Tres son los frentes sobre los que deberán trabajar este Gobierno y los sucesivos, durante la decisiva próxima década, para garantizar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones español: la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, el avance de los salarios para elevar la recaudación por cotizaciones y la compensación de los desequilibrios demográficos previstos, derivados de una pirámide de población envejecida, el aumento de la esperanza de vida, y la jubilación de la generación del baby-boom, que ejercerá una presión adicional.
Recientemente, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, evidenció que la próxima década es clave para afrontar los retos de la Seguridad Social. Dio por un lado una sólida esperanza -el Sistema sí tiene arreglo-, pero acotó la estabilidad solo "para los próximos 10 años", lo que obliga a adoptar medidas a corto, medio y largo plazo.
En este sentido apuntó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al emitir su Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social. El organismo detecta un déficit estructural, independiente del ciclo, de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB (entre 15.000 y 18.000 millones anuales). Por ello, invita a adoptar con urgencia reformas encaminadas a rebajar ese suelo de 15.000 millones de números rojos, y su principal recomendación es abogar por reformas pactadas, ya que las impuestas, como la de 2013, acaban quedándose en papel mojado por su impopularidad.
La reforma de 2013 introdujo un mecanismo de actualización de las pensiones con el IRP, que propició exiguas subidas del 0,25%, y una merma en las nuevas pensiones iniciales marcada por un coeficiente llamado factor de sostenibilidad. Esa norma ha caído en desuso y en 2018 se operó un cambio para que las pensiones se revaloricen al 1,6% y se actualicen a posteriori al IPC definitivo, por encima del 0,25% que se aplicaba en base al IRP desde 2014. El Banco de España señala que esta medida supondría un aumento del gasto de unos 2.500 millones en 2018 y de unos 5.300 millones en 2019.
Con estas medidas en punto muerto, AIReF aboga por ahondar en las líneas de la anterior reforma, la de 2011, encaminada a retrasar la edad de retiro y a computar más años de vida laboral para la pensión. En un reciente encuentro con periodistas especializados, Granado manifestó su coincidencia con AIReF en este punto y recalcó que su Ministerio aboga -como adelantó elEconomista Pensiones en diciembre- por medidas que retrasen la edad efectiva de jubilación, sin tocar la edad legal -actualmente 65 años y ocho meses, en virtud del aumento paulatino marcado por la normativa para que ésta se sitúe en los 67 años en 2027-. Esas acciones se basarán en incentivos a la permanencia en el mercado laboral, así como penalizaciones y recargos de cotización en las jubilaciones anticipadas.
Otro de los mantras que rodean al análisis de la maltrecha situación del Sistema son las condiciones del mercado de trabajo, que pese a haber recuperado los niveles de afiliación de 2007 mantiene la atonía salarial. Ya en la presentación de las cifras de desempleo y afiliación de 2018, Granado explicaba que la evolución del empleo no es suficiente para reducir la tensión financiera del Sistema, ya que "los salarios siguen siendo bajos". El alza salarial es una variable directamente relacionada con las ganancias de productividad, asignatura en la que pincha la economía española. Por ello, los expertos demandan políticas encaminadas a elevarla y generar mayores cotizaciones y, por ende, superiores ingresos para la Seguridad Social.
En cualquier caso, el Ejecutivo estudia fórmulas para propiciar esa nivelación entre ingresos y gastos, que pasan por trabajar más, de modo que los años de vida laboral guarden una relación más proporcionada con la superior esperanza de vida, situada, en media, en los 83 años. La medida más inmediata es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, ya que tras elevarse la segunda se ha producido el efecto contrario del deseado: una anticipación de los retiros. La voluntad del Gobierno es llevar gradualmente la edad real de retiro, actualmente inferior a los 63 años, hasta los 65,5 años en 2048, momento en que las cuentas llevarán 20 años soportando las jubilaciones de la numerosa generación del baby boom.
