Uno de los sectores damnificados por la pandemia fue el industrial, que pasó de tener un peso del 18,7% del PIB en el 2019 a descender al 14,69% en el 2020, tasa que se aleja cada vez mas del ambicioso objetivo del 20% previsto por el Horizonte 2020. Muchas empresas tuvieron que realizar severos planes de ajuste, recortar plantillas o recurrir a los Fondos de rescate de la SEPI. El panorama cada vez se vuelve mas oscuro a corto y medio plazo ante los altos precios de la energía, la crisis de suministro de materias primas y la elevada inflación. Las cifras cada vez más menguantes del peso de nuestra industria ponen de manifiesto la necesidad de protegerla y afrontar con éxito determinados retos a los que se enfrenta el sector. A saber, y siguiendo a Ramón Tamames: "una globalización que imprime un estrés continuo del sector vía deslocalizaciones en un contexto en que la industria pierde peso relativo; un tamaño de las empresas que debe de aumentar si queremos desenvolvernos con éxito en el escenario global; la innovación como motor de la competitividad y por ultimo una transformación digital que acelere un nuevo modelo de gestión empresarial."
Dada la vital importancia de la industria para el desarrollo económico de un país, Europa ha querido proteger las empresas estratégicas mediante la aportación de fondos públicos directos, y nuestro país se beneficia con 10.000 millones, mediante los denominados Fondos de Apoyo a la Solvencia gestionados por la SEPI. Las solicitudes por parte de las empresas ascienden a 5.400 millones, consistiendo la condición para optar a estos fondos en ser una empresa estratégica y viable que haya visto impactada su solvencia por los efectos del Covid. Este ha sido el caso del grupo industrial metalúrgico español Celsa. Referente en la producción circular de acero con bajas emisiones, primer reciclador de España y segundo de Europa y que a su vez representa la primera cadena de suministros reciclados mas grande de Europa con 120 centros de producción en 9 países, lo que genera 10.000 empleo directos (95% de plantilla fija) de los que 4.500 están en España; y 70.000 empleos indirectos o inducidos, 30.000 en España. Esta compañía, que en 2017 hizo una restructuración de su deuda con vencimiento en 2023, hasta la llegada de la pandemia, marchaba viento en popa cumpliendo religiosamente con todos los pagos acordados. Sin embargo, el impacto del Covid que supuso una caída del 25% de los mercados de acero le provocó como a muchas otras, una perdida de facturación del 60% respecto a 2019. No seria hasta 2021, cuando Celsa recuperase el crecimiento de la demanda y los márgenes de mercado post Covid, cerrando el año con incremento de la facturación frente al ultimo año pre-covid.
La SEPI ya aprobó de forma preliminar otorgar el crédito de rescate a Celsa, al considerar que la empresa es estratégica y viable. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas ya que el pasivo de la compañía está en manos de Fondos que adquirieron la deuda a los bancos con quitas muy importantes y que buscan la mayor rentabilidad a su inversión. En este sentido, la financiación pública garantiza el retorno de la deuda a los acreedores que pasan de tener un deuda en impago, a garantizarse el retorno con intereses a través de su entrada en el nuevo plan de financiación. Para ello, los fondos acreedores deben suscribir el acuerdo de impulso del plan industrial estratégico de la compañía y permitir que se equipare en el balance de la compañía el valor nominal de la deuda que adquirieron a los bancos al valor real de mercado y que ellos pagaron a precio de saldo.
Sólo faltaría la necesaria conformidad por parte de los acreedores de Celsa a los términos establecidos por SEPI. Sin embargo, los Fondos, además de pedir importes retornos, exigen el desplazamiento del centro de decisiones y de su órgano de administración fuera de España, algo incompatible con la ayuda pública estatal y la vocación estratégica, industrial de la compañía, pilar esencial para la concesión de este apoyo.
El acuerdo debe llegar con el tiempo suficiente para que el último Consejo de ministros que puede aprobar esta ayuda, el próximo 22 de junio, reciba con tiempo la conformidad del Consejo Asesor del Fondo. El día 30 finaliza el plazo de entrega de los créditos a cargo del Fondo de Ayuda a la Solvencia de la UE. Sería un desastre no llegar a un acuerdo beneficioso para todos que garantizase la continuidad de un gran proyecto industrial por la oposición de unos acreedores con un modelo de negocio especulativo. Estamos ante un caso en el que el futuro de nuestra economía industrial y el beneficio social que genera, requiere de una alineación de la economía financiera. La concesión de ayuda permitiría dar continuidad a la posición estratégica de esta compañía y a los 4.500 puestos de trabajo directos en España, y 30.000 indirectos, además de a su extensa red de proveedores y colaboradores que forman parte y enriquecen el tejido industrial del país.
