El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se prepara para comenzar a gestionar los 22.500 millones en préstamos que la Comisión Europea irá enviando a España si la adenda -enviada el pasado miércoles- cuenta con todos los respaldos necesarios por parte de la instituciones comunitarias. No será una tarea fácil. El ICO y las entidades financieras deben ser quirúrgicas a la hora de conceder el crédito, especialmente a las pymes, grandes castigadas por la rigidez de los criterios para el acceso a los créditos europeos.
Para solventarlo, el Gobierno ha incluido mecanismos en la actualización del Plan de Recuperación. "Se están buscando formulas para flexibilizar los criterios solicitados para las pymes", afirma Paloma Baena, directora Senior de European Affairs en LLYC. En concreto, el documento completo de la adenda promete 914 millones de euros para "reavalar o reafianzar operaciones de aval o garantía financiera, comercial y técnica de las Sociedades de Garantía Recíproca a favor de las pymes". Para ello utilizará la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), la sociedad adscrita al Ministerio de Industria que utiliza los Sistemas de Garantía para cubrir parte de las dificultades de acceso a la financiación a las que las pequeñas empresas suelen enfrentarse. En concreto, el mecanismo hace un reparto de riesgos entre entidades de crédito, sociedades de garantía y fondos públicos.
Sin embargo, el control de los riesgos será vital. La línea de financiación destinada a grandes, medianas y pequeñas empresas podría poner en peligro el déficit público en caso de que un buen número de sociedades no fuera capaz de devolver lo prestado. Llegado el caso, la cantidad impagada añadiría presión, descompensando el equilibrio de las cuentas y poniendo el peligro el cumplimiento de las reglas fiscales, que en 2024 ya estaría activas
Es por ello, por lo se adivina que las entidades encargadas de gestionar estas línea de financiación, el ICO y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), aplicarán fuertes controles de solvencia para minimizar problemas. Sin embargo, cuanto mayores sean los diques, menor será el número de empresas que puedan tener acceso a los préstamos, ya que las pymes no cuentan con la misma solvencia y liquidez que las grandes compañías. Una discriminación que ya se ha producido durante los primeros años de rodaje de los fondos europeos en España, en la que buena parte de las sociedades medianas y pequeñas se quedaron fuera de varias de las convocatorias por no poder cumplir con los avales y plazos de morosidad exigidos.
Mayor flexibilidad
El Sistema de Garantías no es el único instrumento con el que el Ejecutivo evitará que los criterios marginen a las pymes. También plantea dotar de una mayor flexibilidad a la normativa de justificación de subvenciones financiadas con cargo al plan, ampliando el plazo para subsanar y permitiendo introducir aclaraciones. De esta manera, el Gobierno busca impedir que los errores no subsanados en la justificación den lugar a la obligación de reembolso de los fondos. Según apunta el Gobierno, esta medida estaría especialmente pensada para las pymes y los autónomos.
Por último, el texto desarrollará una simplificación de la tramitación administrativa, dada la enorme complejidad burocrática a la que se enfrentaban muchas pequeñas y medianas empresas a la hora de concursar en las convocatorias de los Next Generation.
El BEI será más estricto
Menos flexible se prevén los criterios de solvencia exigidos por el BEI, el organismo encargado de gestionar los 20.000 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica, al que podrán acceder los gobiernos regionales. El documento de la adenda detalla que esta línea de financiación "estará sujeta al respeto estricto de los criterios de sostenibilidad fiscal".
El departamento que dirige Nadia Calviño recuerda que los préstamos percibidos suponen un aumento del endeudamiento de las Administraciones Públicas, "y por tanto su uso debe dirigirse a financiar inversiones seleccionadas y con un perfil adecuado de riesgo y de rentabilidad económica y social", apunta el documento.
El fondo, que permitirá el acceso de las autonomías a las condiciones de financiación de la CE, priorizará proyectos. Aquellos destinados a desplegar inversiones de vivienda social y asequible y regeneración urbana; a impulsar el transporte sostenible, fomentar la competitividad industrial y de las pymes o aquellos dedicados a potenciar la investigación, el desarrollo e la innovación. La adenda no se olvida de uno de los pilares de la economía española. Reserva un hueco en la lista de prioridades del BEI para proyectos que procuren el turismo sostenible, vital en la recuperación del PIB hasta los niveles prepandemia.
