El Grupo Popular en el Congreso registro el viernes pasado una Proposición de Ley que modifica el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal -ley 49/1960, de 21 de julio-, con el fin de permitir que las Juntas de Propietarios de las comunidades de vecinos se puedan celebrar, con igual validez, además de manera presencial, también de manera telemática y mixta.
Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente, presidenta de la Comisión del Mercado de Valores, exvicesecretaria de Economía del Partido Popular, y entre otros cargos, hoy vocal de la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, ha conversado para los lectores de elEconomista.es de dos de los puntos más candentes de la actualidad política: el INE e Indra
La intención de Economía de implantar un cálculo alternativo al PIB -esta vez de carácter diario en la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE)-, forzó la dimisión de su presidente, Juan Rodríguez Poo, según fuentes políticas y económicas consultadas por elEconomista.es. El nuevo método de cálculo profundizaría en indicadores como la recaudación, el uso de tarjetas de crédito o la productividad y ofrecería lecturas de la Contabilidad Nacional más ajustadas a la realidad actual y, por ende, más positivas.
El Partido Popular anunció este lunes una ofensiva parlamentaria para que altos cargos y funcionarios de organismos, como la Sepi, expliquen ante las Cortes si el Gobierno está decidido a controlar compañías como Indra, dedicada a la sistematización de los datos electorales, entre otros cometidos, pero en gran medida, a la defensa y a la ciberseguridad.
De no modificar el Real Decreto 12/2021 del 24 de junio de ese año, el Gobierno de Pedro Sánchez dejará mañana fuera de la rebaja del IVA de la luz, del 10% al 5%, hasta 1.600.000 millones de empresas y pymes -entre los cuales se encuentran algunas familias que en su día decidieron electrificar todo su consumo- y 25.000 industrias.
Con máximos en la prima de riesgo española, expertos consultados por elEconomista coinciden en demandar una actuación rápida por parte del Gobierno atajando el gasto público improductivo, con una reducción, para empezar, de 12.000 millones de euros -de gasto estructural-, sobre todo, "teniendo en cuenta que el Ejecutivo seguirá sin deflactar las tarifas de los impuestos, y por tanto, generando más recaudación de la debida, sostiene Javier Santacruz, economista de la Think Tank Civismo.
El nuevo decreto anti-crisis que amplía el Plan de Respuesta contra la Guerra y que se aprobará hoy, incluye una batería de medidas que pesarán sobre las cuentas públicas hasta diciembre. Las acciones, que incluyen subidas de pensiones no contributivas, la bajada del IVA en la luz y el abono de transporte, la bonificación a los carburantes y el cheque familiar de 300 euros, incrementan hasta casi 4.400 millones el gasto público destinado a paliar la inflación. En lo que respecta a los ingresos, tal y como publicó elEconomista.es, la subida de Sociedades a las eléctricas en el rango máximo que se ha barajado (10 puntos extra sobre los 25 actuales) sumaría tan sólo 370 millones de euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dicho la última palabra ni tampoco se ha cerrado en banda a subir 10 puntos el actual impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas -que hoy tributan al 25%-, en el decreto que se aprobará este sábado, en un Consejo de Ministros que tendrá carácter extraordinario.
El Gobierno de Pedro Sánchez precipitará este sábado un Consejo de Ministros de carácter extraordinario. El motivo no es otro que aprobar un nuevo decreto con el que prorrogar el plan anticrisis diseñado para combatir las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.
Los malos resultados de las elecciones andaluzas para el PSOE no han hecho mella en Pedro Sánchez. Así lo corroboró ayer Ferraz, al justificar que la dirección del Ejecutivo es sólida y hay legislatura hasta el final. Y así lo rubrican expertos consultados por elEconomista.es, subrayando que el jefe del Gobierno no hará ningún cambio significativo en materia económica, y solo adelantará elecciones generales en el caso de que las instituciones europeas e internacionales le pidan ajustes de carácter urgente.