Estamos abocados a trabajar más años si queremos sostener las pensiones. Es la conclusión sumaria que se desprende de los diagnósticos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que hoy ha presentado su 'Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social'. El organismo cuenta con una habilitación legal para emitir tal dictamen cuando detecta un desajuste estructural en el Sistema, como así ha sido.
Según los cálculos de la Autoridad, la Seguridad Social ya incurre en un déficit de carácter estructural de entre el 1,3 y el 1,5% del PIB; esto es, un desajuste entre gastos e ingresos perdurable e independiente de la evolución del ciclo y el empleo, amplificado por factores demográficos como la baja natalidad, el envejecimiento de la pirámide poblacional y la mayor longevidad.
El hecho de que se enquisten los 'números rojos' de la Seguridad Social de forma perenne en el entorno de los 13.000-16.000 millones, lleva a AIReF a proponer el traslado de este desajuste a la Administración Central, al entender que ésta cuenta con más variadas y efectivas "palancas de gestión" para combatirlo, aunque no apuesta por ninguna de ellas (subidas fiscales, rebajas de gasto) y deja al arbitrio de los distintos Ejecutivos la estrategia para enjugar ese desajuste.
El fin del IRP
Asume también implícitamente AIReF el adiós al IRP, el impopular índice de revalorización de las pensiones nacido de la reforma de 2013 y que contuvo el aumento de éstas en el 0,25% anual. Dicho índice fue condenado a desaparecer en abril de este año, tras el acuerdo del PP y el PNV para salvar los Presupuestos de 2018 en virtud del cual se volvió a la actualización de las pensiones en función de la inflación.
Ello presiona al alza el gasto en pensiones de tal modo que AIReF aboga por aferrarse a la reforma de 2011 para embridar las cuentas públicas. Dicha reforma apostó por la demora de la edad de jubilación y la ampliación del número de años de vida laboral computables para acceder a la pensión. Unas reformas llamadas paramétricas que cobran mayor sentido aún con el aumento de la esperanza de vida, que subirá al entorno de los 87 años.
Dicha reforma diseñó para España una demora gradual de retiro para elevarla de los 65 a los 67 años. En 2019, la edad legal de jubilación se sitúa ya en los 65 años y ocho meses, aunque el hándicap está en la edad efectiva, ya que muchos contribuyentes optan por adelantarla. De hecho, en nuestro país la edad real de retiro son los 62,4 años, por debajo de los 64,3 de promedio en la OCDE.
Los cálculos individuales sobre la pensión que se recibirá, la incertidumbre sobre futuras reformas o el temor a una inminente entrada en vigor del factor de sostenibilidad, diseñado para bajar el importe de la paga inicial, propiciaron una divergencia entre la edad legal y la edad real de retiro, hasta conseguir el efecto contrario del pretendido, siendo España la única gran potencia del euro donde este promedio cae tras las reformas. aíses OCDE (64,3 años),
Los números calculados por el modelo de AIReF son elocuentes. El gasto anual en pensiones, del 10,6% del PIB (125.000 millones) en 2018 repuntará al 13,4% (158.000 millones) en 2048 si las pagas se revalorizan con el IPC y ello no se compensa con ninguna actuación alternativa.
Según AIReF, introducir las llamadas 'reformas paramétricas' de 2011 (retraso de la jubilación y cómputo de toda la vida laboral) reduciría a un máximo del 12,6% en 2048 esa partida (a 149.000 millones de euros). Se trata de grandes cifras difíciles de encajar mentalmente con un alza de 17 euros al mes en la pensión media (el impacto de subirlas para que mantengan el poder adquisitivo), pero si se mide en términos de deuda pública la visión es demoledora: en 30 años, España incrementaría su deuda pública en más de medio billón de euros, la mitad de la producción del país en un año.
En ausencia de reformas paramétricas que compensen el abandono del IRP, según cálculos del organismo, la deuda subiría un 48,7%, frente a una horquilla del 16,8-26,5% en caso de aplicar mecanismos que alarguen la vida laboral.
¿Sobra dinero para desempleo?
En el profuso análisis de la autoridad fiscal, destaca la recomendación de reequilibrar la composición de la cotización de forma que, sin que ésta suba, se destine menos al SEPE (Servicios Públicos de Empleo Estatal) y más a financiar las pensiones, algo lógico, según los expertos consultados por elEconomista, en esta fase del ciclo, donde hace más falta apuntalar el pago de las jubilaciones, ante una evolución del empleo más favorable que durante la crisis. Con esta medida, el Estado asumiría esa pérdida de recaudación para el SEPE, que supone unos 10.400 millones.
Por otra parte, AIReF contempla que en la revalorización de las pensiones se pueden introducir más elementos que el índice de precios, tales como la evolución del PIB o los ingresos.
