El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con Raquel Sánchez a la cabeza, sigue avanzando en el nuevo mapa concesional de autobús y sientan las bases para los que serán los futuros pliegos de los 22 contratos, uno para cada uno de los corredores en los que se dividirá la península. En los mismos, tal y como confirman a elEconomista.es fuentes conocedoras de este proceso, se premiará a aquellas empresas que cuenten con vehículos de bajas o cero emisiones para su operativa.
La cartera que encabeza Raquel Sánchez se encuentra inmersa, según las mismas fuentes, en una ronda de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para debatir sobre el esquema que imperará en cada uno de los territorios. Lo que sí está claro desde el primer momento es que el Estado no financiará ninguna ruta que esté en el mapa estatal como pedía Confebus. Por el contrario, entiende que un número de conexiones que actualmente forman parte de esta estructura y no tienen cabida en la nueva deben pasar a manos de las diferentes regiones, por lo que traspasará una parte del presupuesto aún por cuantificar.
Las nuevas licitaciones se realizarán de forma individual por cada uno de los corredores y para un plazo de diez años, máximo que permite la norma de contratación del sector público. Este servicio se adjudicará en exclusiva a un operador que podrá decidir cuántas conexiones realiza dentro del mismo corredor, si bien se fijarán tarifas de forma anual y se exigirá un número de frecuencias mínimo. En cambio, más allá de este sistema concesional, el Consejo de Ministros puede determinar que en determinadas rutas haya libre competencia previa solicitud por parte de los operadores.
Entre las características principales de este esquema destacan que los puntos de parada se situarán en capitales de provincia o poblaciones principales de forma general y con facilidad de horarios y ubicaciones para la intermodalidad.
Para poner en marcha este sistema, el ministerio se da, a través de la Ley de Movilidad que está en periodo de alegaciones, un plazo de un año desde que esta norma reciba el visto bueno. A partir de entonces, habrá un nuevo plazo de dos años para adjudicar las 22 concesiones estatales, si bien el objetivo, según indican las mismas fuentes, es que este procedimiento se acelere.
Esta intención de dar un empujón al proceso tiene que ver, principalmente, con el estado actual de las concesiones. Según fuentes del ministerio de Transportes, el sistema actual, calificado de obsoleto, tiene 44 contratos caducados y siete anulados judicialmente. Además, de los 79 contratos actuales, solo 25 son rentables. Esto justifica, según fuentes de la cartera, el cambio en el mapa concesional que también apoyan desde el sector.
"Pasamos a 22 corredores desde los 77 actuales", señalaban hace unas semanas, justificando que "esto facilita el control sobre los corredores". Además, el mapa estatal también reducirá las 966 rutas con las que cuenta actualmente para llegar a 2024 con unas 510. También se reduce el número de municipios con parada y de paradas por ruta.
