Mientras se desarrollan los diálogos para lograr que Pedro Sánchez tenga apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno (una ceremonia que podría retrasarse a 2020, por cierto), las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para repartirse el Consejo de Ministros avanzan, a todas luces, viento en popa. A pesar de la confidencialidad que rodea estas conversaciones, lo cierto es que hay algunos secretos a voces respecto a las competencias que lograrán los de Pablo Iglesias (futuro vicepresidente de un eventual Gobierno de coalición) entre las que se encuentran las de Trabajo, que quedarían en manos de la cada vez más ministrable Yolanda Díaz. En cualquier caso, de ser así, el pack no incluiría la Seguridad Social, que el PSOE quiere mantener en sus dominios.
A pesar de que la decisión pueda parecer desafortunada, en el terreno político tiene todo el sentido del mundo. Con esta cesión, los socialistas logran satisfacer una de las principales aspiraciones de Unidas Podemos, el Ministerio de Trabajo, una reclamación que fue una de las causas de la ruptura de las negociaciones de este verano. Y con la separación de la Seguridad Social el PSOE se reserva una de las principales partidas presupuestarias del Estado así como un as electoral clave: las pensiones, protagonistas de las campañas electorales de este año. La clave está en si esta idea es viable en el terreno técnico.
En este campo hay dudas. Muchas. Incluso contradicciones entre el propio personal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Hay quien avisa de que, por naturaleza, el departamento que controle la Seguridad Social tiene que manejar la política laboral, materias que hoy funcionan "como un reloj", según altos cargos del departamento de Magdalena Valerio.
Sin embargo, también hay otras voces que consideran que el cambio no supondría un drama y que la mayor consecuencia sería el traslado físico del personal y la burocracia necesaria. Además no sería la primera vez que la Seguridad Social queda separada de Trabajo. En los primeros años de la democracia española, la caja social estuvo integrada en el Ministerio de Sanidad, aunque esta aventura terminó en 1981. Desde entonces, siempre ha estado asociada con las políticas laborales.
Por otro lado, está la cuestión de dónde se ubicará la Seguridad Social una vez extirpada de Trabajo. Los marcos más factibles para ello son los ministerios de Hacienda y Economía y Empresa. En el caso del departamento que dirige María Jesús Montero, la fusión facilitaría la reforma que quiere ejecutar el Gobierno (que incluye el impulso de medidas fiscales para mejorar los ingresos que permitan pagar prestaciones) para reducir el déficit de la caja social. Además, cabe recordar que, después de no haberla hecho vicepresidenta, Sánchez podría plantearse premiar la labor de quien considera uno de los pilares de su Ejecutivo, la propia Montero, con el control de los 153.800 millones de euros que suponen las pensiones.
Pero lo mismo se podría decir en el caso de Calviño, futura vicepresidenta económica de los socialistas. Que la Seguridad Social, uno de los órganos que más desequilibrios financieros genera entre las Administraciones Públicas, quedara en manos de la ministra que más se ha comprometido con el cumplimiento de los objetivos de deuda público tranquilizaría a Bruselas. Con todo, no se descarta que la Seguridad Social pueda tener su propio ministerio, quien sabe si dirigido por una Magdalena Valerio cuya labor, a pesar de que pueda acabar siendo apartada de Trabajo, es muy apreciada en Moncloa.
