Sánchez hipoteca 4.400 millones en su plan anticrisis sin reducir gasto

El nuevo decreto anti-crisis que amplía el Plan de Respuesta contra la Guerra y que se aprobará hoy, incluye una batería de medidas que pesarán sobre las cuentas públicas hasta diciembre. Las acciones, que incluyen subidas de pensiones no contributivas, la bajada del IVA en la luz y el abono de transporte, la bonificación a los carburantes y el cheque familiar de 300 euros, incrementan hasta casi 4.400 millones el gasto público destinado a paliar la inflación. En lo que respecta a los ingresos, tal y como publicó elEconomista.es, la subida de Sociedades a las eléctricas en el rango máximo que se ha barajado (10 puntos extra sobre los 25 actuales) sumaría tan sólo 370 millones de euros.

Cheque familiar de 300 euros

Una de las medidas que más pueden presionar el gasto, medida estrella de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, será un cheque único de 300 euros para las familias más vulnerables a los efectos de la inflación. De esta forma, el Ejecutivo tomará el ejemplo de lo que ya ha hecho Francia para proteger a las familias "más vulnerables", en palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

La familia media en España está compuesta por 2,5 personas (en 2020) y la medida beneficiaría a 1,6 millones de familias o unos 4 millones de beneficiarios. Por tanto, según los cálculos publicados por El País esta semana, esta medida supondría un coste de 1.200 millones de euros hasta final de año para las arcas públicas. Si fuera un único pago destinado a 1,6 millones familias, el gasto sería de 480 millones.

Este punto sigue en el aire y se debatirá a lo largo de este sábado, con una reunión a las 18h de la tarde entre el PSOE y Unidas Podemos, confirman fuentes cercanas a la negociación. Las demandas iniciales de la formación morada, encabezadas por Ione Belarra, fueron rechazadas y cubrirían a 19 millones de familias.

Abono de transporte y carburantes

Otra de las medidas más relevantes es la que tiene que ver con el transporte público. Si en un primer momento Unidas Podemos, a través de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, había propuesto la posibilidad de reducir el coste de los abonos del transporte público a diez euros por persona, ahora se plantea una reducción de los mismos del 50%. Es decir, el ingreso medio pasaría de 55 euros al mes, a apenas 27. Esto supondría, según cálculos hechos para elEconomista.es por actores del sector del transporte, un gasto extra que podría cuantificarse en unos 750 millones de euros anuales extra a pagar por el Estado -en este caso limado a 375 hasta diciembre- a las diferentes instituciones que gestionan este servicio en cada una de las comunidades autónomas.

Además, en lo que concierne al descuento de los combustibles, se prorrogará la medida de reducir 20 céntimos por cada litro o kilo de carburante que entró en vigor el pasado mes de marzo. Esta bonificación durante tres meses tenía un coste aproximado de unos mil millones de euros. De cara al verano, y teniendo en cuenta que durante los meses estivales los viajes aumentan, esta cuantía podría aumentar, si bien los cálculos son difusos.

Más allá de estas medidas, durante una reunión que tuvo lugar ayer entre el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera y representantes del ministerio de Transportes, el Ejecutivo se comprometió a permitir que los transportistas repercutan una parte mayor de la subida del combustible a sus clientes. Así, se acordó incrementar del 30 al 40% el peso de esta cláusula de revisión de precios de los contratos. Además, se ha comprometido a lanzar un nuevo paquete de ayudas directas que, si bien no se incluirá en el Real Decreto de este sábado, sí que debería desarrollarse durante las dos próximas semanas.

Rebaja del IVA de la luz

En el caso de la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la factura de la luz, fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda cifran entre 250 y 300 millones la resta de ingresos a causa de bajar del 10% al 5% esta tasa. Es un dato que adelantó a los periodistas la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados, a expensas de la confirmación de la cartera de Hacienda, de María Jesús Montero.

Este dato incluso se engrosaría hasta los 600 millones al sumar la prórroga de la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, en el 0,5% -el mínimo permitido en el entorno comunitario, frente al 5,1% habitual- y la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que se llevó a cabo el mes de junio de 2021.

Pensiones no contributivas

En el caso de la Seguridad Social, la partida del gasto del ministerio dirigido por José Luis Escrivá se elevará en unos 205 millones por una cesión a EH Bildu. Escrivá acordó subir un 15% las pensiones no contributivas a cambio de la abstención del grupo vasco en la votación de los nuevos planes de pensiones de empleo. Eso sí, el gasto en esta partida representa menos del 2% del gasto total del Sistema, cuya factura mensual supera los 10.000 millones mensuales.

El pacto con la formación vasca sirve para ver cómo las retribuciones públicas más bajas del sistema de pensiones mejorarán en algo más de 60 euros, de media. Así, el gasto se desgrana en un incremento a razón de 29,4 millones de euros al mes, pasando de los actuales 196,3 millones a 225,7 millones de euros.

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