Tenía todos los boletos de la tómbola para que la jugada fuera magistral. No había que tomar decisiones muy controvertidas. Dotar de recursos a las CCAA para atender el gasto sanitario es siempre un asunto muy florido. Nada que ver con asuntos espinosos como puede ser la educación y su ley Celaá, la temida insostenibilidad de las pensiones, o los temas hacendísticos y su armonización fiscal.
ISS Iberia, presente en España y Portugal desde hace más de 25 años, ha promovido un Estudio sobre: Los cambios del modelo de trabajo en tiempos de Covid-19: las personas y los espacios. El estudio permite analizar las inquietudes de directivos y empleados. Hablamos con su Presidente ejecutivo, Javier Urbiola a propósito del estudio.Javier Urbiola es un padre apasionado de la vida sencilla en el campo y amante de los viajes no planeados alrededor del mundo. Le encanta afrontar desafíos.
La Comisión Europea se ha empeñado hasta las cejas para que sus miembros puedan salir airosos del escenario postpandemia al proponer el Plan de recuperación económica bautizado como Next Generation. El plan propone una emisión de deuda conjunta avalada por la UE por importe de 750.000 millones, financiado con impuestos europeos, para dotar de liquidez a los países con el fin de reactivar su economía.
Por primera vez en la historia de la democracia española, el peso del sector público superará al del sector privado al escalar a un 51,5% sobre el PIB, según las previsiones del Gobierno. Ni antes de la Transición, ni en la durísima crisis financiera mundial, con epicentro en 2012, se alcanzó ese nivel, llegándose en el citado ejercicio a un techo del 48,1%. De hecho, solo en el último año, el gasto público sobre el PIB ha crecido nada menos que en diez puntos porcentuales.
Arranco estas líneas con grandes dosis de incertidumbre sobre lo que nos deparará el futuro en lo que a economía se refiere. La hibernación a las que se han visto abocadas las economías globales, atisba poca esperanza a corto plazo. El parón económico originado por la pandemia impactará con toda su fuerza, y ni las previsiones mas conservadoras, nos libran de un escenario dramático. Resulta complicado cuantificar el impacto económico de este virus, que sin atender a fronteras, ataca a cualquier punto de la tierra. El siempre conservador Fondo Monetario Internacional, ya le ha puesto cifras, alertando que la economía mundial vivirá su peor descalabro desde la Gran Depresión, contrayéndose un 3% en 2020, para remontar un 5,8% en 2021. Para España pronostica una contracción del crecimiento en un 8% en 2020, para remontar en 2021, en un 4%, siempre que la pandemia se disipe en el segundo semestre de 2021.
Cierto es que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Pero mas cierto es, que tal y como reza la Constitución, el sistema tributario nunca debe tener carácter confiscatorio.
La Comisión Europea acaba de presentar sus previsiones económicas para el período de invierno. En lo que se refiere a nuestro país, sube una décima nuestro crecimiento, lo que supone una buena noticia, estableciéndolo en 1,6%, para 2020, y en 1,5% para 2021, cifras que coinciden con la previsiones económicas realizadas por parte de nuestro de nuestro Ejecutivo.
En un contexto de claro de enfriamiento de la economía, no solo a nivel doméstico, sino a nivel global, lleno de incertidumbres que nos acechan -Brexit, guerra comercial entre China y EEUU, aterrizaje de populismos y nacionalismos, así como el nuevo foco de tensión generado por el coronavirus, que detraerá alguna décima al crecimiento-, ha sido presentado por nuestro Ejecutivo el escenario para los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2020.
Con el objetivo de que la negociación colectiva fuera un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las circunstancias económicas de la empresa, la reforma laboral de 2012, modificó tres aspectos fundamentales en la negociación colectiva.
Tras la subida histórica del 22% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019, el mayor incremento de subida salarial de este sueldo de referencia de la historia, hasta los 900 euros, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos han llegado a un acuerdo estableciendo para este año una subida hasta los 950 euros, esto es, un 5,5% mas que en 2019 (900 euros). Esta subida supone la primera piedra hacia el compromiso adquirido de elevar el SMI en 2023, hasta el 60% del salario medio, lo que actualmente representaría aproximadamente unos 1.200 euros. Pero esta medida tiene el efecto perverso de abrir una brecha entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país, dejando a las más desfavorecidas por tener un menor PIB per cápita (como Extremadura y Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) mucho más expuestas a la pérdida de empleos que a las más boyantes, como Madrid o País Vasco.