Desde un punto económico y social, la pandemia aceleró radicalmente la manera en que las personas y las empresas interactuaban hasta el momento, y gracias a la tecnología y a la implantación del teletrabajo, muchos colectivos no vieron afectado su modus vivendi, al no sufrir una caída significativa de su fuente de ingresos. Tampoco se vieron muy afectados aquellos colectivo dependientes del Estado, tal fue el caso de los funcionarios y de los pensionistas. También se salvaron moderadamente los trabajadores que pudieron compensar su inactividad mediante los ERTE. Sin embargo, otro tipo de colectivos, sí vio reducidos sus ingresos de una manera muy significativa, me estoy refiriendo al colectivo con rentas mas bajas que quedó en una situación de pobreza o exclusión social. Así, en el periodo 2019/2020, según un estudio de Funcas, el porcentaje de personas en situación de privación material severa aumentó en España desde el 4,7% de 2019 (2,189 millones) al 7% de la población en 2020, (3,259 millones), lo que supone mas de un millón de personas. El incremento rompió con la tendencia a la baja de esta lacra social desde el máximo del 7,1% alcanzado en 2014.
Cierto es que en esta ocasión y a diferencia de la anterior recesión, 2008-2013, a pesar de la severa caída de PIB (10,8%), las políticas públicas de respuesta a la crisis fueron determinantes al orientarse hacia el mantenimiento del empleo y a garantizar la protección social de las personas. Pero mas cierto es la determinación y ejemplaridad con la que actuaron muchas empresas de servicios esenciales en un contexto pandémico y post pandémico. Demostraron con creces ser aliadas decisivas en la defensa del interés general al contribuir a superar la crisis manteniendo su actividad habitual y aumentando la protección social de su entorno. Como muestra, Agbar y en concreto el de la empresa del grupo Aigües de Barcelona, recientemente reconocida por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) por su compromiso con las personas y familias con problemas económicos Y es que según el estudio llevado a acabo por OSUR en colaboración con CARITAS sobre 34 ciudades española entre las que se incluyen las 30 mas pobladas, esta compañía destaca por ser la que mayor cobertura social dio a sus usuarios frente a otros operadores, 3,67% versus 0,8%, de media, lo que la convierte en operador de referencia en la garantía del derecho publico al agua de los usuarios en situación de vulnerabilidad. En este sentido, según el informe de OSUR, no solo las compañías no produjeron cortes de agua por motivos de insolvencia económica, sino que no era necesario acreditar la incapacidad económica para evitar el corte del suministro, hecho que sin lugar a duda, a medio plazo no es sostenible económicamente, además de que impide una valoración rigurosa de las necesidades reales de cobertura social.
Lo cierto es que Aigües de Barcelona ya desarrolló esta cultura de protección social en la crisis de 2008. Así lo apuntó Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, en su intervención: "A mi no me extraña este reconocimiento porque en 2008, cuando empezaron a aparecer muchos casos de insolvencia a causa de la crisis, fui testigo de cómo desde el propio Consejo de Administración, tanto Ángel Simón como Isidro Fainé, no se preguntaban sí había que hacer algo, sino como hacerlo, como dar cobertura a todas aquellas familias que sobrevenidamente pasaron a tener graves problemas económicos".
Vivimos tiempos convulsos, llenos de grandes perturbaciones, y a la crisis pandémica, se le ha unido la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Son momentos en los que Administraciones Públicas, empresas y organizaciones tienen que buscar soluciones conjuntas para dar respuesta al contexto económico actual de alta inflación y subida de los costes y los precios. Piense el lector que en el caso del recibo del agua, por poner un ejemplo, el 77,2% del importe del mismo en el caso de la ciudad de Barcelona son tasas e impuestos. Así; desde el año 2015, estos han aumentado un 83% mientras que el suministro de agua propiamente dicho ha ascendido un 4,2%.
La prevención de la emergencia climática supondrá en cualquier caso un aumento generalizado de costes. Por lo que resulta necesario articular nuevas estrategias e inversiones en la gestión de los servicios públicos que garantice su sostenibilidad y el acceso a los mismos de los ciudadanos en situación económica de precariedad.
