Muchas son las voces que reclaman una gestión eficiente y transparente de los Fondos Europeos. Cierto, nos jugamos mucho. Somos el país que tiene más ayudas adjudicadas. Tenemos a nuestra disposición, entre otros, un paquete de miles de millones de euros para la reconstrucción tras la crisis provocada por la pandemia y para la transformación de nuestra economía en los próximos seis años. Sin embargo, por muchos cantos de sirena que se lancen para no caer en errores del pasado, nuestro país tiene que aplicarse y borrar de un plumazo el mal desempeño en la gestión de los Fondos Europeos, según apuntó con preocupación la propia Comisión Europea. Y es que a finales del 2021, sólo se habían certificado el 33% de las ayudas y seleccionado apenas el 72% de los proyectos. El propio Tribunal de Cuentas europeo nos daba palo y zanahoria al señalar que los gastos con cargo al presupuesto de 2019 contenían demasiados errores aunque al final el tribunal acabara aceptando las cuentas. Aun y así, el Presidente, Klaus-Heiner Lehne, remachaba : "Necesitamos normas más claras y sencillas para las finanzas europeas. También hacen falta controles efectivos sobre la manera en que se gasta el dinero y sobre si se logran los resultados perseguidos".
Control, transparencia y responsabilidad contable. Y si eso es difícil en relación al estado se vuelve titánico si hablamos de nuestras 17 autonomías. Sobre todo cuando se tropieza con en ese ramillete de empresas publicas, o semipúblicas, que manejan un porcentaje significativo del presupuesto de la comunidad autónoma y que suelen estar gestionadas por ex diputados, ex concejales, ex alcaldes, y un largo etc de no profesionales. Y es a estas empresas, a las que hay que prestar mucha atención, porque con demasiada frecuencia ya sea por dejación, por incompetencia, o por intereses inconfesables, distorsionan el mercado de forma dramática a la hora de licitar adjudicaciones y concursos públicos.
Una de esas empresas de las que no paran de llegar malas noticias y a la que estoy monitorizando, es la empresa pública de la Xunta de Galicia para la gestión y tratamiento de residuos, SOGAMA. La lista de irregularidades es larga. La última que me llega causa como mínimo perplejidad. Se trata de la licitación de un contrato para una planta incineradora en Galicia, concretamente en Cereceda. El precio ronda los 256 millones de euros y la duración de 10 años. Determinado grupo parlamentario ya ha señalado ante el Parlamento Gallego que todo parece indicar que se está ante un proceso de contratación "cocinado" para beneficiar a un grupo empresarial que controla en régimen de cuasi monopolio, mas del 90% de las operaciones del complejo de Cereceda, siendo el actual adjudicatario de la planta de incineración, y que gestiona también, a través de un entramado de empresas, otras plantas.
Para mas inri, la empresa pública SOGAMA, lanzó la licitación del concurso durante el mes de agosto dando solo el plazo de un mes para la presentación de las ofertas. La licitación de marras, ya echaba para atrás por su complejidad y dificultad para poder acceder a toda la información y documentación objeto del concurso en esas condiciones. Pero es que además, existieron dudas sobre los criterios de evaluación, que premiaban básicamente estar ya presente en la planta y continuar tal cual, sin fomentar la presentación de mejoras necesarias como por ejemplo alcanzar mayores niveles en materia de recuperación y reciclaje de materiales, o utilizar tecnologías menos contaminantes que la incineración.
La empresa licitadora tenia claro el objetivo; quemar la máxima cantidad de residuos. Lo que ocurre es que blindar durante 10 años un sistema obsoleto, caro, centralizado y contaminante, no solo va contra la Directiva Europea de Residuos, sino que incluso contradice la legislación estatal y autonómica. Concretamente, el Plan de Gestión de Residuos de Galicia, establece la obligación de recogida selectiva y tratamiento de los bioresiduos, que constituyen más de la mitad de los residuos urbanos. O lo que es lo mismo y en román paladino, esta empresa pública actúa en contra de la legislación emanada de u propio Parlamento sin alinearse con los objetivos normativos de reducción, valorización y reciclaje de residuos, y los principios de economía circular. Y por si fuera poco promueve la ausencia de competencia (¿cómo puede ser que siempre gane el mismo?) y la consiguiente destrucción del mercado.
En definitiva, ni control, ni transparencia, ni responsabilidad contable.
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