El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado con dos votos discrepantes, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 3/2023, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que limita las viviendas de uso turístico (VUT) en Cataluña. La resolución, que no se plantea cuestiones de impacto, sino de forma, puede ser un arma peligrosa en manos de los políticos ensimismados en un error histórico que persigue la eliminación de este tipo de alojamientos en el horizonte de 2028 en el caso del Ayuntamiento de Barcelona.

Economista y miembro del Consejo Editorial de 'elEconomista.es'