La actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 revela que el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se ponga en marcha en la próxima legislatura, quiere abordar una profunda reforma fiscal en la que también se van a revisar las exenciones, deducciones y reducciones tributarias que a día de hoy permite la política impositiva. Concretamente, el Ejecutivo va a revisar la efectividad de 13 beneficios fiscales que a día de hoy generan un gasto de 57.187 millones de euros.
Dentro de esta revisión, se tocarán particularmente el campo del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, del IVA y de los Impuestos Especiales. Es decir, que se evaluarán reducciones a las que se pueden acoger tanto empresas como personas físicas. Dentro de ellos, lo que más gasto genera, o más bien lo que más recaudación bloquea, son los tipos reducidos del IVA que suponen unos 25.600 millones.
También se evaluarán las exenciones de los servicios financieros -por valor de 7.040 millones-; las deducciones de carácter social, que suman la de maternidad, familia numerosa y discapacidad -4.800 millones-, y los tipos reducidos en el Impuesto de Hidrocarburos, que impiden la entrada de una mayor recaudación por los combustibles.
Sin embargo, para algunas de estas reducciones de impuestos ya hay previstos cambios. A lo largo de este año, presumiblemente, el Ejecutivo pondrá en marcha sus acciones de fiscalidad verde, que incluyen una equiparación de la tributación del gasóleo con la gasolina. Sin embargo, fuentes del PSOE, durante la campaña electoral, reconocieron que la idea de los socialistas es llevar a cabo un alza fiscal, en términos generales, de los combustibles, para acercar la fiscalidad española a la europea.
Esta revisión de los beneficios fiscales había sido avisada por los socialistas durante la campaña electoral, particularmente en el campo de las empresas. Aquí se van a revisar los incentivos a la I+D+i y los tipos reducidos y las donaciones en Sociedades.
Sin plazos
Con todo, este ambicioso análisis de las deducciones y exenciones del sistema tributario, que ejecutará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no tiene plazo para publicarse, aunque es de prever que a lo largo del año el órgano emita un dictamen.
En cualquier caso, ya en el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, hoja de ruta económica del Gobierno durante el primer año de la próxima legislatura aunque no se hubiese aprobado, ya se preveía una fuerte disminución de los beneficios fiscales de las empresas con el Impuesto sobre Sociedades.
Este es uno de los planes que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez para ejecutar una ambiciosa reforma con la que acercar los niveles de presión fiscal de España a la media de Unión Europea, lo cual supondrá aumentarla en 26.000 millones entre 2019 y 2022. Entre ellos se cuenta tanto con una disminución del gasto público - si en 2018 se quedó en el 41,3% de PIB, en 2022 la idea es que descienda hasta el 40,7 - como con un incremento de los ingresos, tanto a través de cotizaciones como de la recaudación tributaria.
Todo en marcha para 2020
En este sentido, Moncloa se ha comprometido con la Comisión Europea a que todas sus medidas para lograr ingresos adicionales, más allá del ciclo económico, estén en marcha para 2020. Se trata, exactamente, del conjunto de iniciativas que el Gobierno prometió en el proyecto de Cuentas y que valoró en unos 5.654 millones.
El impuesto al que más rendimiento le quiere sacar el Ejecutivo es al de Sociedades, que el año pasado permitió ingresar 24.838 millones. Los socialistas apuestan por crear un tipo mínimo para grandes empresas del 15%, y del 18% en el caso de entidades financieras y compañías de hidrocarburos. Así mismo, se limitarán las exenciones para evitar la doble imposición en los dividendos y plusvalías generados por empresas españolas en el exterior como consecuencia de su participación en sociedades filiales, pasando del cien por cien actual al 95%. Con estas propuestas, el Ejecutivo aspira lograr 1.776 millones adicionales.
El otro filón con el que cuenta Sánchez es el de la creación de nuevos impuestos. Solo a través de la incorporación del tributo a determinados servicios digitales, la tasa Google, se espera recaudar unos 1.200 millones, mientras que con el de transacciones financieras, es decir, la tasa Tobin, se vaticinan 850 millones más.
A todo esto hay que sumar el conjunto de iniciativas contra el fraude fiscal, cuyo proyecto de ley ni siquiera se llegó a presentar en el Congreso de los Diputados antes de que cerraran las Cortes por el adelanto electoral del 28-A y que permitirían recuperar de la economía sumergida 828 millones.
Sin embargo, estas pretensiones de ingresos estarían infladas, según varios organismos reguladores como el Banco de España o la propia AIReF. Concretamente, consideran demasiado elevados los pronósticos sobre las tasas Google y Tobin, sobre todo teniendo en cuenta que no hay experiencia previa en su uso.
Por otro lado, hay medidas que no se acercarán ni remotamente a las estimaciones del Gobierno. Es el caso de los 339 millones esperados por subir el impuesto de patrimonio a grandes fortunas. Lo más posible es que, a pesar de este alza, la recaudación sea, como mucho, de diez millones más, dado que se trata de un tributo que está bonificado en varias regiones.
