Madrid
El Gobierno aprobó ayer la ampliación del Plan de Recuperación (adenda) que incluye 84.000 millones en préstamos respaldados por el programa europeo Next Generation, 7.700 millones en transferencias y 2.200 millones del mecanismo REPowerEU. Más allá de esas cifras, hay novedades en los programas a los que se destinarán dichos recursos. En especial la nueva línea ICO (con colaboración de la banca privada) vinculada a la promoción de vivienda social en alquiler, que movilizará 4.000 millones. Dichos créditos se sujetarán a un tipo de interés del 4%.
Las fuentes del sector bancario consultadas por elEconomista aseguran que ese porcentaje "está cerrado al 100%", e incluso será la referencia para el resto de los créditos contenidos en la adenda, más allá del inmobiliario. El número se deriva del 3% que marca el tipo de interés de la deuda europea a 30 años. Los 100 puntos básicos restantes se relacionan con la prima de riesgo que se adjudica a España.
Con respecto al resto de los créditos que componen la adenda, especialmente los destinados a pymes, desde el Ministerio de Economía insisten en que todavía es pronto para establecer cifras concretas. "El coste no está cerrado y puede ser diferente en momentos distintos, según las condiciones de mercado", apuntan.
El departamento que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, reparte roles. Dejará en manos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades bancarias la gestión de 22.500 millones que se dedicarán a desplegar líneas de financiación a emprendedores, empresas y proyectos verdes. Es aquí donde se incluyen los 1.000 millones para modernizar el sector turístico, anunciados hace días. El sistema diseñado por Economía forma una cadena, por la que el Tesoro financiará al ICO y éste a los bancos, aprovechando las condiciones de financiación de las que dispone el Ejecutivo comunitario, 35 puntos básicos por debajo del actual coste del endeudamiento español.
Además, los préstamos servirán para crear dos fondos. Uno de 4.000 millones para impulsar las startups tecnológicas, y otro de 1.500 millones para potencial el sector audiovisual español y financiar las producciones nacionales.
Los créditos servirán también para reforzar los fondos estructurales ya existentes. Crea un colchón de seguridad de 3.000 millones en el mecanismo Red, "para dar credibilidad a los empresarios y empleados en caso de un revés económico", apuntan desde Economía; apuntalan el mecanismo del ingreso mínimo vital con otros 2.530 millones, y despliega otros 2.250 millones que servirán para promover incentivos fiscales para hogares y empresas que rehabilitar vivienda.
El Gobierno da entrada al BEI
Por otro, el Ejecutivo confía al Banco Europeo de Inversiones (BEI) los 20.000 millones dedicados al Fondo de Inversiones Sostenibles para la Comunidades Autónomas. La institución comunitaria deberá gestionar casi una cuarta parte del total y decidirá sobre la viabilidad financiera de los planes que los gobiernos autonómicos presenten para conseguir su financiación. De esta manera, el BEI será el encargado de repartir los fondos entre las regiones españolas aplicando un criterio estrictamente financiero. El nuevo rol del BEI se produce en pleno proceso de relevo en su presidencia. El mandato del alemán, Werner Hoyer, caducará en los próximos meses, dando paso a un sucesor. Un cargo al que podría postularse la propia ministra de Asuntos Económicos, en caso de que el Sánchez no consiga repetir al frente de la Moncloa.
Además, la adenda movilizará una parte muy importante de la financiación a apuntalar los Perte que incluye el Plan de Recuperación. Destinará 10.300 millones procedentes de transferencias y otros 18.000 millones de préstamos a reforzar los 12 proyectos estratégicos en vigor, con especial atención al Perte Chip -que recibirá 12.000 millones- y el dedicado al despliegue de energías renovables (ERHA), que recibirá casi 5.500 millones adicionales y para el de Digitalización del Ciclo del Agua con más de 3.000 millones.
Por último, el texto incluye 18 reformas que completarán a las ya acometidas en materia energética o corrección de la distorsión observada entre la oferta y demanda en el mercado laboral.
