Madrid
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado con dos votos discrepantes, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 3/2023, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que limita las viviendas de uso turístico (VUT) en Cataluña. La resolución, que no se plantea cuestiones de impacto, sino de forma, puede ser un arma peligrosa en manos de los políticos ensimismados en un error histórico que persigue la eliminación de este tipo de alojamientos en el horizonte de 2028 en el caso del Ayuntamiento de Barcelona.
Hay que recordar que el recurrido Decreto-ley se autorizó como medida de urgencia sin la deliberación parlamentaria adecuada, ni con un análisis profundo del impacto socioeconómico de la norma, por lo que la resolución del TC supone un autentico espaldarazo a esta manera de actuar. Sería conveniente armonizar la gran disparidad normativa en materia de viviendas turísticas producida por la proliferación de normativas restrictivas autonómicas y locales, y que no tienen reflejo en otras capitales europeas.
La normativa refrendada establece el otorgamiento del número de licencias de pisos turísticos en función de los habitantes y no del número total de viviendas, lo que sin lugar a duda genera distorsiones en localidades con un alto porcentaje de segundas residencias. Como tampoco ha tenido en cuenta las recomendaciones de la CNMC, que cuestiona claramente el establecimiento de un tope máximo de viviendas turísticas en función del numero de habitantes sin tener en cuenta las características de los municipios afectados ya que, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Supremo, este tipo de medidas requieren un especial esfuerzo de motivación en términos de proporcionalidad y de adecuación. Tal es el caso de municipios como Salou, Lloret de Mar o Cambrils, que tienen una población censada relativamente baja en comparación con el parque de viviendas existentes debido a que muchas de las propiedades pertenecen a personas que residen en otras localidades la mayor parte del año, por lo que su uso turístico no afecta de forma relevante al acceso a la vivienda permanente en estos municipios. Pues bien con el criterio refrendado, se impide que muchas de estas viviendas sean alquiladas a turistas. Lo que sin lugar a duda impacta en la actividad económica local y disminuirá su competitividad frente a otros destinos nacionales e internacionales con regulaciones más flexibles. Piense el lector que la actividad turística en estos municipios no solo beneficia a los propietarios de los pisos turísticos, sino que también sostiene una gran cantidad de negocios locales: restaurantes, bares, comercios, servicios de transporte, agencias de actividades, entre otros.
Los pisos turísticos no deberían ser vistos como un problema sino como una parte crucial de un modelo mas inclusivo y sostenible que beneficia tanto a la economía local como a los ciudadanos. Contribuyen a una utilización más racional de los espacios urbanos, ya que, a diferencia de otras formas de alojamiento turístico, pueden ser habitados con carácter habitual por los residentes y arrendados a los viajeros en los momentos de mayor demanda. Además, las viviendas turísticas aportan riqueza a los ciudadanos, contribuyen a recuperar barrios tradicionalmente degradados y tienen un efecto positivo de arrastre sobre el comercio local y sobre la economía en su conjunto. Pero por el contrario, se les demoniza acusándolas de la congestión turística, de ruidos en los barrios, incluso de efectos sobre el medio ambiente cuando en realidad estos efectos son consustanciales al conjunto de la actividad turística y precisan de un enfoque regulatorio global sobre el sector.
Justifican que con su restricción o eliminación, desaparecerá la presión sobre los precios de la vivienda, cuando no se cuenta con evidencia empírica robusta que respalde su magnitud. Según el INE, las Viviendas de Uso Turístico (VUT) representan solo el 1,4% del total de viviendas en España y hospedan a 2 de cada diez turistas mientras que los hoteles acaparan mas del 80% de la demanda turística. El INE también señala que hay 3,8 millones de viviendas vacías, es decir que por cada vivienda turística hay 10 viviendas vacías.
Pensar que con una regulación restrictiva de licencias de viviendas de usos turístico o con su desaparición, se va a solucionar el problema de la saturación del Turismo es erróneo. Según un reciente informe de EY, España verá la construcción de más de 800 nuevos hoteles en los próximos dos años, concentrando la mayor parte de esta expansión en áreas urbanas y turísticas, lo que demuestra que el problema no es la saturación de turistas sino la falta de un modelo equilibrado propio del siglo XXI. Como tampoco se solucionará el problema de la vivienda que, a día de hoy, sigue sin visos de solución. Cataluña, por ejemplo después de que se acogiera a la Ley de Vivienda ha perdido ya un 26% de su oferta de alquiler como zona tensionada y mientras tanto los precios siguen subiendo.
Quienes sí se verán perjudicados son los usuarios, muchas veces familias de rentas medias a las que les gusta este tipo de alojamiento pero que no podrán optar. Como también se verán afectados los municipios a los que se les aplica esta regulación restrictiva que tendrán que afrontar no solo una merma de ingresos, cierre de negocios y perdidas de empleo sino un encarecimiento de los hoteles por escasez de alojamientos, etc. Competimos con destinos como Portugal, Italia o Grecia, donde la oferta de pisos turísticos es parte fundamental del modelo turístico. Reducir excesivamente la oferta desviará la demanda hacia otras regiones o países, perjudicando a la industria turística catalana. De acuerdo con las estimaciones de PwC, la eliminación de los pisos turísticos supone la desaparición de un sector que representa el 1,9% del PIB catalán (1.928 millones de euros anuales).
En definitiva, si una ciudad quiere abrirse al mundo tiene que convivir con todo el ecosistema del turismo y adaptarse a las nuevas realidades. La expansión de las viviendas turísticas se ha producido al hilo de la popularización de las plataformas digitales y ha supuesto una verdadera revolución en el mercado del alojamiento turístico. Como todos los cambios derivados del proceso de digitalización de la economía, ha generado beneficios para los usuarios, para los ciudadanos y para la economía de las ciudades, pero también ha generado inconvenientes para los modelos de negocio preexistentes que tarde o temprano deberán adaptarse a la nueva realidad.
