El Gobierno ha autorizado hoy en la reunión del Consejo de Ministros una disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones de este mes de noviembre. En concreto, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado que esta cantidad ascenderá como máximo a 3.598,20 millones, pero "no se va a utilizar todo, todavía no se puede decir cuánto va a ser la cuantía". El Gobierno se ha visto obligado a a realizar a un "ajuste presupuestario" para hacer uso de los ingresos por cotizaciones de noviembre y diciembre y contar con 600 millones procedentes del Tesoro para cubrir la totalidad de las nómina extraordinaria de noviembre.
Los Presupuestos 2018, que actualmente están prorrogados ante el bloqueo político, no llegan para cubrir el gasto de las pensiones. El Gobierno en funciones tenía previsto recurrir al Fondo de Reserva y al remanente de 6.330 millones de euros, que quedaban del préstamo de 13.830 millones del Estado a la Seguridad Social, para pagar la pensión de noviembre y la extra de Navidad, que asciende a más de 19.000 millones. Pero las cuentas no salen, por lo que el Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación del crédito que le permite disponer de los ingresos pendientes por cobrar de diciembre y noviembre y una transferencia extra de 600 millones del Tesoro, para no agotar la hucha de pensiones.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha justificado esta decisión por la prórroga presupuestaria. "Tenemos que hacer este adecuación contable que no sería necesaria si hubiera presupuestos de 2019", ha indicado en rueda de prensa. Las cuentas fallidas contemplaban un préstamo para la Seguridad Social de 15.100 millones.
Sin la renovación de Presupuestos, el sistema ha tenido que soportar el aumento de las pensiones del 1,6% este año y del 3% en el caso de las mínimas, que aprobó el Gobierno de Sánchez a final del año pasado por Real Decreto. La ministra ha avanzado que los ingresos por cotizaciones suben a un ritmo del 8%, pero todavía es insuficiente para reducir el déficit y liberar al sistema de las tensiones de liquidez. Y eso que este año ha contado con el alza del salario mínimo, un incremento del 7% de las bases máximas y una mejora sensible de las nóminas.
La ministra ha explicado que la ampliación del crédito se realiza para recoger la mejora de las estimaciones en cotizaciones de la Seguridad Social y que todavía no ha ingresado el sistema, pero que están asegurados. Según Valerio, la Seguridad Social dispondrá de los ingresos del crecimiento previsto por cotizaciones en este ejercicio al pago de nómina ordinaria. La ministra ha adelantado que los ingresos por cotizaciones han mejorado un 8% en octubre.
Desde 2012, las pagas extraordinarias junio y septiembre están generando tensiones de liquidez en el sistema de la Seguridad Social. Tanto el Gobierno del PP como el PSOE, se han visto obligados a recurrir al Fondo de Reserva para cubrir el gasto ante la falta de ingresos. Con lo que el fondo se queda ahora con apenas 1.400 millones. En 2011, el colchón de las pensiones ascendía a casi 67.000 millones. Valerio ha indicado que los 3.598,2 millones es la disposición máxima permitida por ley de la que puede disponer la Seguridad Social, atendiendo al límite del 3% sobre el gasto total en pensiones. Pero ha asegurado que no se va a utilizar toda, pero todavía se desconoce la cifra final. Va a depender de en cuánto se ampliará el préstamo de 13.000 millones.
Y desde 2017 se está recurriendo a préstamos del Estado para completar el pago de las pensiones, incluidas en los Presupuestos. Además de los 13.830 millones, se contemplaba una transferencia de 1.300 millones del Tesoro por la mejora en los intereses de la deuda. A esta partida, el Real Decreto de hoy añade otros 600 millones.
La ministra ha justificado la aportación directa de casi 2.000 millones a fondo perdido a la necesidad de que el Estado vaya "aumentando progresivamente" la aportación destinada para pagar las pensiones. Este importe va más allá del préstamo de 13.800 millones. Es dinero procedente de los ingresos del Estado, es decir, impuestos mayoritariamente.
Así las cosas, la Seguridad Social cerrará con un agujero que rondará los 17.000 millones, una cifra que ha sido engordando desde 2011, aunque sobre todo a partir de 2012. Desde entonces, el sistema ha cerrado todos los años en números rojos marcando su récord en 2016 al registrar un déficit de 18.800 millones, el 1,7% del PIB. Y, todo ello, a pesar de unas cifras de afiliación en máximos y un empleo en recuperación.
No hay margen para bajadas en las cotizaciones sociales
Preguntada sobre si se contempla una bajada las cotizaciones, Valerio ha descartado este escenario y ha asegurado que la voluntad del Gobierno de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, para que se revaloricen conforme a la inflación cada año y financiar las prestaciones del sistema.
De manera, ha recordado que en la Comisión del Pacto de Toledo hay un "preacuerdo" respecto a la revalorización de las pensiones conforma a la inflación, si bien ha apuntado que la presidenta de dicha comisión, Celia Villalobos, no "tuvo a bien" convocar el plenario para elevar el preacuerdo a acuerdo y las más de 20 recomendaciones quedaron paralizadas.
En cualquier caso, la ministra ha asegurado que las cotizaciones a la Seguridad Social "van a ir subiendo", ya que espera que aumente el empleo, los salarios conforme a los convenios, y gracias a la labor de la Inspección de Trabajo, que en los últimos meses ha emergido más de 100.000 puestos de trabajo, lo que ha supuesto 1.300 millones de euros más de recaudación para la Tesorería General de la Seguridad Social.
Una vez que se forme Gobierno con plenas funciones, ha dicho Valerio, "habrá que decidir sobre la subida del salario mínimo, que implica una subida de la base mínima en la misma proporción y habrá que ver si sube o no la base máxima". "Necesitamos que se vayan incrementando las cotizaciones, las transferencias del Estado y cuanto antes de retome el Pacto de Toledo", ha enfatizado.
La ministra ha abogado por consensuar un plan a cinco años para "reorientar el transatlántico" desde el punto de vista de sostenibilidad financiera para que en torno a 2024 y 2025, cuando se jubile la generación del 'baby boom', la Seguridad Social esté "saneada", a través de más empleo y de más calidad, más cotizaciones, lucha contra el fraude y trasladar gatos impropios del sistema al Estado, aunque "no de un año y de porrazo", sino "progresivamente".
Según Valerio, no hay un problema de gasto "excesivo", ya que el montante en pensiones representa el 12% del PIB, si bien ha insistido en la necesidad de una reforma fiscal "justa", y hacer "lo que hace el resto de la UE", como Francia, que ha "inventado" un impuesto específico, o Alemania, que complementa las pensiones con impuestos.
