocar cambios en la fiscalidad de, entre otros elementos, instrumentos del ahorro como los planes de pensiones privados.
Por esta vía, y tal y como se ha transmitido a las autoridades europeas, el Estado espera lograr unos 500 millones de euros tras aplicar las recomendaciones de la Autoridad sobre incentivos a la contratación.
