El sector de los planes de pensiones cuenta con varios frentes abiertos en el horizonte que frenan su expansión y sitúan a nuestro país como uno de los que menor cobertura en términos de ahorro privado para jubilación tienen en el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, avanzar en las exenciones fiscales a las aportaciones a instrumentos financieros de previsión social complementaria es la principal demanda del sector de cara a la formación de nuevo Gobierno y a la estructuración de la hoja de ruta sobre esta materia.
Así se puso de manifiesto durante el XXXII Curso de Economía para Periodistas de Información Económica 2019 celebrada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) sobre Planes de pensiones privados. ¿Por qué no despegan en España? donde se puso de manifiesto que principalmente existen cuatro frenos a la expansión de negocio de los seguros de ahorro a largo plazo: la "mejorable" fiscalidad de las aportaciones y rescate del dinero, la rentabilidad de los productos y las aún elevadas comisiones de gestión en comparación con el resto de países de la UE, así como la escasa cultura financiera de la sociedad.
En este sentido, parece que los expertos y propios implicados en el negocio de los planes de ahorro individual coinciden en la necesaria mejora del marco regulador para impulsar la contratación de planes.
"Los planes de pensiones no despegan porque es un sistema que está capado. Las aportaciones están bonificadas solo hasta los 8.000 euros. Si no hubiera limitación crecería más rápido", señalaba el senior financial editor en Morningstar, Fernando Luque, aduciendo un primer freno a la expansión del sector en la limitación de las exenciones. En este sentido, y en relación a un posible pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos que pudiera laminar la estructura de bonificaciones para el ahorro tal y como pide en su programa electoral la formación de Pablo Iglesias, asegura Luque que "si te cargas la ventaja fiscal de un producto financiero, te cargas el producto", si bien considera improbable que una vez indiciadas las pensiones al IPC haya margen para dar marcha atrás sobre el marco en planes de pensiones.
Así, la ventaja fiscal es el motor básico para que el sector progrese ya que es la fiscalidad lo que "impulsa a los ahorradores a aportar dinero a un instrumento, y esta ahora es muy deficiente", señala Luque añadiendo la baja rentabilidad y los elevados costes de gestión como el tridente disuasorio de las inversiones de ahorradores españoles.
Sobre este aspecto, el director de Inversiones de Fondos de Pensiones de VidaCaixa, Eduardo Martínez Aragón, señala que se necesitan políticas para converger en los niveles de previsión individual de los países de la UE.
España tiene el 9% del PIB en capital de fondos de pensión contra el 50% de media de la UE
"El español ahorra distinto que en otros países, no lo hace pensando en la jubilación" señala Martínez Aragón sobre el hecho de que buena parte de las inversiones de los españoles se efectúan en viviendas, lo que implica un bien inmovilizado, y que favorece una coyuntura donde el patrimonio en fondos en España no son más del 9% del PIB, mientras que en la UE la media supera el 50%.
Por ello, el sector asegurador reclama más incentivos y menor carga fiscal para el contribuyente en aras de una mayor disponibilidad de capital para la previsión. "Los impuesto sobre patrimonio y sucesiones también invitan a no ahorrar", apuntó el profesor del Departamento de Dirección Financiera de IESE Business School, Pablo Fernández, quien asegura que los planes no despegan en España "por falta de concienciación", algo en lo que achaca parte de la responsabilidad a la cobertura realizada por parte de los medios de comunicación sobre esta materia.
Un vía para 'ganar' ahorradores
En este sentido, los expertos presentes en la jornada celebrada en la sede del Banco Santander del Paseo de la Castellana en Madrid, atisbaron en la apuesta por los planes de pensiones de empresa una buena vía para ganara ahorradores al sistema de previsión individual y en el medio o largo plazo garantizar la sostenibilidad de las pensiones apoyadas en este segundo pilar de jubilación.
"Si se hace obligatorio promover un fondo de pensiones de empleo como en el modelo de Reino Unido, en un sistema cuasi obligatorio, podría ser una solución para el problema de las pensiones", puso encima de la mesa el el director de Inversiones de Fondos de Pensiones de VidaCaixa recordando que en Reino Unido a partir de este año se aporta un 8% del salario, si bien el grado de abandono del sistema es muy bajo, tal y como recoge en su úlitmo número la Revista Pensiones de elEconomista.
En este sentido, aclara Martínez Aragón que la clave de que fructifique este tipo de ahorro "es el promotor", y no tanto el nivel de los salarios. "Uno de los motores del sector de las pensiones en España es ser más homogéneo con la UE y que los planes de empleo tengan más peso en el futuro", sentenció.
"Definir la tasa de sustitución"
Durante el transcurso de esta misma jornada, el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, advirtió sobre la necesidad de tomar prontas medidas que equilibren las cuentas de la Seguridad Social, más si cabe teniendo en cuenta el horizonte demográfico de la sociedad española.
"Hay que definir la tasa de sustitución que podemos permitirnos" para los próximos años, señaló en relación a la elevada generosidad del sistema español sobre la última renta del trabajo percibida en comparación con el resto de países del entorno comunitario. Cabe recordar que según los datos de la Comisión Europea recogidos en el Ageing Report de 2010 que la tasa de sustitución caerá en nuestro país al 49% para el año 2050 -actualmente se encuentra en torno al 82%-, estimado en base al impacto de las reformas aún vigentes del 2011 y el 2013.
"Entre 2023 y 2040 será difícil tomar decisiones. Cuanto más aumente la edad de la población, más complicado será reformar el Sistema", apuntó Martínez-Aldama sobre otra de las cuestiones que apareja el envejecimiento de la población: la complejidad de los Gobierno de legislar sobre una área que afecta directamente a la renta de los casi nueve millones de pensionistas, por el coste electoral que acarrería la toma de dichas decisiones.
