La 'Ley Celaá' fulmina la libertad, el mérito y la formación de los jóvenes

Sin libertad ni igualdad. Así ha sido la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de la reforma educativa, la Lomloe, para que pase a tramitarse en el Senado, antes de su aprobación definitiva. La norma, la más polémica hasta el momento -ha tenido el apoyo de 177 votos-, y que cuenta con el no rotundo de la mayoría de la comunidad educativa y de la oposición, elimina el castellano como lengua vehicular, limita la educación concertada y la libertad de elección de centro por parte de los padres, devalúa la asignatura de Religión y permite la promoción de curso con suspensos.

Sin tener que echar mano de los varapalos que los informes Pisa dan a la educación en España, o de las altas tasas de paro juvenil del país, desde una visión económica, este último punto no es baladí, ya que en sí, rehúye del mérito académico, y por tanto acarrea consecuencias negativas en el desarrollo formativo de los jóvenes, en una sociedad global y competitiva donde son necesarios los mejores perfiles profesionales, máxime tras una crisis como la que estamos viviendo.

Sin apoyo técnico

En esta ley son numerosas las medidas que se han aprobado sin contar con el apoyo de ningún sector educativo. Una de ellas es la repetición, convertida ahora en un hecho excepcional. De esta forma, los escolares de Secundaria pueden pasar de curso sin límite de suspensos, lo que afecta directamente al degradado estado de la educación estatal. Se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspendidas y, como mucho, se podrá repetir en dos ocasiones a lo largo de la educación obligatoria. La ley destinada a sustituir a la Lomce habilitará a las autonomías para que sean estas las que determinen con cuantos suspensos se podrá superar el curso u obtener el título de ESO o de bachillerato.

A pesar de que en un primer momento parece que los estudiantes disponen de la máxima protección por parte del Ejecutivo, la consecuencia directa deriva en todo lo contrario. Los alumnos de hoy son los jóvenes de mañana que van a contribuir a ampliar el porcentaje del paro juvenil, uno de los mayores problemas con los que cuenta España. En este sentido, lo que toda comunidad educativa defiende es que la formación es una partida fundamental para evitar el desempleo juvenil y que tanto el Gobierno como el Parlamento deben trabajar por y para la excelencia educativa en todas las etapas. La Lomloe no defiende una formación básica y de excelencia, es más, desecha cualquier oportunidad de ampliar el talento entre los estudiantes y hace que el empleo juvenil no disponga de la calidad suficiente para poder avanzar e incorporar nuevas tecnologías y desarrollos en la sociedad.

Otra de las medidas que han sembrado la polémica es la relacionada con la educación concertada. Esta medida aumenta las restricciones hacia esta formación, ya que contempla que los centros no podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito. Pero, lo que hizo estallar a esta comunidad fue la importancia que se le da a la cercanía del domicilio de residencia: se convierte en casi el único criterio para la admisión de los alumnos en centros educativos.

Proyecto "intervencionista"

Esta semana, representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman organizaciones de la enseñanza concertada, registraron escritos dirigidos a la presidenta del Congreso y a los grupos parlamentarios solicitando la paralización de la Lomloe. Desde la asociación afirman que se trata de un proyecto "fuertemente intervencionista" que promueve "la restricción de derechos y libertades ciudadanas". Se quejan principalmente de que se deben mantener los aspectos fundamentales en la organización y planificación del sistema educativo que son: pluralidad educativa y libertad de elección de las familias del tipo de centro.

La segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos público también se ha analizado con lupa. El Gobierno acordó prohibir que en la educación concertada se segreguen alumnos por sexo. Esta modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos colegios que incumplan con ello.

Unido al golpe que recibió la concertada, todo el sistema educativo se quedó en vilo ante la eliminación del castellano como lengua vehicular. A partir de ahora, son las autonomías las que deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía. No obstante, al finalizar la educación básica todos los estudiantes deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y en el de la lengua cooficial correspondiente.

Sin educación especial

Como si no existiera. Así ha decidido el Ejecutivo tratar a la educación especial, proponiendo el cierre de los centros que atienden a niños con discapacidades físicas o psíquicas, privarles de recursos, de docentes especializados y derivarlos a colegios ordinarios. Este traslado, en muchos casos, no tendrá en cuenta la opinión de los padres, de los propios niños o del personal que los atiende.

La Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También ha pedido en numerosas ocasiones que se retire esta medida que abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de educación especial. Además, no se prevé ningún incremento del gasto en los centros ordinarios para permitir que estos alumnos se adapten de la mejor forma posible.

Falta de diálogo, de negociación, bajo nivel educativo o las prisas para aprobar una Ley que no se adapta al entorno actual, son algunas de las críticas que sindicatos como ANPE, Concapa o CSIF han achacado estos días al Ejecutivo. Para muchas organizaciones la forma de llevar a cabo esta tramitación pierde el verdadero objetivo, ya que incumple el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a negociación colectiva se refiere.

Las reacciones a nivel político no tardaron en aparecer cuando fueron públicas las medidas que la Lomloe quería llevar a cabo. PP, Vox y Cs fueron las fuerzas políticas más críticas con la nueva norma. El líder del PP, Pablo Casado, no solo se ha reunido en numerosas ocasiones con colectivos de la concertada para mostrar su apoyo, también ha abierto una campaña de recogida de firmas para conseguir apoyos que sirvan de base al recurso que el partido va a presentar contra la norma en el Tribunal Constitucional.

La Comunidad de Madrid se plantea recurrir la ley Celaá al Constitucional y al Contencioso Administrativo