El Gobierno ha acogido con expeditiva proactividad el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibilidad de las pensiones, en el que el organismo recomienda vidas laborales más largas.
En virtud de ello, Trabajo aboga por propiciar un gradual retraso de la edad efectiva de jubilación, de modo que ésta se eleve en un año, hasta los 65,5 años en 2048. Así pues, como adelantó la revista elEconomista Pensiones, el Ejecutivo estudia vías para alargar la vida laboral sin tocar la edad legal de jubilación.
La edad efectiva de retiro difiere de la legal, ya que muchos cotizantes planifican una salida anticipada del mercado de trabajo. De hecho, España es la única potencia del euro en que la edad efectiva de jubilación está cayendo (ver gráfico). Acortar la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de retiro es crucial para mejorar la sostenibilidad de la Seguridad Social. La edad efectiva de jubilación en España se sitúa por debajo de los 63 años, cuando la edad legal ya son 65 años y 8 meses, en virtud del aumento paulatino marcado por la normativa para que ésta se sitúe en los 67 años en 2027.
Así pues, el Gobierno estudiará medidas para alentar esa más tardía retirada del mercado de trabajo, tales como incentivos a la permanencia en activo o penalizaciones para la retirada anticipada.
El Gobierno de Pedro Sánchez aplaude el reciente diagnóstico de AIReF sobre la reforma de 2011 -la que promovió el retraso del retiro y el aumento de los años laborales computables para la pensión-. Para el organismo, esa modificación normativa fue un acierto, en detrimento de la de 2013, que creó un exiguo índice de revalorización de las pensiones condenado a su inaplicación por su impopularidad y por los acuerdos políticos que han resucitado el IPC como índice de actualización de las pensiones.
Así pues, Trabajo se dispone ahora a estudiar y avanzar en las líneas marcadas por AIReF como más urgentes, tales como la asunción por parte de la Administración Central de partidas antes computadas en la casilla de la Seguridad Social.
Además, el Ejecutivo reitera su apuesta por la mano de obra extranjera como vía para mejorar la sostenibilidad de las pensiones y destierra los argumentos negativos sobre la inmigración, dado su potencial para nivelar las cuentas de la Seguridad Social.
Por otra parte, el Gobierno asume que ha de ser estudiado un elenco de medidas para mejorar la salud de las cuentas de la Seguridad Social antes de que se comiencen las jubilaciones de la generación del baby-boom, allá por 2023, en consonancia con la visión de AIReF y el consenso de los expertos en pensiones.
