Por primera vez en la historia de la democracia española, el peso del sector público superará al del sector privado al escalar a un 51,5% sobre el PIB, según las previsiones del Gobierno. Ni antes de la Transición, ni en la durísima crisis financiera mundial, con epicentro en 2012, se alcanzó ese nivel, llegándose en el citado ejercicio a un techo del 48,1%. De hecho, solo en el último año, el gasto público sobre el PIB ha crecido nada menos que en diez puntos porcentuales.
En 2019 suponía el 41% del PIB frente al 51,5% previsto para este año. Esta sobredimensión del sector público debilita la respuesta económica a las crisis y en el plano político puede despertar aspiraciones de nuevos crecimientos en el sector público a costa del privado. De hecho, está demostrado que las economías más sanas y dinámicas son las que ajustan sus costes y el tamaño del Estado. Sucede además que no se recortó gasto público cuando se pudo acometer esta tarea, en los años de la recuperación, para preparar a nuestro país ante futuros golpes de la coyuntura. En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez engrosó los gastos. Varias partidas incluidas en los viernes sociales -aumento de los permisos de paternidad, subsidio para mayores de 52 años, cotizaciones de cuidadores, entre otras- elevaron el gasto en al menos 3.200 millones y la subida de las pensiones con el IPC se llevó otros 2.000 millones, cantidades que se sumaron a los 2.500 millones de alza salarial a los funcionarios y que engrosaron la factura pública en cerca de 8.000 millones.
A la luz de los planes enviados a Bruselas por el Gobierno, tampoco este año hay una voluntad oficial de contener el gasto, al que se añadirán partidas como la futura renta mínima (3.000 millones), 1.700 millones en la actualización de las pensiones y algo más de 3.000 para el alza salarial de los funcionarios. Se genera así un aparato público elefantiásico en un momento en el que la crisis vírica cercenará los ingresos y hay que reequilibrar las cuentas y el PIB caerá por encima del 9% según las estimaciones del propio Gobierno.
Se desaprovechó época expansiva en cuanto a reducción del gasto público y al cumplimiento de los objetivos de déficit. Incluso en 2019, ejercicio de crecimiento moderado y bajos costes de financiación, nos permitimos elevar el déficit al 2,8%, tres décimas por encima del año anterior y casi rozando el 3% permitido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y a pesar de que las partidas presupuestadas en 2019, con un marcado interés electoralista, suponían el mayor aumento de gasto publico desde 2010, al elevarse el gasto en un 5,1%, nos desviamos de la cifra presupuestada. Esta desviación, entre otras causas, se produjo por un alza de gastos destinados a sufragar prestaciones sociales (viernes sociales), y aumentos de remuneraciones a empleados públicos. Incluso la AIReF señala que la política fiscal en 2019 adquirió un tono expansivo y que el déficit estructural se amplió del -1,7% del PIB potencial en 2018 al -2,3% en 2019, frente al esfuerzo requerido por la UE de rebajar 0,65 puntos porcentuales.
Aguardan tiempos difíciles
Nuestras fianzas públicas no solo tendrán que sufragar un mayor gasto destinado a familias, trabajadores, colectivos vulnerables y tejido productivo, sino que las arcas verán mermados sus ingresos por la caída de la actividad empresarial y del consumo. El Gobierno estima que el PIB caiga en 2020 un 9,2%, y que el que gasto público suba hasta el 51,5% del PIB, lo que nos conduce a un aumento del déficit público adicional de 134.238 millones, equivalente al 10,34% del PIB, lo que implica el mayor déficit desde 2012 (10,7%).
Para hacer frente al duro impacto de la pandemia, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite a los Gobiernos dotarse de los recursos necesarios de manera temporal. Por supuesto que son momentos en que es necesario aumentar el gasto público para mitigar el duro impacto en la economía, pero resulta de extrema importancia, una vez que los efectos de la crisis se disipen, elaborar un plan de ajuste que vuelva a la ortodoxia y al rigor presupuestario junto con un programa de reformas estructurales que permita aumentar el potencial de crecimiento español.
Es vital que determinadas partidas de gasto no se conviertan en estructurales. Si analizamos algunas partidas del Presupuesto de 2020, se aprecia que por segundo año consecutivo la remuneración de asalariados sube en un 6,09% en función del II Acuerdo para la mejora del empleo público, incluyendo también la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos. Los consumos intermedios crecen un 8,64% manteniéndose previsto el gasto para las elecciones autonómicas. Pero serán las prestaciones sociales la rúbrica que registrará mayor alzan (17,06%), marcada por las pensiones.
El mayor problema llegará en 2021, de ahí la importancia de tener el plan de equilibrio, como pide AIReF. Tenemos la suerte de pertenecer a la UE y estar protegidos por el Banco Central Europeo que nos permiten financiar el gasto. Pero llegará el momento que deberemos hacer frente a nuestros compromisos sin dañar nuestro Estado del Bienestar y sin comprometer a las generaciones venideras.
No solo deberemos aplicar cirugía presupuestaria mediante la aprobación de una serie de medidas en materia de pensiones, salarios públicos, prestaciones sociales, sino que es el momento de plantearse una autentica reducción de del tamaño del Estado, que puede pasar, desde la reducción de Ministerios y agrupación de Ayuntamientos, hasta la supresión de determinados entes y empresas públicas. Pero igual de prioritario será centrar el debate en cómo se gestiona nuestro gasto público, y si los niveles de bienestar alcanzados, se hubieran podido conseguir con un menor uso de los recursos públicos. Prueba de ello es que las economías más avanzadas, dinámicas y más resistentes son aquellas que van ajustando sus costes y tamaño del Estado, caracterizándose a la vez por estar realizando auténticos esfuerzos de eficiencia administrativa, eliminación de burocracia y de reducción de gastos del Estado, y más importante, si cabe, llevando a cabo una reducción de impuestos.
España 'pincha' en el tamaño del sector público
Según el Ranking de Competitividad Mundial elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) que aborda la competitividad de los países participantes a partir de cuatro áreas: Resultados Económicos, Eficiencia del Sector Público, Eficiencia Empresarial e Infraestructuras, España no sale bien parada en cuanto a la eficiencia del Sector Publico, al alcanzar la posición número 40 entre un total de 63 economías con una puntuación de 55.9 sobre 100. Por ello, el futuro exige corregir el desequilibrio para fortalecer nuestra economía.
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