La pandemia del coronavirus Covid-19 ha impulsado las inspecciones de la Agencia Tributaria (Aeat) por la vía telemática tras modificar la normativa para permitir comparecencias digitales ante la Inspección de los Tributos. La Agencia Tributaria reconoce que esta nueva gestión ha funcionado muy bien y en su Plan Anual de Control Tributario recoge la posibilidad de seguir usando esta herramienta para "acercar" la oficina tributaria a los contribuyentes.
El Gabinete económico de Moncloa prepara nuevas medidas para aliviar la asfixia financiera que atraviesan muchas empresas y autónomos del tejido productivo español a causa de la pandemia, pero en su estrategia -pilotada por el Ministerio de Economía y el resto de carteras económicas- descarta las ayudas directas que sí dan otros socios europeos, como Italia o Alemania, las cuales Moncloa deja en manos de las autonomías que quieran implantarlas. Según fuentes conocedoras de los borradores que diseña el grupo interministerial, el Gobierno apuesta por sostener a las empresas vía incentivos fiscales, bien para que la banca haga quitas en los avales del ICO -medida que disgusta al sector financiero- o diferimiento de sus plazos de pago, bien para fomentar que los arrendadores aplacen el pago de los alquileres a los negocios más afectados por las restricciones de aforo y movilidad, la medida más inmediata que lanzará el Gobierno, según las mismas fuentes.
El último melón que ha abierto el Gobierno de Pedro Sánchez es el de los inmuebles de la Iglesia Católica. El Ejecutivo ha entrado de lleno en el debate sobre las prerrogativas que ley española concede a la Institución por, entre otras, estar asentada en el país antes de que España fuera España. Sin embargo, hace ya años que se habla de los privilegios de la Iglesia.
La Giralda, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla o la Seo de Zaragoza son algunos de los inmuebles emblemáticos que forman parte del listado de bienes que la Iglesia inmatriculó entre 1998 y 2015 y cuya titularidad puede ser ahora reclamada por particulares o administraciones. En concreto, la Iglesia pudo adjudicarse en este periodo de tiempo declarando simplemente que eran de su propiedad 34.961 activos que ahora se han dado a conocer por parte del Gobierno. Este listado presentado el martes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ante el Consejo de Ministros permitirá analizar qué edificios se ha atribuido la Iglesia indebidamente.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destaca que "el cumplimiento normativo ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito dentro de su estrategia y estructuras internas". Si bien, el ministro también subraya que aún queda "un largo camino por recorrer para mejorar los mecanismos de control interno y de lucha contra el fraude en empresa y organizaciones públicas".
Siempre ha sido una tarea difícil. La complejidad del sistema tributario español hace del trabajo de los inspectores de Hacienda muchas veces una tarea titánica. Ahora contarán con una ayuda inestimable. La Agencia Tributaria comenzó hace un par de años a introducir superordenadores para el análisis masivo de datos y detectar posibles fraudes. Este año, el Plan Anual Tributario recoge un nuevo impulso a a la implantación de de estas tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial, Big Data y minería de datos.
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado de nuevo el sistema de valoración de los inmuebles que utiliza la Agencia Tributaria (Aeat) a la hora de tasarlos para el cobro de ciertos impuestos como Patrimonio o Sucesiones. El Supremo recuerda su doctrina y exige que los peritos realicen valoraciones individuales y personales de cada propiedad y tumba las tasaciones masivas de Hacienda.
Los datos del Registro Mercantil de los últimos cuatro años reflejan que Cataluña ha perdido en este tiempo un total de 7.007 empresas, que han decidido abandonar la región para instalarse en otro lugar de España. En este tiempo, la comunidad ha logrado atraer 2.509 sociedades desde otros puntos del país, lo que sitúa el saldo negativo de estos cuatro años en 4.498 empresas.
Los fiscalistas pusieron este jueves de relieve la dificultad de enmarcar la economía colaborativa en los modelos tradicionales de tributación y de IVA. Fernando Matesanz, managing director de Spanish VAT Services Asesores, destacó en el Madrid VAT Forum "los problemas cuando aludimos a un tipo de economía cuyo denominador común es que la interacción de los sujetos intervinientes se realiza a través de medios digitales, generalmente plataformas que ponen en contacto a las partes". En este sentido, explicó que se trata de un fenómeno que ha evolucionado del intercambio de bienes y servicios entre amigos o familiares a algo "claramente empresarial".
El exministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha volcado en su nuevo papel como candidato del PSC a presidir la Generalitat de Cataluña dando especial importancia a las cuestiones económicas, y su discurso, sobre el papel, está pensado para gustar al ámbito empresarial, bajo el lema de tomar medidas para que Cataluña vuelva a ser motor de España, una posición que cedió en 2019 y todavía no ha recuperado al ser superada en PIB por la Comunidad de Madrid. Pero el efecto desaparece al entrar en detalles. Al escuchar sus propuestas y leer el programa del PSC para las elecciones autonómicas del 14 de febrero, aparece una fórmula para conseguirlo que no se basa en mejorar las políticas catalanas erróneas del pasado, sino en poner trabas a las ventajas competitivas que ha impulsado Madrid.