
En un contexto de claro de enfriamiento de la economía, no solo a nivel doméstico, sino a nivel global, lleno de incertidumbres que nos acechan -Brexit, guerra comercial entre China y EEUU, aterrizaje de populismos y nacionalismos, así como el nuevo foco de tensión generado por el coronavirus, que detraerá alguna décima al crecimiento-, ha sido presentado por nuestro Ejecutivo el escenario para los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2020.
Se ha rebajado la cifra de crecimiento en dos décimas respecto a octubre, quedando fijado en un 1,6%. Se ha aumentado la cifra del techo de gasto un 3,8,%, la mayor subida desde 2014, lo que supone 5.000 millones de gasto más que en 2019. Y se ha relajado la senda de consolidación fiscal al fijar el objetivo de déficit en un 1,8%, que no hace otra cosa que truncar el cambio de la tangente en la senda aproximación al equilibrio presupuestario iniciada hace mas de un quinquenio. De nuevo se retrasa el equilibrio al autorizar el Gobierno de España un aumento del déficit de las Comunidades Autónomas del 0,1 previsto, al doble, lo que provocará seguir generando deuda para financiar el déficit.
Falta de rigor
Si a esta falta de rigor presupuestario, le añadimos la ralentización en la creación de empleo, 1,4%, según las ultimas previsiones, frente a ritmos del 2%, así como la subida generalizada de impuestos, se asoma un escenario difícil para negociar con Bruselas.
Para cubrir el techo de gasto, se contempla una mayor recaudación asociada al ciclo económico y a la lucha contra el fraude fiscal. También se prevé la creación de nuevas figuras impositivas, tasa Google , tasa Tobin, y subidas del Impuesto sobre Sociedades o del IRPF a las rentas altas. Justifican estas subidas con el fin de disminuir la brecha existente entre nuestra recaudación y la de los países de nuestro entorno. Sin embargo, a la hora de establecer la cesta optima de impuestos, la guía no debería ser la mera comparación de nuestro nivel de ingresos respecto a nuestros vecinos europeos, sino que debería considerarse como contribuyen los cambios impositivos a corregir los principales desequilibrios de nuestra economía que bien poco se ha tenido en cuenta.
Una renta per cápita inferior
El primer gran desequilibrio es nuestra renta per cápita, un 8% inferior respecto al promedio de la Unión Europea a ventiocho, distancia que se amplía al 25%, si nos comparamos con los países mas avanzados. Tanto en España como en el resto de la UE, la tributación es progresiva, por lo que la proporción de ingresos en términos de Producto Interior Bruto, será tanto mayor, cuanto mayor sea el PIB per cápita. El segundo desequilibrio es la elevada tasa de desempleo, 14,1% en 2019, 13,6% en 2020. Nada ayuda a su reducción los incrementos impositivos. La mejor manera de combatir el desempleo es manteniendo la competitividad de nuestras empresas y que estas puedan mantener unos ritmos altos en inversión de capital fijo, solo así, es posible sustentar crecimientos salariales que no dañen la competitividad y el aumento del empleo. Por ultimo, y no menos importante, el tercer desequilibrio es la elevada deuda externa neta, así como el elevado nivel de deuda publica. Cualquier medida que debilite la competitividad exterior, o que aumente el déficit, nos hace muy vulnerables, además de restar atractivo a nuestro país como destino de inversiones extranjeras.