Periodista especializada en Banca y Finanzas.

La 'Ley Rider' ya está en vigor. Ayer jueves se cumplía el plazo de tres meses que Gobierno y patronales se habían dado para que las empresas laboralizasen a sus repartidores, gesto que apenas se ha producido en un pequeño porcentaje de casos. Las plataformas de envíos a domicilio han optado por la creatividad y han anunciado en las últimas semanas sus propios modelos de negocio que, en opinión de los expertos, no siempre cumplen con las obligaciones que exige la norma y que abrirían paso a una nueva batalla legal.

El contrato de limpieza de Madrid ya tiene nuevos dueños. Urbaser, la empresa que la china Tianying vendió al fondo americano Platinum por 3.450 millones hace unos meses, se ha alzado con dos de los seis lotes del 'megacontrato' valorado en más de 1.500 millones de euros. En concreto, la compañía ha conseguido un tercio de la cuantía total, unos 500 millones en contratos para los próximos seis años a través de los lotes 3 y 5.

CAF sigue diversificando su negocio y ha decidido colaborar con el denominado hyperloop español que está desarrollando Zeleros en Valencia. La compañía participará en el proyecto a través de colaboraciones técnicas, en un gesto por estar a la vanguardia de las novedades del mundo del transporte y la movilidad, como ya hiciera con tecnologías como el hidrógeno.

Ouigo, la filial española de bajo coste de SNCF, prepara su desembarco en la vía que une Madrid con el Levante. La compañía de origen francés aumentará su plantilla para llegar a destinos como Valencia, incluidos en los acuerdos marco firmados con Adif hace más de un año, antes de que termine este ejercicio.

Mañana termina el plazo que el Gobierno dio a plataformas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart para adaptar sus modelos de negocio a la 'Ley Rider'. Pero la norma que regulará el empleo de los repartidores no está consiguiendo que las compañías traspasen a los falsos autónomos a personal contratado como se esperaba. Hasta ahora, y a apenas un día de que entre en vigor la norma, solo Just Eat ha anunciado que llevará a cabo la contratación de los mismos, una pequeña parte del total de los más de 30.000 que operaban en España, y que se sumarán a los apenas 2.000 que laboralizará Glovo.

Golpe a la asistencia en carretera de las aseguradoras con plataformas que prestan este servicio. Una demanda presentada contra la filial de este negocio de Allianz y contra la compañía Pelayo a la que ha tenido acceso elEconomista y ha adelantado La Información, hace que se tambaleen los cimientos de un sector tradicionalmente estable. En ella, se denuncian dos hechos diferentes: por un lado, el descreme del mercado con la creación de la empresa Neoasistencia y, por otro, la adopción de condiciones verticales que generan pérdidas para las empresas que trabajan con las aseguradoras y por las que se reclaman casi 2 millones de euros en concepto de lucro cesante más intereses.

Bolt desembarcó el pasado mes de julio en Madrid para competir contra Uber y Cabify y ser el punto de partida de esta pata del negocio en España. Ahora, apenas un mes después y tras haber roto el mercado con sus bajas comisiones, Daniel Georges, director de Taxi y VTC de la compañía estonia, habla con elEconomista sobre el inicio de las operaciones y sus planes a corto y medio plazo.

Agosto, vacaciones y parálisis administrativa. La clásica escena que se repite año a año con la llegada del periodo estival es este ejercicio un quebradero de cabeza para muchas de las empresas que solicitaron al fondo de rescate para compañías estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que meses después no han recibido respuesta. Una cuarentena de empresas solicitaron ayuda por valor de unos 4.500 millones de euros y la mayor parte de ellas siguen sin resolverse.

La autorización del Gobierno a IFM para la operación de Naturgy sirvió la semana pasada para darle un empujón a las acciones de la compañía pese a las condiciones impuestas. El fondo ha aceptado las normas que regirán este movimiento y podrá tomar hasta un 22,6% del capital de la compañía que encabeza Francisco Reynés. Pero el actual primer accionista de la energética, Criteria Caixa, no piensa claudicar y, ante los plazos que todavía se están por delante para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dé su visto bueno, seguirá aumentando sus posiciones con la mirada puesta en el 29,9% del capital, el porcentaje máximo para evitar tener que lanzar una opa.

Hace apenas tres días que la Comisión Bilateral entre Cataluña y el Gobierno central tuvo como resultado el desbloqueo de una inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat. Desde entonces, lo que parecía un triunfo de la Generalitat se ha convertido en una nueva brecha en el Ejecutivo central, entre los socios de Gobierno de Cataluña y entre empresarios y política local. La ampliación debería hacerse sobre uno de los espacios naturales más protegidos de la región, la Laguna de la Ricarda, algo que no ha tardado en generar suspicacias y enquistar el proyecto.