Javier Fernández-Lasquetty prepara un lento abandono de su carrera política, tras casi 20 años enlazando diferentes cargos públicos. Su nombre no aparece en el nuevo esquema de consejerías que prepara la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio Lasquetty ha confirmado -en declaraciones a EsRadio- que no contará con ninguna competencia en el próximo reparto de carteras, en su lugar se mantendrá como diputado en la Asamblea de Madrid, como tránsito al sector privado. Hasta entonces, continuará en el cargo y sumará -en funciones hasta el 26 de junio- las responsabilidades que dejan Enrique Ossorio (vicepresidente y consejero de Educación) y Enrique López (consejero de Presidencia). El primero será presidente del parlamento autonómico, el segundo retorna a la carrera judicial.

Podemos da un paso hacia adelante para concurrir el próximo 23 de julio bajo el paraguas de Sumar. La formación liderada por Ione Belarra seguirá negociando para acudir a las urnas dentro de la papeleta que lidera la vicepresidera segunda, Yolanda Díaz, después de que la militancia morada decidiera por un 92,9% de los votos coaligarse. “Lo digo claramente, concurriremos a las elecciones generales con Sumar, esa decisión está tomada”, ha confirmado Belarra en una breve comparecencia en la que el acuerdo compartió protagonismo con el veto que Díaz habría impuesto sobre la actual ministra de Igualdad, Irene Montero. “Desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad”, ha confesado Ione Belarra que -a pesar de confirmar la unidad- afirmó no estar dispuesta a aceptar el término impuesto por Sumar. “Me entristece profundamente que Yolanda (Díaz), a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral (…) se construya sobre la exclusión de una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie en nuestro país”, ha apuntado Belarra.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se prepara para comenzar a gestionar los 22.500 millones en préstamos que la Comisión Europea irá enviando a España si la adenda -enviada el pasado miércoles- cuenta con todos los respaldos necesarios por parte de la instituciones comunitarias. No será una tarea fácil. El ICO y las entidades financieras deben ser quirúrgicas a la hora de conceder el crédito, especialmente a las pymes, grandes castigadas por la rigidez de los criterios para el acceso a los créditos europeos.

Los plazos juegan en contra del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, si consigue alcanzar la Moncloa tras las elecciones del 23-J. El gallego encontrará una profunda estructura de asignación de los 84.000 millones que el actual Gobierno ha comprometido dentro de la adenda al Plan de Recuperación, en poder de la Comisión Europea desde el pasado miércoles. Bruselas cuenta con un máximo de dos meses para evaluar el contenido del documento, aunque podría aplicar una prórroga "razonable", según detalla el reglamento. Ésta, sería la única oportunidad para que los de Feijóo -en caso de ser elegidos- tendrán para introducir modificaciones sustanciales que corrijan el rumbo diseñado por Sánchez.

El envío de la adenda puso en marcha el pasado miércoles los plazos el reloj para el aterrizaje de 85.000 millones de euros en créditos a España. Calviño optó por afianzar la financiación europea, sorteando el vacío ejecutivo que las elecciones del 23-J dejarán a su paso. El documento -que debe contar con el aval de Bruselas antes de los dos próximos meses- comprometen la acción política del Ejecutivo que resulte de las urnas, sin embargo -y en caso de que se produzca un cambio de color en la Moncloa- la Comisión Europea será flexible con los tiempos, pero estudiará con lupa los posibles cambios estructurales que introduzca un hipotético Gobierno liderado por Núñez Feijóo. El popular se ha mostrado especialmente crítico durante los últimos meses con la estrategia que Sánchez plasmó en parte del Plan de Recuperación acordado con von der Leyen, por lo que se presume que -si cuenta con los apoyos necesarios- introducirá varias modificaciones al anexo que descansa en los despachos comunitarios desde el pasado 7 de junio.