Arranca la campaña electoral con un paquete de ayudas directas al sector agrario de algo más de 636 millones con el fin de contentar a agricultores y ganaderos que se va a revelar en serio y que pide, cargado de razones, pasar del diagnóstico a la acción ante la grave sequía que afecta a buena parte de nuestro país y que asfixia y al 80% del campo español y produce perdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereales de secano.
Ayuntamientos y autonomías ya respiran elecciones y en los ámbitos mas populistas se agrupan “medidas estrella” disfrazadas de ideología que garanticen futuras puertas giratorias y que consoliden los puestos creados ad hoc esta legislatura. Para muestra, la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Proyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua, en el que se borra de un plumazo las principales competencias municipales en el ámbito del ciclo urbano del agua para pasárselo a la Comunidad Autónoma, hecho que vulnera el principio de Autonomía Local y supone una invasión competencial. La idea es consolidar y extender el modelo Promedio, un Consorcio de la Diputación de Badajoz para suplantar a ayuntamientos y empresas de servicios en la gestión de los residuos y del agua en la provincia de Badajoz. Promedio es la base de operaciones del sempiterno alcalde de Villanueva de la Serena, desde donde gana poder e influencia en el PSOE , y desde donde busca contrapesar a Fernández Vara.
Desde un punto económico y social, la pandemia aceleró radicalmente la manera en que las personas y las empresas interactuaban hasta el momento, y gracias a la tecnología y a la implantación del teletrabajo, muchos colectivos no vieron afectado su modus vivendi, al no sufrir una caída significativa de su fuente de ingresos. Tampoco se vieron muy afectados aquellos colectivo dependientes del Estado, tal fue el caso de los funcionarios y de los pensionistas. También se salvaron moderadamente los trabajadores que pudieron compensar su inactividad mediante los ERTE. Sin embargo, otro tipo de colectivos, sí vio reducidos sus ingresos de una manera muy significativa, me estoy refiriendo al colectivo con rentas mas bajas que quedó en una situación de pobreza o exclusión social. Así, en el periodo 2019/2020, según un estudio de Funcas, el porcentaje de personas en situación de privación material severa aumentó en España desde el 4,7% de 2019 (2,189 millones) al 7% de la población en 2020, (3,259 millones), lo que supone mas de un millón de personas. El incremento rompió con la tendencia a la baja de esta lacra social desde el máximo del 7,1% alcanzado en 2014.
Uno de los sectores damnificados por la pandemia fue el industrial, que pasó de tener un peso del 18,7% del PIB en el 2019 a descender al 14,69% en el 2020, tasa que se aleja cada vez mas del ambicioso objetivo del 20% previsto por el Horizonte 2020. Muchas empresas tuvieron que realizar severos planes de ajuste, recortar plantillas o recurrir a los Fondos de rescate de la SEPI. El panorama cada vez se vuelve mas oscuro a corto y medio plazo ante los altos precios de la energía, la crisis de suministro de materias primas y la elevada inflación. Las cifras cada vez más menguantes del peso de nuestra industria ponen de manifiesto la necesidad de protegerla y afrontar con éxito determinados retos a los que se enfrenta el sector. A saber, y siguiendo a Ramón Tamames: "una globalización que imprime un estrés continuo del sector vía deslocalizaciones en un contexto en que la industria pierde peso relativo; un tamaño de las empresas que debe de aumentar si queremos desenvolvernos con éxito en el escenario global; la innovación como motor de la competitividad y por ultimo una transformación digital que acelere un nuevo modelo de gestión empresarial."
Llegó a la Presidencia de la Junta en el 2009 con una caída sin precedentes de los ingresos públicos a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado de aquel entonces aprobados por el gobierno de Zapatero, se habían construido sobre un escenario macroeconómico irreal, muy alejados de las previsiones de organismos internacionales y con clara vocación electoral Era cuando la crisis economía daba su primera dentellada a nuestro país con severas caídas del PIB. Fueron épocas en que las Administraciones Públicas arrastraban un déficit desmesurado, la prima de riesgo andaba desbocada y la deuda comenzaba su carrera ascendente.
Muchas son las voces que reclaman una gestión eficiente y transparente de los Fondos Europeos. Cierto, nos jugamos mucho. Somos el país que tiene más ayudas adjudicadas. Tenemos a nuestra disposición, entre otros, un paquete de miles de millones de euros para la reconstrucción tras la crisis provocada por la pandemia y para la transformación de nuestra economía en los próximos seis años. Sin embargo, por muchos cantos de sirena que se lancen para no caer en errores del pasado, nuestro país tiene que aplicarse y borrar de un plumazo el mal desempeño en la gestión de los Fondos Europeos, según apuntó con preocupación la propia Comisión Europea. Y es que a finales del 2021, sólo se habían certificado el 33% de las ayudas y seleccionado apenas el 72% de los proyectos. El propio Tribunal de Cuentas europeo nos daba palo y zanahoria al señalar que los gastos con cargo al presupuesto de 2019 contenían demasiados errores aunque al final el tribunal acabara aceptando las cuentas. Aun y así, el Presidente, Klaus-Heiner Lehne, remachaba : "Necesitamos normas más claras y sencillas para las finanzas europeas. También hacen falta controles efectivos sobre la manera en que se gasta el dinero y sobre si se logran los resultados perseguidos".
Nadie duda que nuestro país cuenta con un excelente sistema publico de salud que tiene ante sí importantes retos que amenazan su viabilidad y su sostenibilidad, lo que hace necesario nuevas formas de gestión con el fin de garantizar los niveles de calidad y eficiencia que requiere la sociedad actual. La perturbación pandémica no ha hecho mas que evidenciar esta necesidad, y mas de uno se preguntará, como hubiera absorbido nuestro país la tensión hospitalaria de nuestro sistema publico de salud sin la colaboración publico privada. Sin embargo, son muchas las reticencias ante este tipo de colaboración primando las razones ideológicas ante las técnicas, y sin tener en cuenta que estos acuerdos, se utilizan como un mecanismo para mejorar la provisión y la calidad de los servicios de salud, y que su implementación, exige estrictos mecanismos de control y seguimiento.
La Comunidad Autónoma de Galicia acaba de ser beneficiada por parte del ejecutivo de Sánchez con una rebaja histórica en los peajes de la autopista del Atlántico (AP-9), eje que vertebra el norte con el sur de Galicia, y cuyo tránsito de vehículos ligeros ascendió en 2019 a 95,3 millones. Esta decisión ya ha producido agravios comparativos en el Principado de Asturias, que no duda en reclamar la supresión del peaje de “Huerna” (AP-66) o en su defecto, rebajar las tasas. Prueba de ello es que el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha exigido al Gobierno de España que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 una partida específica para aplicar bonificaciones en el peaje de “Huerna” siendo para el Principado una absoluta prioridad.
Las infraestructuras de transporte juegan un papel decisivo en el desarrollo económico de los países y atienden a múltiples objetivos de política económica; crecimiento, productividad, empleo, asequibilidad, desarrollo inclusivo y objetivos medioambientales, estando estos últimos en la mayoría de ocasiones, potencialmente enfrentados con el desarrollo de la infraestructura en cuestión, de ahí que la inversión en infraestructuras tenga su complejidad y el camino desde la concepción del proyecto hasta su materialización suele estar plagado de dificultades y obstáculos entre distintas jurisdicciones y niveles de gobierno implicados. Traigo esto a colación de los desencuentros producidos entre las distintas administraciones a raíz del proyecto de ampliación del Aeropuerto de JT Barcelona-El Prat que, de no llegar a consenso entre los distintos actores, no se podrá llevar a cabo.
Durante los momentos más críticos de la pandemia y ante el cierre de la actividad no esencial, el delivery se encontró entre las pocas actividades consideradas como esenciales. Gracias a sus repartidores, o riders, se consiguió no sólo el abastecimiento de productos de primera necesidad para los colectivos vulnerables, sino el mantenimiento de la actividad económica del pequeño comercio a nivel local.