Alberto Núñez Feijóo no revertirá el gravamen temporal a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas si gana las elecciones del 23 de julio, sino que esperará al resultado de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) para tomar una decisión. El anticipo electoral no precipita un cambio en la estrategia fiscal de los populares, que optarán mantener la postura defendida desde la oposición. "Hay visos de inconstitucionalidad y que todo lo que se ha cobrado habrá que devolverlo", apuntan fuentes de Génova con respecto al impuesto que grava a la entidades financieras cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. La táctica será distinta en el caso del gravamen a las compañías energéticas. Si el líder popular accede a La Moncloa se limitará a adaptarlo a la normativa europea, que apunta a los beneficios extraordinarios y no a la cifra de negocio, como estipula la ley aprobada el pasado diciembre en el Senado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompe el calendario y adelanta las elecciones generales al próximo 23 de julio. Lo hace después de asumir la derrota del PSOE ayer en los comicios autonómicos y municipales, en los que el PP le arrebató cuatro feudos socialistas, se alzó con la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y La Rioja, y sumó más de 1,7 millones de votos con respecto a 2019. "Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta. Muchos presidentes con gestiones impecables han dejado de serlo. Todo esto aconseja una clarificación de los españoles sobre las fuerzas políticas que deben liderar esta fase. Lo mejor es que los españoles tomen la palabra para definir el rumbo político del país", ha dicho el jefe del Ejecutivo minutos antes de revelar la celebración del Consejo de Ministros extraordinario -que tendrá lugar esta tarde- en el que se firmará el decreto por el que se convoca la cita con las urnas.

Las elecciones municipales y autonómicas dejan un contundente vuelco político en España. El PSOE pierde en las urnas por casi de 760.000 votos, ante un PP al alza, que gana 1.798.244 papeletas en cuatro años, prácticamente los mismo que obtuvo Ciudadanos en la pasada cita con las urnas. Los de Pedro Sánchez se dejan 489.269 votos, con respecto a 2019, y pierden la presidencia de la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura y La Rioja, en favor del Partido Popular, aunque en buena parte de ellas los de Alberto Núñez Feijóo necesitará de los escaños de Vox para gobernar.

Los barrios del Sur de Madrid se convierten en la trinchera que podría decantar el signo del futuro Gobierno de la ciudad. Hasta allí han llevado la campaña los candidatos, unos para conquistar el apoyo de sus vecinos, otros -Almeida- para sostener el sillón que ocupa desde 2019. El alcalde no ha dejado de defender su gestión a mandobles de las críticas de sus oponentes y de parte de los madrileños que viven en la zona sur de la capital. Una de las protestas gira en torno a la tala de 242 árboles en Madrid Río, una medida que el popular autorizó. No es el único frente de Almeida en el sur, la privatización del servicio de recogida de basuras ha levantado ampollas por el estado de las calles. En su programa, el PP promete levantar un gran desarrollo urbanístico gemelo de Madrid Nuevo Norte, su idea es conectar los parques de Tierno Galván, Lineal del Manzanares y el de Entrevías.

La pugna por hacerse con el cetro castellanomanchego ha mirado al electorado moderado que opta por la estabilidad. Es la principal ventaja con la que cuenta el presidente y candidato del PSOE, Emiliano García-Page, que busca su tercer mandato ondeando la mesura política. Su apuesta es clara, mantendrá congelados los impuestos y promete bonificaciones fiscales para las rentas medias y bajas. Además, parece decidido a terminar con las colas y esperas a las puertas de la administración desarrollando una sede electrónica que facilite el pago de impuestos.