Las hipotecas inversas vuelven a estar sobre la mesa como solución para completar la pensión de los mayores seis años después de que la banca española dejara de comercializarlas. El Banco de España instó el pasado 3 de abril a utilizar este producto como una opción para volver "líquido" el patrimonio inmobiliario de las personas más longevas.
En España, el requisito que se exigen para recibir el 100% de la pensión de jubilación es haber cotizado al menos durante 35 años y medio, de los cuales, a partir del ejercicio 2022 y sucesivos, se tomarán los últimos 25 años cotizados para elaborar el cálculo de la pensión.
El Gobierno de Abe afronta una reforma de las pensiones para alargar la edad de jubilación lo máximo posible en una población con predisposición cultural al sacrificio laboral. Sin embargo, las medidas ya adoptadas para estimular el retraso del retiro no están teniendo buena acogida. Las empresas tienen que afrontar el reto de contratar a trabajadores veteranos en un entorno competitivo y de alta productividad.
El sector de los planes de pensiones cuenta con varios frentes abiertos en el horizonte que frenan su expansión y sitúan a nuestro país como uno de los que menor cobertura en términos de ahorro privado para jubilación tienen en el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, avanzar en las exenciones fiscales a las aportaciones a instrumentos financieros de previsión social complementaria es la principal demanda del sector de cara a la formación de nuevo Gobierno y a la estructuración de la hoja de ruta sobre esta materia.
El sistema público de pensiones atraviesa una coyuntura financiera de alta tensión, y las aseguradoras, conscientes de la situación de incertidumbre que esto genera entre la población, redoblan sus esfuerzos en términos de oferta de productos de previsión complementaria que impulsen el ahorro privado entre los ciudadanos. Todo ello, sobre la convicción apoyada por los expertos en la materia de que la prestación del Estado para la jubilación será insuficiente para mantener el poder adquisitivo en el retiro laboral.
España es un país de inversores conservadores, y más cuando se trata de ahorrar a largo plazo de cara a la jubilación. Pero el mercado no lo puso fácil el año pasado, en general, y menos a este tipo de ahorradores, en particular. Según los últimos datos publicados por Inverco, a cierre de marzo, el 71% de los partícipes que hay en planes de pensiones del sistema individual se concentra en aquellos que asumen menos riesgo (léase en los de deuda, tanto a corto como a largo plazo; en los mixtos de renta fija, y en los garantizados). El inconveniente es que todos ellos pierden dinero, de media, en el último año.
Los trabajadores autónomos cobran una media de 683,50 euros de pensión -incluyendo jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares-, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social y recogidos por la unión de autónomos Uatae. Mientras, en el caso de los trabajadores del régimen general, la media se eleva hasta los 1.088,08 euros, lo que fija una diferencia entre ambos colectivos de 404,58 euros.
Todos los expertos en la materia ya cuentan con que la jubilación de las personas de la generación del baby-boom tensionará sobremanera las cuentas de la Seguridad Social, que se verá obligada a afrontar el pago de unas pensiones de más cuantía, debido a la mayor generación de derechos por cotizaciones de salarios más elevados, y durante un mayor periodo de tiempo por el alargamiento constante de la esperanza de vida. En plena campaña, el responsable económico de La Moncloa, ha propuesto la creación de un impuesto especial, que va más allá de las propuestas que lleva el partido socialista en el programa electoral.
La brecha salarial genera a su vez un desequilibrio en la pensión que cobran los hombres y las mujeres. En términos anuales, una mujer recibe 5.799,08 euros menos que un hombre de media a lo largo de su esperanza de vida desde la jubilación (22 años). Para salvar esta brecha, si persisten los problemas de discontinuidad de las carreras de cotización o la parcialidad en los contratos, una mujer tendría que ahorrar entre 473 euros y 1.564 euros anuales en función de su perfil de riesgo a lo largo de su vida laboral.
El debate de las pensiones permanece vigente sobre tres ejes: suficiencia, equidad entre generaciones y sostenibilidad financiera. Y precisamente sobre este último aspecto se vislumbraron algunas previsiones poco halagüeñas a tenor de las proyecciones demográficas y de la actual configuración de los factores paramétricos que determinan la cuantía del gasto en pensiones a clases pasivas. En este sentido, el investigador asociado de Fedea y profesor colaborador de Economía Aplicada de la URJC, Miguel Ángel García, explica que ante una vinculación perpetua de las pensiones al avance de la inflación, y ante una revalorización media anual del 1,6%, el gasto extraordinario se traduciría en un coste de 1.500 euros al año para cada español.
Después de varias semanas de anuncios, el Gobierno presentó finalmente, tras el Consejo de Ministros, la Agenda del Cambio, que es, ni más ni menos, que una recopilación de los planes a largo plazo que tiene el Ejecutivo hasta 2030. A pesar de que muchas apuestas son ya conocidas, como el plan de empleo joven o la actualización de la política fiscal, entre las líneas clave del Gobierno destaca la intención de poner en marcha la mochila austríaca para el sistema de pensiones español en 2020.
Los nacidos en España entre 1960 y 1975, que actualmente tienen entre 43 y 60 años, se enfrentan a un gran reto. Ante un posible escenario de un ajuste a la baja de las pensiones públicas y la falta de ahorro acumulado, los conocidos como baby boomers podrían sufrir un empobrecimiento en su nivel de vida en el momento de la jubilación pero si han invertido en una vivienda podrían tener asegurado su nivel de vida.
La propuesta de cuentas nocionales para reformar las pensiones surge como fórmula mágica para garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué diferencia tiene con el modelo actual? ¿Cómo afectará a las futuras pensiones? El Banco de España defiende que aportaría transparencia, predictabilidad y contributividad. Pero algunas simulaciones apuntan que las futuras pensiones iniciales podrían ser de entre un 65% y un 85% de la pensión actual.
Tres son los frentes sobre los que deberán trabajar este Gobierno y los sucesivos, durante la decisiva próxima década, para garantizar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones español: la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, el avance de los salarios para elevar la recaudación por cotizaciones y la compensación de los desequilibrios demográficos previstos, derivados de una pirámide de población envejecida, el aumento de la esperanza de vida, y la jubilación de la generación del baby-boom, que ejercerá una presión adicional.
La Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 9.535,5 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 7,08% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Del total de pensiones, más de la mitad, 6.000.191, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,98% respecto a enero de 2018.
Quito, 17 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo hoy que su Gobierno cubrirá el 95 por ciento de la deuda pendiente con los jubilados del país con la futura entrega de 13,5 millones de dólares provenientes de la lucha contra la corrupción.
En pleno debate en el Pacto de Toledo sobre la reforma del sistema de pensiones, y con el la Seguridad Social esquivando tensiones financieras a cuenta de la subida de las pagas, el FMI arroja en un informe dos líneas maestras que podrían cerrar la sangría entre ingresos y gastos del Sistema.
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
Buenos Aires, 13 ene (EFE).- La primera selección femenina de fútbol de Argentina en jugar un Mundial (México, 1971) lleva toda una vida apartada de las portadas de los medios de comunicación. Ya jubiladas, muchas han hecho de este deporte su vida a pesar de no tener el reconocimiento que les corresponde.
En Valle de Chalco, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa de Pensiones para Adultos Mayores, e informó que también los pensionados que antes estaban impedidos de ser beneficiarios, también podrán gozar de este apoyo.
Un artículo del Banco de España sobre las proyecciones de población estima que los varones españoles vivirán poco más de 84 años y las mujeres casi 90 para el año 2048, momento en que la edad de jubilación efectiva habrá aumentado hasta los 65,5 años de llevarse a cabo el planteamiento del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El Gobierno ha acogido con expeditiva proactividad el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibilidad de las pensiones, en el que el organismo recomienda vidas laborales más largas.
"Que todo lo que hagamos sea legal, publicable y moralmente aceptable para la sociedad". Estas palabras fueron pronunciadas hace exactamente tres semanas por el todavía presidente ejecutivo de BBVA, Francisco González (FG), en un acto interno de despedida del banco tras dos decenios en el cargo. Hacía referencia a uno de los tres pilares que, a su juicio, la entidad había implantado hace más de veinte años en su forma de actuar.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se ha mostrado a favor de retrasar la edad efectiva de jubilación, pero en contra de alargar la edad legal. Esta medida está en línea con la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En la actualidad, los españoles se jubilan a los 62,4 años pese a que la edad obligatoria está en los 65,8 años, un mínimo que irá aumentando progresivamente hasta los 67 años en 2027.
La edad media de jubilación en España en 2017 fue de 64,2 años en España, frente a los 64,1 años de 2016. Antes de la crisis económica, la media era de 63,57 años (dato de 2007).
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado una serie de medidas para acabar con el déficit estructural de la Seguridad Social, que cifra entre el 1,3% y 1,5% del PIB, y lograr una mayor sostebilidad del sistema a largo plazo. Entre las medidas clave se encuentran la ampliación de los años de cotización para el cálculo de la pensión, acercar la edad de jubilación efectiva a la edad legal, traspasar gastos no contributivos del sistema al Estado y aumentar del tipo de cotización por contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo).
