Transportes

Parada obligada de las concesiones de bus en Alicante: recursos de dos patronales y Monbus

  • Los tres servicios licitados por la Generalitat están valorados en 86 millones
Un autobús interurbano.
Valencia

El procedimiento de licitación de las tres nuevas concesiones de autobús interurbano que la Generalitat Valenciana ha planteado en la provincia de Alicante ha quedado en suspenso por decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El organismo ha aceptado así las medidas cautelares que solicitaban los recursos presentados por dos patronales de transporte alicantinas, la Asociación Empresarial de Transportes de Viajeros de Alicante (Asoval) y la Federación de Transportes Interurbanos de Viajeros, además de la empresa La Requenense de Autobuses Carmen Limorte, del grupo Monbus. Una muestra del escaso entusiasmo que la reestructuración de las concesiones de líneas de autobuses interurbanos ha despertado entre el sector en Alicante, pese a que desde la Administración se había hecho hincapié en los contactos con las empresas para informarles del proceso.

Según explican fuentes de las patronales, entre los motivos por los que se han presentado estos recursos se encuentra que los datos tomados como base para calcular el coste de los servicios no están actualizados. Además esos parámetros no tienen en cuenta los efectos de la pandemia ha tenido en el transporte público, por lo que se cuestionan las condiciones económicas de los pliegos.

Las rutas

Estas tres concesiones sacadas a concurso por la Generalitat incluyen algunas de las principales rutas interurbanas de la provincia. Entre ellas se encuentra las líneas entre Valencia y Alicante-Elche, las que unen Elche con Alicante y sus municipios vecinos, y por último las líneas de las comarcas de La Marina Alta y Baja, que incluye Benidorm y sus conexiones con Alicante capital. Unas concesiones que en conjunto están valoradas en más de 86 millones de euros, según los pliegos, que fijan un periodo de 10 años de duración. Para cubrirlas se requiere en conjunto una flota mínima de 42 autobuses.

Aunque la suspensión es una medida temporal a la espera de que el Tribunal Administrativo estudie a fondo los recursos y decida sobre el fondo, de momento esta suspensión cautelar ya supone alargar los plazos de contratación. El plazo para presentar ofertas en principio expiraba el pasado 20 de enero y ahora el procedimiento está a expensas de la decisión sobre los recursos presentados.

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